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Módulo de Cultura Tributaria INTRODUCCIÓN
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Módulo de Cultura Tributaria INTRODUCCIÓN
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ÍNDICE
PALABRAS PRELIMINARES 4
I. EL ROL DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 5
Un cambio de paradigma 5
La Educación Tributaria como estrategia 7
Los NAF: un compromiso con la Educación Superior 8
II. LOS VALORES Y LA CULTURA TRIBUTARIA 11
Democracia y ciudadanía 13
Ciudadanía y evasión 14
III. REFLEXIONES FINALES 17
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 18
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PALABRAS PRELIMINARES
Al elegir una carrera se ponen en juego numerosas razones. Algunos siguen una tradición familiar o analizan el futuro desde una perspectiva económica, y otros eligen como resultado de su vocación. Algunas veces elegir una carrera es solo una opción de subsistencia y otras, es un verdadero camino hacia la construcción de un proyecto de vida.
En este sentido, cumplir con la formación de un verdadero profesional, resulta un desafío que involucra no solo al ámbito educativo sino a toda la sociedad, incluidas las Administraciones Tributarias, en la búsqueda de una articulación entre educación y trabajo.
Así, desde diferentes instituciones, el país logra cubrir las necesidades sociales (salud, justicia, economía, educación, infraestructura, transporte y comunicaciones, entre otros) a través del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.
Los Núcleos de Asistencia Fiscal, conocidos como NAF, son una iniciativa de
responsabilidad social universitaria, apoyada desde las administraciones tributarias. Esta
estrategia fue ideada en 2008 por la Administración Tributaria de Brasil, la Receita
Federal y, a partir de 2013, se extendió a varios países de Latinoamérica.
En este contexto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), comprometida
con su rol social, se propone formar parte de esta Red latinoamericana, generar un
vínculo con los futuros profesionales de Ciencias Económicas y propiciar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias de la ciudadanía.
Además de transmitir a los estudiantes aspectos relacionados con la ética profesional,
resulta importante abordar el sentido social de los impuestos y el servicio a la comunidad
como parte integrante de la formación.
De esta manera, la Universidad se constituye en un espacio intermedio entre la AFIP y la
comunidad.
El objetivo de esta estrategia es formar a los estudiantes de Ciencias Económicas y
carreras afines para que asesoren de manera gratuita a personas de bajos recursos sobre
cuestiones fiscales básicas.
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I. EL ROL DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS
Las administraciones tributarias (AT) han perfeccionando en los últimos años sus
acciones con vistas a la recaudación de los recursos que posibiliten la provisión de bienes
y servicios públicos, al tiempo de favorecer la integración y el bienestar de la sociedad.
Durante las últimas décadas, en América Latina los ingresos tributarios han aumentado
considerablemente. Entre los aspectos que contribuyeron podemos nombrar las
condiciones macroeconómicas favorables, los cambios en los diseños de los sistemas
tributarios y el fortalecimiento de las AT.
En este contexto, la cultura tributaria es un factor clave para la promoción de la cohesión
social. Las políticas públicas orientadas a reducir las brechas y desigualdades sociales
requieren de los recursos del Estado a través de sus distintas fuentes de financiamiento.
Una visión ampliada acerca del rol actual de las Administraciones Tributarias está
obligada a superar una perspectiva meramente recaudatoria y destacar su importancia
como organismos públicos que brindan un servicio a la comunidad y posibilitan una mayor
inclusión social.
Un cambio de paradigma
La mayoría de las AT de América Latina impulsaron la reforma de sus estructuras
funcionales, la readecuación de los procesos de trabajo, la profesionalización y el
crecimiento de las dotaciones de personal. Simultáneamente, promovieron una sostenida
inversión en tecnología para el procesamiento, almacenamiento y control de múltiples
operaciones. Además, se multiplicaron los acuerdos de cooperación en materia aduanera
y fiscal, tanto en el plano internacional como local, a través de convenios con las agencias
de los distintos niveles de gobierno.
