CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS

INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD

Gonzalo Tamayo(Macroconsult)

Noviembre 2005INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD

RESUMEN EJECUTIVO

Inversión e infraestructura

Uno de los principales objetivos, en materia macroeconómica, del próximo gobierno debe ser ser consolidar el crecimiento del PBI per cápita en por lo menos 5% por año. La consecución de este objetivo va ser posible, sólo si se incrementa sustancialmente el nivel de inversión en el país, tanto pública como privada.

En este contexto, un objetivo central es que antes del 2007 la deuda soberana del país alcance la calificación de “grado de inversión” y se mantenga una política económica disciplinada, tanto en el plano monetario, como en el fiscal. En el primer caso es necesario que el BCR se mantenga vigilante para mantener la inflación bajo control. En el segundo, que se privilegie la obtención de un superávit fiscal en circunstancias de ingresos tributarios de naturaleza excepcional y que se mejore la eficiencia de la recaudación y el gasto públicos, buscando además la reducción del endeudamiento público a menos de 30% del PBI. Asimismo, es necesario que se adopte una agenda más agresiva de integración comercial con el mundo a través de la reducción unilateral de aranceles y la suscripción de Tratados de Libre Comercio con EE UU y la Unión Europea.

Esta mayor inversión debe proporcionar una mejor infraestructura para más peruanos (en especial de aquellos que hoy no la disfrutan), integrar más el país y vincularlo al exterior en condiciones más competitivas a través de una mejora en la infraestructura disponible en transporte, energía, telecomunicaciones y saneamiento.

Uno de los principales problemas que merma la capacidad de desarrollo de los mercados en la economía peruana es la carencia de infraestructura.

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(O sea se refiere a la inversión del estado en infraestructura para apoyar a las pequeñas organizaciones, refiriéndose a mercados u otros parecidos)

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En este sentido, el próximo gobierno debe asignar por lo menos 3% del PBI (US$ 1,800 millones) anuales a la inversión en infraestructura, de los cuales, el Gobierno debe aportar directamente al menos 2% del PBI (US$ 1,200 millones) a fin de reducir la brecha de infraestructura, con la participación del sector privado a través de esquemas de contrato de participación pública-privada. Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la competitividad y el bienestar de los peruanos en zonas más alejadas es el alto costo de transporte que enfrentan al momento de concretar transacciones, tanto a nivel doméstico como internacional.

Regulación del mercado, rol del Estado y eliminación de barreras burocráticas

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El Estado en su rol de regulador debe promover el desarrollo de los servicios públicos en un contexto de independencia presupuestal, funcional y operativa de los organismos reguladores. Paralelamente debe velar por el mantenimiento de la competencia y velar por limitar los posibles abusos de poder de mercado y por el cumplimiento de los requisitos de la calidad de los servicios y, en general, por el cumplimiento de los compromisos acordados en los contratos que otorgan el derecho de concesión. Por ello es clave que la regulación de servicios públicos sea lo más técnica y predecible posible.

En el campo financiero, el Estado debe promover la existencia de más crédito para más peruanos a través de la libertad en la determinación de la tasa de interés y comisiones y el desarrollo del mercado financiero y de capitales. Particular énfasis debe hacerse en la gradual flexibilización del límite de inversiones en el exterior de las AFPs.

Por último, la superposición de funciones administrativas entre los entes reguladores/fiscalizadores y las municipalidades generan mayores costos privados y retrasan las inversiones. En este contexto, la principal iniciativa del gobierno debe girar en torno a la disminución de las barreras administrativas impuestas por distintas instancias del estado. El objetivo debe ser que a más tardar en el 2008 el Perú estará en el tercio superior de los indicadores internacionales de competitividad entre los distintos países.

Innovación y desarrollo tecnológico

El fomento de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) debe ser una política de Estado. La política de CTI debería tener un enfoque sistémico con cuatro elementos indispensables: una “cultura de innovación”, la promoción de la demanda y oferta por CTI, así como el fomento de canales de integración entre ambos.

Un rol crucial le cabe a Concytec y debería evaluarse su posible integración a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de potenciar su rol en el aparato del Estado de modo que se facilite la coordinación entre todas las agencias estatales y privadas con competencia en este ámbito.

