Cartilla_7 Pacto Fiscal Bolivia

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Cartilla_7 Pacto Fiscal Bolivia

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  • El pacto fiscal evade la reforma tributaria

    Las primeras reyertas de este pro-ceso ha ratificado lo que se presuma acerca de los objetivos que le asignan al pacto: por parte del gobierno se ha dicho que los acuerdos sobre el ma-nejo fiscal deben, ineludiblemente, garantizar el plan de gobierno para la gestin 20152020, el modelo eco-nmico vigente en el pas y el cumpli-miento de la Agenda Patritica 2025, mientras que algunas autoridades re-gionales pertenecientes a la oposicin han ratificado su intencin de que el principal acuerdo sea la aprobacin de la frmula 50-50 para la distribucin de los recursos fiscales. Es decir, dos de los principales actores de esta con-tienda iniciada estn de acuerdo en li-mitar el debate y los resultados al mbito de la distribucin de los ingre-sos fiscales y del destino del gasto. Ms an, ambas posiciones dan por senta-do que el debate se debera realizar manteniendo la orientacin del rgi-men tributario heredado de la re-forma implementada por la Ley 843 en el lejano ao 1986 que hasta la fecha ha sido modificado slo parcialmente, aunque conservando su espritu.

    La reforma tributaria, al igual que las otras polticas neoliberales de las dcadas finales del pasado siglo, bus-

    caba establecer las condiciones ms ventajosas para la recomposicin del capital, facilitando la elevacin de las tasas de ganancia y su acumulacin. La principal caracterstica de la reforma tributaria fue la creacin de impuestos indirectos como fuentes de recursos fiscales, recursos que deban compen-sar la prdida de ingresos debido a la desaparicin paulatina de las empre-sas estatales por obra de la privatiza-cin. Como escribamos en febrero de 2003, en ocasin de la revuelta popu-lar contra un nuevo impuesto a los sa-

    El debate sobre el Pacto Fiscal se ha instalado en el pas. La inesperada postura del gobierno, que ha instalado apresuradamente el Consejo Nacional de Auto-nomas y ha hecho pblicos los objetivos que perseguira en esa instancia, ha sor-prendido a los partidos de la oposicin de derecha y a las autoridades regionales afines a los mismos arrebatndoles el protagonismo sobre una demanda que ha-ban planteado desde hace mucho, pero especialmente desde que se conocieron los resultados del ltimo Censo de Poblacin.

    Boletn del grupo sobre Politica Fiscal y DesarrolloN 7, Ao II, febrero de 2015

    Av. Jaimes Freyre N 2940Sopocachi

    Telf: (591-02) 241 3175 / 241 3223info@cedla.orgwww.cedla.org

    Casilla 8639 La Paz - Bolivia

    Esta publicacin fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

    (CEDLA)en elmarco del Grupo sobre Poltica

    Fiscal y Desarrollo (GPFD).

    El Grupo sobre Poltica Fiscal y Desarrollo es un espacio plural y participativo que busca aportar al debate pblico y la sociedad

    boliviana con conocimiento y propuestas para una reforma fiscal progresiva, sostenible e

    integral en Bolivia.

    http://cedla.org/blog/grupopoliticafiscal

  • 2larios: la preferencia por impuestos al consumo y no a los ingresos y rentas empresariales, tiene el fin premeditado de alentar la acumulacin de ca-pital, por encima del bienestar de la poblacin o de algn afn autntico de buscar la mejora de las condiciones de vida de la poblacin a travs del gasto fiscal. El argumento neoliberal era que los impuestos dirigidos a gravar las ganancias capi-talistas iban en detrimento del ahorro y la in-versin y alentaban el consumo de los estratos de menores ingresos, considerados irrelevantes para impulsar la inversin y la actividad econ-mica. As se pretenda ocultar la naturaleza de clase de la poltica fiscal, que elude la imposicin de tributos a la plusvala y busca incrementar los beneficios de los capitalistas mediante la socia-lizacin de una parte de los salarios.