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Las trasformaciones llevadas a cabo estuvieron orientadas por un cambio en el paradigma
que había sostenido el funcionamiento de las AT hasta fines del siglo pasado. Así fue que
la lucha contra el fraude fiscal pasó a constituir uno de sus objetivos centrales. Sin
embargo, en términos de recaudación, los ingresos provenientes de estas actuaciones
representaron una muy pequeña porción del total. Esto motivó a las AT a que no
solamente concentraran esfuerzos en dotar de mayor eficacia a sus acciones de
detección y control, sino también a que desarrollaran estrategias dirigidas a facilitar el
cumplimento voluntario de las obligaciones fiscales.
Entendemos que no solo son las variables socioeconómicas (edad, género, estudios,
religión, nivel de ingresos), e institucionales (el desempeño del Estado en la provisión de
bienes y servicios públicos, la confianza en las autoridades) las que inciden en el
cumplimiento fiscal, sino también el nivel de equidad en la distribución del ingreso, el
reparto de la carga tributaria y la percepción de justicia en la sanción a los evasores, entre
otros factores.
Así, el cumplimiento fiscal constituye un fenómeno complejo que no puede reducirse a la
existencia de una norma o la consecuencia de la mera acción coercitiva del Estado. En
este sentido, el nivel de cumplimiento está asociado al grado de desarrollo de la cultura
tributaria en la cual se encuentran insertos los ciudadanos.
En toda América Latina la evasión representa hoy un problema cuyas consecuencias no
solo repercuten en el contexto económico general y en las políticas públicas en particular,
sino que incluso se encuentra legitimada debido a la permisividad social respecto del
fraude (Díaz Rivillas, Lindenberg Baltazar, 2013). En cierta forma, el incumplimiento ya no
es visto como un comportamiento excepcional, disminuyendo así la responsabilidad de
contribuir y el compromiso hacia lo público y en consecuencia, hacia el resto de la
sociedad. Este fenómeno acentúa la escisión entre ciudadanía política y ciudadanía fiscal,
a la vez que dificulta institucionalizar el carácter recíproco entre los derechos y las
obligaciones del Estado y de los ciudadanos.
Las AT latinoamericanas implementaron diversas estrategias para incrementar los niveles
de cumplimiento voluntario. Con ese fin definieron dos líneas de acción, simultáneas y
complementarias:
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• Reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal procurando una adecuada y
oportuna intervención de los servicios de fiscalización y control.
• Favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales a través de la
simplificación de los procesos.
En ambos casos, quedó en evidencia que la relación entre la administración y los
ciudadanos no podía sustentarse en una mutua desconfianza. De potencial incumplidor, el
ciudadano pasó a ser un aliado clave para alcanzar los objetivos institucionales. De
priorizar la política de la coerción, las administraciones pasaron a ofrecer un trato de
respeto y cooperación con los ciudadanos, bajo un modelo de organización que asume
proactivamente un rol de servicio a la comunidad.
La incorporación de herramientas informáticas constituyó un paso importante que sirvió
para extender y aplicar el sistema sobre información fiscal a la inmensa mayoría de la
población, con bajos costos de gestión, tanto para la administración como para los
ciudadanos.
Este cambio de estrategia posibilitó que las AT dedicaran mayor esfuerzo al control de los
contribuyentes incumplidores y en especial, a aquellos de mayor capacidad contributiva,
sin descuidar la necesidad de facilitar el proceso para los sectores vulnerables.
La Educación Tributaria como estrategia
En los últimos años las AT de la región impulsaron activamente el desarrollo de una
ciudadanía fiscal donde la idea de la responsabilidad de cada individuo en la financiación
solidaria de las necesidades públicas ocupó un lugar central. Consideramos importante el
entender a la fiscalidad desde una doble vertiente que incluye la recaudación de ingresos,
pero también, la necesidad de utilizarlos al servicio del bien común. Esta perspectiva hace
operativos los valores de equidad, justicia y solidaridad, en el marco de una sociedad
democrática (Valdenegro García y Delgado Lobo, 2010).
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Esta mirada sobre la fiscalidad orientó la creación de los diversos Programas de
Educación Tributaria que se implementaron en varios países del continente. Las acciones
estuvieron dirigidas a informar, sensibilizar, concientizar y promover conductas positivas
hacia la fiscalidad basadas en el sentido social de los tributos y la revalorización de lo
público. La población infantil y adolescente fue la principal destinataria del amplio conjunto
de actividades que se llevaron a cabo con ese propósito.