La economía de mercado premia al empresario innovador y es por lo tanto el principal impulso para innovar. Una política de competencia apropiada, suficientemente dura para evitar abuso monopólico pero flexible, es necesaria para permitir la colaboración en el proceso de desarrollo de CTI. La oferta de CTI y el mercado laboral deben ser dinámicos y mantenerse flexibles porque el cambio tecnológico exigirá adaptaciones frecuentes del aparato productivo.

Se debe inculcar una “mentalidad innovadora y competitiva” en la población mediante la difusión de ferias de ciencia para escolares, universitarios, Encuentros Nacionales de CTI entre empresas y centros de investigación, y premiaciones públicas a la innovación.

El mercado de CTI es altamente dinámico y es necesario plantear estrategias de adaptación. El fomento de cadenas productivas y conglomerados puede acelerar el

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desarrollo de CTI. El Estado no debe buscar crear conglomerados directamente, sino apoyar las sinergias que se desarrollan naturalmente a partir de un ambiente propicio para la innovación. Se debe establecer mecanismos para la identificación, sistematización, apoyo y evaluación continua de conglomerados. Las propuestas de desarrollo de clusters deben provenir del sector privado, y pueden ser apoyadas por el Gobierno mediante la asignación preferencial de fondos concursables o grants.

En el Perú, los sectores que parecen tener mayor potencial de generar liderazgo tecnológico son Procesadores y productores de recursos naturales, Desarrollo de programas informáticos (software), y Aplicaciones de la biodiversidad. Asimismo, se debe promover programas de “inteligencia comercial” y Prospectiva Tecnológica, para identificar tendencias tecnológicas y cambios estructurales en CTI, con el fin de permitir la adaptación y la generación de liderazgo tecnológico.

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

Más inversión para más empleo

Uno de los principales objetivos, en materia macroeconómica, del próximo gobierno debe ser consolidar el crecimiento del PBI per cápita en por lo menos 5% por año. La consecución de este objetivo va ser posible, sólo si se incrementa el nivel de inversión en el país, tanto pública como privada.

Muchos factores juegan a favor de un mejor contexto para la inversión. Así, la reducción del riesgo país y la obtención del “grado de inversión” a las obligaciones soberanas del país a más tardar en el 2007 son dos condiciones claves a nivel macroeconómico.

Asimismo, es necesario que mantenga una disciplina tanto por el lado monetario (con el cumplimiento de la meta de inflación), como por el lado fiscal (con la reducción del nivel de endeudamiento externo del sector público por debajo de 30% del PBI). Para el logro este último objetivo se requiere mejorar la política tributaria, ampliar la base tributaria y revertir impuestos antitécnicos así como incrementar la eficiencia de los mecanismos de control y monitoreo del gasto e inversión pública, de modo tal que se focalice el gasto público en aquellos sectores donde se requiera más la presencia del Estado.

En materia comercial, ser requiere promover la integración comercial del Perú en el contexto global. En este sentido, se plantea reducir gradualmente el promedio arancelario de 10.4% en promedio el año 2005 a 5% para el año 2010 a una tasa de 1% por año, sin aumentar la dispersión. Asimismo, es necesario que se concrete una agenda de integración que comprenda la firma de una serie de Tratados de Libre Comercio (TLC). Entre las prioridades de corto plazo estaría la suscripción de un TLC con EE.UU. antes del 2006, y con la UE antes del 2008.

Más mercados para más peruanos

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que merma la capacidad de desarrollo de los mercados en la economía peruana es la carencia o mala provisión

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de la infraestructura. En este sentido, el principal objetivo del próximo gobierno debe recaer en lograr por lo menos de 3% del PBI (US$ 1,800 millones) anuales a la inversión en infraestructura, de los cuales, el Gobierno debe aportar directamente al menos 2% del PBI (US$ 1,200 millones).