    El resultado de la reforma neoliberal fue que para el 2001 una parte importante de los ingre-sos corrientes del Sector Pblico No Financiero (SPNF) ms del 70% provena de impuestos indirectos al consumo, como el Impuesto al Va-lor Agregado (IVA), el impuesto a las transferen-cias (IT) y otros impuestos especficos como el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Deri-

    vados (IEHD); un cambio drstico de la compo-sicin de los ingresos corrientes del SPNF que antes de 1985 estaba dominada por la presencia de un 82% de ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios de las empresas pblicas nacionales. En otras palabras, la privatizacin y liquidacin de las empresas pblicas traslad su obligacin de proveer ingresos fiscales no a los capitalistas que se apropiaron dolosamente de ellas, sino a los ingresos laborales de la mayora de la poblacin a travs del gravamen a su con-sumo.

    Adems, para cumplir ese objetivo, los dise-adores del sistema tributario idearon ingenio-sos mecanismos y dispositivos que enfatizan la fcil recaudacin: la presin sobre los consumi-dores resulta ms eficiente que la fiscalizacin de los ingresos de las empresas, de ah que con frecuencia las situaciones de insolvencia fiscal fueron enfrentadas con recurrentes gasolina-zos.

    La creacin del Impuesto Directo a los Hi-drocarburos (IDH) mediante la Ley 3058 del ao 2005 signific una modificacin parcial en la orientacin regresiva de la poltica tributaria que el neoliberalismo haba llevado a extremos. La creacin del IDH que grava con un adicional 32% a la venta de hidrocarburos permite que el Estado capture una parte importante del exce-dente o plusvala, que se presenta bajo la forma de renta o ganancia extraordinaria. La posterior nacionalizacin de 2006 mejora esa apropia-cin estatal al hacer a YPFB partcipe de una parte de la utilidad neta o ganancia, otra forma de la plusvala. La importancia para el sistema tributario de este cambio, es de tal relevancia que en el ao 2013 los ingresos provenientes de la explotacin de hidrocarburos constituyeron ms del 48% de los ingresos corrientes del sec-tor pblico. En sntesis, esta reforma parcial diri-gida a mejorar el control estatal del excedente econmico generado por el trabajo social, sea-la adecuadamente la va que garantiza la capa-

  • cidad financiera del Estado para cumplir con la finalidad de su gestin, que no es otra que bus-car la satisfaccin de las necesi-dades bsicas de la poblacin y la construccin de condiciones para el desarrollo productivo, mediante la devolucin de una parte del esfuerzo productivo del trabajo en forma de bienes comunes y servicios pblicos universales.

    Una sociedad encaminada en la construccin de nuevos tipos de relaciones sociales que supe-ren la subordinacin, la explota-cin laboral y la exclusin social relaciones que se fundamen-ten en la solidaridad y la respon-sabilidad social, pero tambin un rgimen que dice represen-tar esas aspiraciones, no pueden optar por cambios formales que mantengan el espritu regresivo del neoliberalismo y de la lgica mercantil capitalista. No es per-tinente ni legtimo que un deba-te sobre la reforma del sistema fiscal se limite a considerar slo la redistribucin de recursos y de competencias entre estratos

    del aparato estatal controlados por fracciones polticas que priorizan su propia conserva-cin en el poder mediante el cumplimiento con menor o mayor eficiencia, con ms o me-nos transparencia de su pro-pia agenda.

    En nuestro criterio, se debe alentar mejoras en el sistema fiscal partiendo por eliminar las disposiciones que permiten la exencin impositiva a favor de las ganancias empresariales, as como los dispositivos que per-miten la acreditacin de los impuestos a las utilidades y los que imponen generosas venta-jas a sectores empresariales en los regmenes prevalecientes en sectores como la minera, la agri-cultura comercial y las exporta-ciones. El Pacto Fiscal no puede construirse al margen o sin una previa y profunda reforma fiscal que priorice el financiamien-to fiscal mediante el gravamen a los sectores y clases sociales que se apropian del excedente producido en la economa na-cional por el trabajo productivo.

    Escribe: CEDLAEdicin y armado: Unidad de Comunicacin y Gestin de Informacin - CEDLA.

    Las opiniones del autor o los autores no implica necesariamente la posicin y el enfoque institucional de los organismos internacionales que apoyan esta publicacin.