Al comienzo, las AT transitaron este camino en forma autónoma, y paulatinamente
establecieron alianzas con el sector educativo que permitieron sustentar los programas a
mediano y largo plazo. La inclusión de contenidos de cultura tributaria en los programas
curriculares en los distintos niveles de la enseñanza, junto con la capacitación docente,
resultaron claves para instalar el cambio en la formación de valores y actitudes propios de
la convivencia democrática.
A pesar de las dificultades iniciales y de los desafíos que planteó la propia realidad, los
programas de Educación Tributaria se consolidaron tanto dentro de sus propias
organizaciones como en distintos espacios interinstitucionales, acompañados por una
positiva valoración social.
Específicamente en nuestro país, desde 1998 el área de Educación Tributaria de la AFIP
viene desarrollando acciones con el propósito de difundir a la comunidad, y en particular,
a los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, una perspectiva que permita
visualizar la tributación como uno de los pilares fundamentales del sostenimiento del
Estado. Las estrategias puestas en marcha a nivel formal (con alumnos y docentes) y no
formal (en espacios de juego, stands en ferias regionales, revistas infantiles y
videojuegos), encuentra su fundamento en tres ejes conceptuales:
formación en valores,
construcción de la ciudadanía y,
cultura tributaria.
Los NAF: un compromiso con la Educación Superior
En sintonía con varias de las premisas que sostuvieron el crecimiento de los Programas
de Educación Tributaria, surgieron en América Latina, los Núcleos de Asistencia Fiscal
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(NAF) en distintos puntos de la región. Esta experiencia viene constituyendo una
innovadora propuesta dentro del espacio de la educación superior. Con el apoyo de las
AT y de las entidades cooperantes, en un breve lapso se sumaron más de 150
universidades públicas y privadas de Brasil, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, México y Chile.
Los NAF constituyen una iniciativa de responsabilidad social universitaria con cuatro
objetivos fundamentales:
• Proporcionar a los alumnos de Ciencias Económicas y carreras afines una vivencia
práctica sobre el asesoramiento fiscal;
• Orientar, de manera gratuita, a personas físicas y jurídicas de bajos ingresos, pequeñas
empresas, y personal de la universidad, sobre cuestiones fiscales básicas;
• Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los impuestos y reflexionar acerca
de la ética profesional y el servicio a la comunidad;
• Producir conocimiento relacionado con lo fiscal a través de grupos de estudio e
investigación.
En este contexto, los profesionales en formación serán quienes, desde los NAF, podrán
promover el cumplimiento tributario de los contribuyentes, propiciando una moral fiscal
que tenga en cuenta las necesidades públicas de la comunidad.
Si tomamos la temática fiscal como un punto de encuentro que favorece la interacción de
la universidad con la sociedad, esta estrategia se convierte en una acción de extensión
universitaria. La metodología de aprendizaje en servicio vincula a los estudiantes con
otros actores de la comunidad, en especial, con aquellos pertenecientes a sectores
sociales vulnerables. Esto promueve una ciudadanía participativa y solidaria, a la vez que
permite a los estudiantes articular los saberes adquiridos en el transcurso de su formación
académica con los saberes logrados a partir de la experiencia de una práctica concreta.
La propia dinámica fiscal lleva a que periódicamente se modifiquen los aspectos
normativos o los procedimientos que las AT aplican para el cumplimiento de las
obligaciones. En tal sentido, los NAF ofrecen a los estudiantes la oportunidad de adquirir
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saberes actualizados, vinculados directamente con el ejercicio de su profesión, y al mismo
tiempo, familiarizarse con la infraestructura tecnológica que las administraciones
implementan para facilitar el cumplimiento.
Como mediadores entre la administración y la comunidad, los estudiantes se convierten
en facilitadores y promotores del cumplimiento fiscal, al tiempo que pueden reconocer
situaciones en donde se vulneren los derechos de los ciudadanos como por ejemplo, al
informar sobre los beneficios del empleo registrado.