Teniendo en cuenta lo anterior, entre las principales acciones de corto plazo en materia de infraestructura de transporte se deben priorizar: La concreción del proceso de participación de inversión privada en el Puerto del

Callao de manera integral antes del 2007. La concreción del proceso de participación de inversión privada en 5 puertos

regionales (Paita, San Martín, Chimbote, Salaverry e Ilo) antes del 2008. La concreción del proceso de participación de inversión privada en 2 puertos

fluviales (Iquitos y Pucallpa) antes del 2007. La concreción del proceso de participación de inversión privada en aeropuertos

regionales antes del 2007. La toma de acciones orientadas a reducir obstáculos para el desarrollo y

sostenibilidad de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El avance del proceso de concesiones de Redes Viales (1 y 4), Ejes

Multimodales Amazonas (Centro y Norte) y el programa costa-sierra.

En lo que se refiere a la infraestructura de energía, se debe priorizar la ampliación de la cobertura eléctrica a través de inversión privada o esquema de asociaciones público-privadas, de modo tal que se generen condiciones para el desarrollo económico y social de las zonas más pobres. Del mismo modo, se requiere (i) promover la inversión en generación eléctrica en base a gas natural en el corto plazo guardando consistencia con el potencial hidroeléctrico del país, (ii) incrementar la capacidad de generación eléctrica sobre la base de recursos renovables en el largo plazo; y (iii) generar esquemas de remuneración adecuadas que asegure la sostenibilidad en el desarrollo de inversión en Transmisión Eléctrica.

Asimismo, se debe promover la ampliación de la cobertura de servicio de agua potable y desagüe a través de la aplicación de esquemas de asociación público-privada en por lo menos 5 empresas prestadoras de servicios de saneamiento en provincias y en Sedapal antes del 2008. De la misma forma, se debe fomentar la ampliación del servicio de telecomunicaciones a quienes no disponen de este servicio, asegurando el crecimiento de las inversiones y competencia con sostenibilidad.

Transporte más barato para todos

Uno de los principales obstáculos en el desarrollo de la competitividad es el alto costo de transporte que enfrentan los ciudadanos al momento de realizar transacciones, tanto a nivel doméstico como internacional. Es claro que la mala o deficiente provisión de la infraestructura de transporte es uno de los principales factores que explica el deterioro de la competitividad. Sin embargo, no es el único.

La reducción de altos costos de transacción en las operaciones de comercio, vistos como el número de trámites aduaneros y el tiempo de demora de los mismos, es una prioridad inmediata que el nuevo gobierno debe trazarse en el corto plazo. Adicionalmente, se debe compatibilizar la Ley de Aduanas y su reglamento con la

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Ley del Sistema Portuario Nacional para agilizar procesos, principalmente en lo referente a los temas de tránsito. Asimismo, se debe facilitar la coordinación con el sector privado de carga para la búsqueda de soluciones en pasos de frontera de tal forma que se reduzca en 30% el tiempo de espera.

Por último, es necesario tener en cuenta que además de una adecuada provisión de la infraestructura de transporte se requiere fomentar el desarrollo de terminales logísticós y multimodales de modo que se creen ejes integrados sobre los principales puertos internacionales que se constituyen como puntos de distribución y acopio. Para ello se requiere fomentar en paralelo a los procesos de concesión el desarrollo de un eje integrado alrededor de los principales puertos, priorizando en el corto plazo el puerto del Callao. Asimismo, es necesario reforzar la participación del INDECOPI, de forma tal que los servicios de transporte se presten en condiciones de libre y leal competencia, impidiendo que se produzcan prácticas anticompetitivas en la cadena logística.

REGULACIÓN DE MERCADO, ROL DEL ESTADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Regulación de Monopolios Naturales

Los importantes montos de inversión requeridos en infraestructura, las posibilidades de rentabilidad privada en determinados segmentos de mercados y el fracaso de la gestión de empresas públicas convierten al sector privado en el agente principal en la provisión de servicios públicos e infraestructura.

Así, las reformas de los años 1990s en la provisión de servicios públicos en América Latina incluyeron a menudo privatizaciones y concesiones tendientes a delegar en el sector privado la prestación de tales servicios. En distinta medida, ello ocurrió en el sector energético (hidrocarburos y energía eléctrica), las telecomunicaciones, el saneamiento y el transporte público en sus distintas formas.