El acercamiento de los ciudadanos a los NAF pone de manifiesto un proceso simultáneo
por el cual los ciudadanos se informan sobre la obligatoriedad fiscal, pero también
comprenden que la formalización y el cumplimiento de sus obligaciones ofrecen nuevas
oportunidades de desarrollo, tanto personales como comunitarias. Hay que tener en
cuenta que el nivel de informalidad en el que se encuentran algunos sectores de la
sociedad no solo responde a la complejidad del sistema tributario sino también a la falta
de recursos para acceder a los servicios de un asesor contable o a la escasa experiencia
con los trámites relacionados al cumplimiento.
En este sentido, los NAF son espacios que contribuyen a potenciar la cultura tributaria y
benefician a todos los actores involucrados:
los estudiantes, porque adquieren nuevos saberes y mejoran su formación práctica
a través de experiencias directas de asesoramiento;
las universidades, porque confirman su compromiso de responsabilidad social para
con la comunidad, alentando actividades de investigación y reflexión crítica sobre
la fiscalidad;
las administraciones tributarias, porque confirman su vocación de establecer una
nueva relación con los ciudadanos, basada en la confianza y la colaboración, al
favorecer estrategias que tiendan al cumplimiento voluntario;
la comunidad, porque puede encontrar a través de la universidad un camino hacia
la formalidad basada en el compromiso social.
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De esta forma, conjuntamente la Universidad y la Administración Tributaria favorecen el
desarrollo de las capacidades para analizar críticamente la realidad y la generación de
espacios de reflexión sobre la función social del ejercicio profesional.
II. LOS VALORES Y LA CULTURA TRIBUTARIA
Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de la necesidad de desarrollar
una cultura tributaria en la población, debemos identificar algunos conceptos relacionados
con el impacto del entorno social en la adquisición de comportamientos.
La ropa que uno elige, los programas de televisión que mira y hasta las actitudes que se
tienen frente a distintas situaciones, están bajo algún tipo de influencia social.
La noción de influencia social está íntimamente vinculada a los procesos de aceptación y
resistencia respecto de las normas, es decir, a los comportamientos en virtud de las
expectativas de los demás.
Los integrantes de los distintos grupos sociales establecen y comparten normas y valores,
que regulan las formas apropiadas de conducta y las actitudes a tener frente a situaciones
o temas que ese conjunto evalúa como importantes. Además, no podemos evitar la
relación con el concepto de moral, en tanto conjunto de principios, criterios, normas y
valores que dirigen nuestro comportamiento.
Los valores siempre fueron objeto de reflexión y análisis para la Filosofía, el Derecho, la
Sociología, la Ciencia Política, la Psicología, entre otras disciplinas que se han dedicado a
estudiar desde diferentes perspectivas los actos de las personas. El paradigma de las
distintas disciplinas varía desde una concepción relativa del valor, dependiente de cada
sujeto, hacia otra que sostiene la existencia de los valores universales. En este contexto,
la ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de
principios o normas que constituyen nuestra moral.
La realidad pone en discusión permanente la coherencia entre las propias acciones y los
valores que las sostienen. Las decisiones cotidianas nos plantean interrogantes que
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tienen mucho que ver con la influencia social. Por ejemplo, ¿las acciones son coherentes
con los valores de cada uno?, y ¿es así todo el tiempo?, ¿se toman decisiones de igual
forma si otros asumen el mismo punto de vista que si se oponen?, ¿buscamos siempre la
aceptación de los demás y actuamos en función de lo que se espera de nosotros, más
allá de si coincide o no con nuestros valores?
Siempre que una persona explicita un valor o adhiere a él, genera en los otros una ilusión
de comportamiento futuro que lo compromete a hacerse responsable de los resultados o
efectos producidos por las decisiones adoptadas.
En definitiva, todos somos seres éticos, entendiendo por ética a la crítica de las morales
posibles, a la preocupación por las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre
los otros en la convivencia social.
Las acciones que realizamos tienen que ser coherentes con los valores que sostenemos,
y cuando ello no sucede, la identidad y las relaciones que entablamos con los otros, se
ven afectadas.
A diario nos enfrentamos con situaciones en las que son evidentes las contradicciones
entre lo que “se dice” y lo que “se hace”. Ejemplos de ello pueden ser un docente que es
exigente con sus alumnos, pero devuelve los trabajos prácticos que pidió tres semanas
después de recibidos; un padre que prohíbe fumar a su hija diciéndole que le va a hacer
mal, pero él consume un paquete y medio por día; un banco que se publicita por la
excelencia de sus servicios, pero no atiende las consultas telefónicas de sus sucursales.
Si consideramos a los valores como patrones que guían nuestra conducta y que se
aprenden en la interacción con los otros, siempre es importante rever el fundamento de
los actos cotidianos y analizar los valores que generan algunas normas. En este sentido
es necesario detenerse en la convivencia de nuestro sistema social.
Ahora bien, así como hay formas sociales de convivencia, podemos identificar otras que
calificaríamos como no sociales. Cada vez que alguien actúa imponiendo ideas absolutas,
negando el derecho a la diversidad, actuado en forma competitiva al estilo “sálvese quien
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pueda”, o incumpliendo reglas conscientemente, en todos estos casos, podemos
identificar formas no sociales de convivencia.
Es cada vez más difícil revertir estas formas de conducta si no se transita un espacio
reflexivo. Así, la reflexión ética que aparece ante una crisis de valores o la pérdida de
sentido, posibilita una resignificación y permite los cambios culturales.
Democracia y ciudadanía
El concepto de democracia está ligado íntimamente al de ciudadanía. Expresa un ideal
clásico, vinculado a valores inherentes a nuestra civilización y tradición, y aunque no
siempre estos dos conceptos hayan ido juntos, podríamos afirmar que la democracia no
se sostiene sin el apoyo de la ciudadanía.
Para precisar aún más esta relación, conviene explicitar qué se entiende por democracia y
qué por ciudadanía.
En principio, para mayor comprensión del término democracia, distinguiremos a ésta en
un doble sentido:
• Democracia política, entendida como forma de gobierno, en la que se encuentra
vigente un conjunto de pautas institucionales que conforman un orden representativo.
• Democracia como estilo de vida, en tanto práctica inspirada en un conjunto de valores
que se relacionan con el bien común, los derechos humanos, la libertad, la aceptación de
las propias responsabilidades y el respeto por las diferencias.
Ciudadanía, por su parte, implica un estado civil en el que confluyen elementos de tipo
jurídicos, políticos y morales. Estos elementos otorgan identidad y pertenencia a los
miembros de la comunidad que están protegidos por las instituciones, y al mismo tiempo,
están dispuestos a contribuir por ellas. En el sentido jurídico, la idea de ciudadanía tiene
que ver con el reconocimiento de una serie de derechos y de deberes, relacionados con la
participación en la esfera pública. En cuanto a lo político, se relaciona con la puesta en
práctica de los derechos y los deberes reconocidos. Y desde el punto de vista moral, la
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ciudadanía constituye una dimensión ética que nos confiere identidad como seres
políticos.
La noción de convivencia encuentra sentido al construir una moral ciudadana que nos
compromete a colaborar en la perfección de la sociedad.
El respeto a las normas conlleva la utilización de los mecanismos institucionales para
resolver los conflictos en el marco de la ley y de la justicia. En este sentido, el consenso
es el único procedimiento legítimo para efectuar los cambios que sean necesarios en el
sistema normativo vigente.
Es así como la toma de conciencia individual se vuelve necesaria, porque solo mediante
la suma de las voluntades de cada uno, se puede llegar a alcanzar una moral en la que el
cumplimiento sea la regla, y no la excepción.
Ciudadanía y evasión
Cuando nos proponemos cambiar una realidad que percibimos como injusta, necesitamos
modificar las conductas individualistas e iniciar un camino hacia la participación como
ciudadanos responsables. Es aquí donde resulta importante reflexionar sobre las
actitudes de “viveza criolla”, "picardía", o "cultura del atajo" que perjudican al resto de la
sociedad, o en otros términos, sobre la relación que se establece entre el ciudadano y las
normas.