En este esquema, el Estado en su rol de regulador pro competencia, velaría por limitar los posibles abusos de poder de mercado, por el cumplimiento de los requisitos de la calidad de los servicios y condiciones de competencia (acceso abierto a las instalaciones esenciales) y, en general, por el cumplimiento de los compromisos acordados en los contratos que otorgan el derecho de concesión. En esta línea es necesario que la intervención del Estado se haga a través de ciertos instrumentos como:- Fijación de tarifas (o colocando un tope de la mismas)- Fijación de cargos de acceso a cobrar a los usuarios- Especificación de requerimientos mínimos de calidad del servicio- Definición de los niveles de inversión requerida- Supervisión del desempeño y costos de las industrias sujetas a regulación.

Así, es fundamental que se refuerce las institucionalidad de los organismos reguladores a través del establecimiento un mecanismo formal de la participación de los organismos reguladores en los procesos de participación privada en infraestructura y de la fijación clara de los procedimientos de cálculo de la tasa de

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descuento a la inversión privada supervisada por los diferentes organismos reguladores. Asimismo, para velar por una mayor transparencia en el funcionamiento del ente regulación es fundamental la publicación oportuna de la agenda y actas de consejo directivo de todos los organismos reguladores tal como ahora lo hace Osiptel.

Regulación prudencial

Otro aspecto relevante en la intervención del Estado en la economía está referido a la regulación que éste realiza con naturaleza prudencial de los mercados, en especial en los financieros. Es claro que el objetivo fundamental es que la participación del Estado se limite en que se necesario. En este sentido, necesario que se mantengan las siguientes pautas, a favor de un desarrollo pleno de los mercados:- Mantener la libertad en la determinación de tasas de interés y comisiones.- Aumentar el límite de inversiones en el exterior de las AFPs a 20% de forma

gradual.- Aumento en el número de empresas listadas en la BVL.- Aumento en el número de nuevas empresas que emitan papeles de deuda en el

mercado de capitales.- Mejora del sistema de ejecución de garantías.- Mejora del sistema Mi Vivienda para asegurar sostenibilidad del crédito

hipotecario.

De otro lado, también se requiere la introducción de nuevos parámetros de reglamentación en el funcionamiento de las empresas como son las buenas prácticas de gobierno corporativo, tanto públicas como privadas.

Barreras administrativas

La superposición de funciones administrativas entre los entes reguladores/ fiscalizadores y las municipalidades generan mayores costos privados y retrasan las inversiones. En este contexto, la principal iniciativa del gobierno debe girar en torno a la disminución de las la disminución de las barreras administrativas impuestas por distintas instancias del Estado.

Con ello, no sólo se debe buscar reducir el número de barreras, a través de la creación del Registro Unificado de Trámites del Estado (a fines del 2007), sino que en paralelo se debe buscar limitar la creación de barreras administrativas con la creación de trámites burocráticos.

Asimismo, es importante identificar iniciativas que faciliten el acceso al mercado a través de concesiones, licencias o permisos. De esta manera se requiere que a partir del 2007, el Gobierno fomente la introducción de ventanillas únicas y herramientas de gobierno electrónico estén en pleno funcionamiento.

Todos estos aspectos van a permitir que el Perú mejore sus resultados en los principales rankings de competividad internacional de las economías. Así, se

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requiere llegar antes del 2008 por lo menos en el tercio superior en los siguientes indicadores:- en el “Doing Business” del Banco Mundial- en el Índice de Libertades Económicas de la fundación Heritage - en las publicaciones del Foro Económico Mundial- en las publicaciones de UNCTAD

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Marco general de la política en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

El fomento de CTI debe ser una política de Estado. La intervención estatal puede ser útil porque la CTI genera externalidades. La política de CTI tendría un enfoque sistémico con cuatro elementos indispensables: una “cultura de innovación”, demanda por CTI, oferta de CTI, y canales de integración del sistema.

El diseño institucional de la política en CTI debe contemplar la reubicación de Concytec en un estamento del Estado con mayor “peso político”. Concytec debería ser una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que es un ente coordinador, más apropiado a la labor de Concytec. El trabajo de Concytec debe seguir los principios de gestión por resultados. Los recursos deberán provenir mayormente de la Cooperación Técnica Internacional.