En este sentido, la evasión tributaria es una de las conductas que debilita el
funcionamiento del Estado. No hay país que pueda subsistir sin el aporte de la ciudadanía
para mantener su estructura. Sin embargo, la cultura de la evasión sigue siendo una
constante en nuestra historia. De allí que nos parece vital pensar los distintos tipos de
abordaje del fenómeno de la evasión. Ese es un desafío que requiere estudio e
investigación.
La evasión tributaria es un fenómeno complejo. Si bien los porcentajes varían
notoriamente, ninguna sociedad está exenta de la pérdida de recursos a través de este
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tipo de práctica fraudulenta. Las causas que la originan son numerosas y heterogéneas.
Varían de un país a otro y obedecen tanto a factores estructurales como a situaciones o
motivaciones individuales. Sin embargo, también pueden reconocerse rasgos en común.
Más allá de las diferencias conceptuales y metodológicas que plantean muchos de los
trabajos de investigación sobre el tema, hay elementos coincidentes acerca de los
factores que estructuran la subjetividad fiscal de los ciudadanos. Algunos, identifican
justificaciones que orientan la moral y el comportamiento, otros, hacen referencia a los
fenómenos que moldean las percepciones de los ciudadanos.
Entre los principales factores que forman la cultura fiscal se destacan las percepciones
que los ciudadanos tienen sobre fenómenos como la economía informal, la equidad del
sistema tributario, la prestación de bienes y servicios por parte del Estado y la evasión.
En cuanto a la economía informal, es necesario diferenciar la exclusión involuntaria
(relacionada más con las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa la población
como la pobreza, el nivel educativo o la distribución del ingreso), de la voluntaria. Si bien
esta distinción no justifica a ninguna de las dos, su diferenciación puede ser útil para la
comprensión del fenómeno y orientar el trabajo de las AT hacia la reducción de las
consecuencias. En el caso de la exclusión voluntaria, se trata de una elección racional la
que motiva el comportamiento fiscal, que involucra una evaluación de costo-beneficio,
dado que cuanto mayor sea la parte de ingresos que deba destinarse al cumplimiento de
las obligaciones tributarias, menor será el ingreso neto final. Torgler y Schneider (2007)
argumentan que el incumplimiento tributario aumenta cuando los individuos perciben que
existen mayores incentivos para trabajar en el mercado informal.
Para revertir la informalidad, existen diversas experiencias de Regímenes
Simplificados de Tributación. Es el caso del monotributo y del monotributo social que
buscan promover la formalidad y favorecer la inclusión de los ciudadanos a través
de las prestaciones de la seguridad social.
La equidad del sistema tributario es vista en general como una idea formal más que
real. Así, la sensación de que el sistema impositivo es injusto o inequitativo incide
negativamente en la voluntad de los ciudadanos de contribuir con el pago de los
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impuestos. La percepción de injusticia puede convertirse para muchos en el argumento
que justifica el incumplimiento, a modo de un mecanismo que compense la inequidad. En
este sentido, la percepción de inequidad del sistema va en desmedro de su legitimidad, lo
cual reduce aún más la tendencia hacia el cumplimiento.
La prestación de bienes y servicios públicos es un claro indicador del uso de los
recursos tributarios. En la medida que los ciudadanos perciban que el sistema tributario es
una herramienta eficiente en la distribución de ingresos, ya sea por vía directa o indirecta,
esto incidirá positivamente sobre la voluntad de cumplimiento. Por el contrario, cuando
una sociedad percibe que los impuestos no se asignan adecuadamente, la evasión puede
ser un modo de condenar la eventual ineficacia del Estado.
En este contexto, si la gestión del Estado despierta confianza, los ciudadanos mostrarán
una mayor tendencia al cumplimiento. En cambio, si la percepción acerca del Estado y de
sus funcionarios muestra señales de ineficiencia, discrecionalidad o de estímulo a la
corrupción, los ciudadanos se inclinarán por eludir el pago de las obligaciones tributarias
en la medida en que el costo moral de no cumplir con la ley disminuye.
En un escenario de falta de apego a la norma, la motivación por el cumplimiento se
reduce. Si los ciudadanos notan que otros evaden impuestos, aumenta la probabilidad de
actuar de la misma forma. La evasión se profundiza aún más si la percepción de riesgo
es baja y la falta de castigo es un hecho constatable y perceptible por los ciudadanos.