Elementos del sistema de CTI

a) Desarrollo de una cultura de innovación en la ciudadaníaLas presiones del libre mercado son el principal impulso para innovar. Es necesaria una política de competencia apropiada, suficientemente dura para evitar abuso monopólico, pero flexible para permitir la colaboración en el proceso de desarrollo de CTI. Se debe inculcar una “mentalidad innovadora y competitiva” en la población mediante la difusión de ferias de ciencia para escolares, Encuentros Nacionales de CTI entre empresas y centros de investigación, y premiaciones públicas a la innovación.

b) Potenciar oferta de CTILa oferta de CTI y el mercado laboral deben ser dinámicos y flexibles porque el cambio tecnológico exigirá adaptaciones frecuentes del aparato productivo. El eje de la política educativa es fomentar la competencia y calidad en el mercado educativo. Se plantea: Establecimiento de concursos públicos por recursos para investigación y

programas de apoyo a las formulación de proyectos de innovación. Eliminar restricciones sobre la autonomía financiera de las universidades públicas.

Sincerar las pensiones que estas cobran, condicional a una mejora significativa de la educación. Como contrapartida, se debe expandir el sistema de becas.

Implementar un sistema de información sobre las características del mercado laboral y programas académicos acreditados.

Fomento de cursos de especialización, especialmente en institutos tecnológicos de mando medio.

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Reglamentar uso de los recursos de canon en las universidades públicas, para que los recursos se distribuyan según criterios de competencia.

c) Incrementar demanda por CTIEl crecimiento de la demanda es resultado natural de las presiones competitivas en el mercado. Adicionalmente, se debe: Estimular el desarrollo de instrumentos financieros apropiados a proyectos de

desarrollo tecnológico. Difundir información sobre el mercado de CTI. Se cuenta, la difusión de:

- sistemas de certificación de prácticas empresariales, - ventajas de las herramientas de propiedad intelectual, - utilidad de y procedimientos para obtener patentes.

Fomento de incubadoras tecnológicas, las cuales deben responder a un modelo empresarial de trabajo y hacer investigación protegiendo la propiedad intelectual.

El Estado debe asignar una mayor parte del Presupuesto público a la función de CTI y hacer más eficiente el sistema de contratación estatal.

Expandir el trabajo de los CITEs, especialmente en regiones. Otorgar grants o fondos no reembolsables para financiar proyectos de innovación.

d) Canales de integración de los elementos del sistemaEl diseño institucional del sistema de CTI debe minimizar los costos de interacción entre ofertantes y demandantes de CTI. Se debe: Incentivar la creación de redes de trabajo en los encuentros de CTI. Dar

preferencia a redes en el otorgamiento de fondos concursables para investigación.

Desarrollar un sistema de información tecnológica, como “clearinghouse” de demanda y oferta de CTI.

Establecer oficinas de enlace empresarial en centros de investigación. Orientación de trabajos de tesis de postgrado hacia las demandas por CTI en las empresas.

Fomentar integración del sistema local con el sistema internacional de CTI mediante la incorporación de participantes de otros países en los encuentros nacionales de CTI.

Retos tecnológicos y estrategias de adaptación

El mercado de CTI es altamente dinámico y es necesario plantear estrategias de adaptación. El fomento de cadenas productivas y conglomerados puede acelerar el desarrollo de CTI. El Estado no debe buscar crear conglomerados directamente, sino apoyar las sinergias que se desarrollan naturalmente a partir de un ambiente propicio para la innovación. Se debe establecer mecanismos para la identificación, sistematización, apoyo y evaluación continua de conglomerados. Las propuestas de desarrollo de clusters deben provenir del sector privado, y pueden ser apoyadas por el Gobierno mediante la asignación preferencial de fondos concursables o grants.

Políticas de largo plazo: generación de liderazgo tecnológico

En el Perú, los sectores que parecen tener mayor potencial de generar liderazgo tecnológico son Procesadores y productores de recursos naturales, Desarrollo de programas informáticos (software), y Aplicaciones de la biodiversidad. Asimismo, se debe promover programas de “inteligencia comercial” y Prospectiva Tecnológica,

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para identificar tendencias tecnológicas y cambios estructurales en CTI, con el fin de permitir la adaptación y la generación de liderazgo tecnológico.

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. Más inversión para más empleo

El objetivo de que el Perú logre ser unos de los tres países más atractivos en América Latina para los inversionistas en el próximo quinquenio supone que esté en condiciones de continuar con un ciclo de crecimiento económico sostenido del PBI per cápita en por lo menos a 5% anual. El cumplimiento de este objetivo permitirá a su vez alcanzar un ciírculo virtuoso donde la expansión económica promueva a la vez, más inversión y mayor empleo y capacidad de compra de la población.

A la fecha, la deuda soberana del Perú tiene una clasificación de riesgo crediticio de BB de acuerdo con la empresa Standard & Poors, ubicándose a dos peldaños de la categoría de “grado de inversión”. De acuerdo con la empresa Fitch, el riesgo crediticio del Perú se ubica a una categoría de dicho “grado de inversión”.

En cualquier caso, la obtención de dicha categoría de riesgo a las obligaciones soberanas del país constituirá una garantía de credibilidad internacional sobre la orientación de las politicas aplicadas y actuará como un factor que aumente la inversión en el país.1 Esta mejora en la percepción de riesgo no se conseguirá en un año pues primeramente se deberán revertir debilidades de índole macroeconómica, mejorar el diseño y la aplicación de política económica así como garantizar su sostenibilidad en el tiempo. En el campo sectorial o microeconómico se deberá buscar una mayor eficiencia en el funcionamiento de los mercados y de mejor regulación (o mayor desregulación) en mercados específicos que así lo requieran de modo que contribuya a un mejor clima de inversión. Por tanto, un objetivo del próximo gobierno es consolidar la estabilidad macroeconómica, de tal forma que se alcance el “grado de inversión” como máximo antes de fines del 2007.

La salud macroeconómica

Por el lado monetario, tras un periodo de estabilización en durante los noventa, la adopción del esquema de metas de inflación en el 2001 permitió que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) consolide el nivel de la inflación alrededor de los estándares internacionales ayudado con la mayor fortaleza de la moneda nacional. Con ello, redujo considerablemente el riesgo que representó para la economía peruana los altos niveles de inflación registrados durante las décadas pasadas. Sin embargo, el cumplimiento de la meta de inflación planteada por el

1 Una primera versión, aún en revisión, de dicho estudio arroja un estimado US 24,005 millones.

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BCRP en los próximos años es una condición necesaria para consolidar la confianza de los inversionistas en el Perú.

Por el lado fiscal, debe privilegiarse la obtención de un supéravit fiscal en circunstancias de ingresos tributarios de naturaleza excepcional, de modo que permita la aplicación de políticas anti cíclicas cuando el entorno internacional sea menos favorable. Esto a su vez debe ser compatible con la reducción del endeudamiento del sector público, a un nivel inferior al 30% del PBI. Durante los últimos años se ha conseguido una reducción del déficit fiscal y un incremento de la presión tributaria. Sin embargo, ésta es todavía baja en comparación con los estándares internacionales y su evolución tuvo un matiz mixto, puesto que si bien se dieron avances a través de la introducción de reformas administrativas en los métodos de recaudación tributaria, por otro lado, también se dieron retrocesos a costa de la promulgación de un impuesto altamente distorsionante como es el ITF y del incremento en un punto porcentual del IGV, ambos con la promesa de su próxima desactivación.

Es claro que la tarea en materia tributaria es ardua todavía. La alta carga de impuestos sobre el lado formal de la economía es un escollo que promueve la evasión y elusión de impuestos, y con ello, la informalidad. En este sentido, la principal línea de acción gira en torno a la implementación de una reforma tributaria permita establecer un sistema universal, simple, equitativo y predecible, que amplíe y fortalezca la base de contribuyentes y no sobrecargue la actividad económica formal. Es necesario que se fortalezca y amplíe la base tributaria a través de la simplificación de la estructura y administración tributarias, de los beneficios tributarios vigentes, además de implementar un plan de fiscalización para combatir la evasión y elusión tributaria. Todo ello, respetando los principios básicos de la tributación (equidad, neutralidad y eficiencia).