También es válido el caso inverso: si se cree que todos cumplen y si el riesgo a ser
detectado es más alto, posiblemente se tenga una mayor motivación a cumplir, ya que el
costo moral de evadir aumenta. Asimismo, no son las personas de menores recursos las
que por necesidad evadirían más. Por el contrario, la probabilidad y magnitud de la
evasión crece de acuerdo al nivel de ingresos de los individuos ya que cuentan con mejor
asesoramiento, mayor volumen de retorno y una anticipada estrategia de negociación en
caso de ser descubierto (Giarrizo, 2014:60). Al mismo tiempo, la reputación no parece ser
un problema en la medida en que no se ven afectados por ser señalados públicamente
como deudores.
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Los medios masivos de comunicación suelen abordar periodísticamente el fraude fiscal
desde el interés que despierta el monto del desfalco, el procedimiento utilizado o los
rasgos particulares de sus participantes, pero pocas veces se vincula con el impacto
negativo que causa a los bienes y servicios públicos, y menos aún a los ciudadanos que
afecta.
III. REFLEXIONES FINALES
Las Administraciones Tributarias forman parte de la cara visible del pacto fiscal que se
establece entre el Estado y los ciudadanos. Si bien no son las responsables de la
distribución del gasto público ni de la definición del sistema tributario, son actores claves
en la cohesión social, en tanto su misión está dirigida a promover el cumplimiento
voluntario, el desarrollo económico y una mayor inclusión. En relación a este propósito,
dentro de sus atribuciones, hay un amplio campo de acción para incidir y fortalecer la
cultura tributaria de los ciudadanos.
Las acciones llevadas a cabo por las AT apuntaron a dos estrategias complementarias.
Por un lado, favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones potenciando los
servicios de asistencia (presenciales y soportes web), para una rápida y adecuada
atención de los contribuyentes. Por otro, perfeccionar los dispositivos de control y
fiscalización en base a perfiles de riesgo con el fin de incrementar la coacción simbólica y
real sobre los evasores.
Ambas estrategias repercuten en la moral tributaria de los ciudadanos, tanto en lo
inmediato como en el largo plazo. Al mismo tiempo, el compromiso de las
administraciones de llevar a cabo programas de Educación Tributaria, da una pauta sobre
la necesidad de instalar el debate sobre la importancia social de los tributos y la adecuada
orientación del gasto público hacia el bien común.
Esta es una de las tareas que fundamentan y orientan la puesta en marcha de los
Núcleos de Asistencia Fiscal. La implementación de los NAF excede una simple práctica
fiscal-administrativa, potenciando la responsabilidad social asumida por los actores que
forman parte de la iniciativa.
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A través de los NAF, las administraciones, las universidades, los docentes, los
estudiantes y los ciudadanos, coordinan esfuerzos con el propósito de articular acciones
tendientes a generar una moral tributaria que privilegie el cumplimiento, tanto de las
obligaciones fiscales, como de la debida contraprestación de bienes y servicios públicos.
Sabemos que para cambiar las percepciones de los ciudadanos sobre la temática fiscal,
es necesario modificar los factores que subyacen. La experiencia indica que el tipo de
información que reciban los ciudadanos y la forma de presentarla incide significativamente
en la manera en que establecen sus percepciones.
Las percepciones que construyen los sujetos tienen una clara influencia sobre la cultura
tributaria. Su cuestionamiento y transformación puede requerir la complementariedad de
enfoques, metodologías y acciones de los distintos actores sociales. Los avances que
puedan hacerse en este sentido se deberán sostener de forma permanente para que se
consolide la idea del cumplimiento voluntario de nuestras responsabilidades ciudadanas.
La cultura tributaria necesita alimentarse de otros estímulos concretos y tangibles, para
que, de esa manera, contribuya decididamente al desarrollo de un pacto que permita el
progreso conjunto de toda la sociedad.
Para comenzar, quizás, el aporte que cada uno realice desde su lugar puede ser un
primer gran paso.
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