A la par con lo anterior, resulta fundamental afianzar el manejo responsable del gasto público a través del cumplimiento de la regla descrita en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal del año 2001, de tal forma que se fortalezca la credibilidad y predictibilidad de la política fiscal. Para ello, se necesitan establecer dispositivos de control para el cumplimiento de la regla e incorporar mecanismos de sanción. De otro lado, la polémica experiencia de la estructura económica y financiera de la Carretera Interoceánica demuestra que se requiere mejorar la eficiencia y calidad del gasto e inversión pública a través del fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación previa y, especialmente, ex-post, de modo tal que se focalice la intervención del sector público en las áreas donde más se necesita.

El proceso de descentralización política en curso requiere la pronta adopción de sistemas descentralizados de evaluación y promoción de la inversión, el mismo que debe ir acompañado de una mayor interacción entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Por último, para complementar las políticas por el lado monetario y fiscal, se requiere fortalecimiento de la política y estrategia de apertura comercial a favor de una mayor integración a los mercados internacionales, de manera que se puedan expandir los destinos comerciales y se continúe con el ciclo expansivo observado de los últimos años, especialmente en el sector no tradicional. En este sentido, juegan a favor dos factores:

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(i) Establecer un programa unilateral de reducción del nivel y de la dispersión arancelaria. En este sentido, se plantea reducir gradualmente el promedio arancelario de 10.4% en promedio el año 2005 a 5% para el año 2010 a una tasa de 1% por año, sin aumentar la dispersión.

(ii) Establecer una agenda de integración con el mundo, para ello se requiere suscribir una serie de acuerdos de preferencia comercial, siendo las principales prioridades con Estado Unidos en el corto plazo (antes del 2006), con la Unión Europea (antes del 2008) y los principales socios comerciales.

El logro de estos objetivos consolidaría una mayor capacidad de reacción y eficiencia en el diseño de las políticas públicas en previsión del riesgo de una reducción en el dinamismo mundial, y que permita promover la continuidad del éxito del sector exportador, que está potenciando su efecto favorable en el empleo y bienestar de manera descentralizada.

Se trata por tanto de mostrar que el Perú puede seguir siendo un país atractivo para la inversión nacional y extranjera cuando el ambiente internacional favorable que se observó a partir del 2001 pueda cambiar de tendencia. De esta manera, se logrará continuar elevando el valor de los activos en el país en función de un mayor atractivo a la inversión, a la vez que se neutraliza la tendencia al incremento de las tasas de interés internacional a través de reducciones adicionales en el riesgo país de manera sostenible.

El clima de fomento de la inversión

La estabilidad en el crecimiento macroeconómico es un factor clave en la atracción de capital extranjero y de fomento de la inversión privada nacional, que de manera agregada (incluyendo la inversión grande, mediana y pequeña de empresarios nacionales) puede ser en volumen, aún mayor que la extranjera. Sin embargo, para el desarrollo de adecuado clima de inversión, entendido como el conjunto de factores propios de cada lugar que forjan las oportunidades y los incentivos para que las empresas inviertan en forma productiva, generen empleo y crezcan, es necesario que se cumplan con una serie de requisitos donde los gobiernos (Central, regional y local) ejercen una gran influencia en el clima para la inversión por su impacto en los costos, los riesgos y las barreras a la competencia.

El desarrollo de un clima de inversión no sólo beneficia a las empresas sino que beneficia a la sociedad en su conjunto y ya que incrementa la oportunidad para hacer negocios. Por ello es necesario promover las inversiones, preferentemente descentralizadas en regiones y localidades, así como priorizar la promoción de las inversiones que coadyuven a incrementar el empleo, la competitividad nacional y las exportaciones, conciliando los intereses nacionales, regionales y locales.

El clima para la inversión es fundamental para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Mejorar las oportunidades y los incentivos para que las empresas de todo tipo inviertan de forma productiva, generen puestos de trabajo y crezcan debería ser prioritario para los gobiernos. No se trata únicamente de incrementar el volumen de la inversión, sino también de estimular el aumento de la productividad, esencial para un crecimiento sostenido.

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Así, un clima propicio para la inversión no es aquel que únicamente genera utilidades al sector privado sino también permite mejorar la recolección de impuestos. Sin embargo, si el objetivo es mejorar los resultados para la sociedad en su conjunto, corresponde a las empresas asumir muchos de esos costos y riesgos. La reducción de las barreras a la competencia amplia las oportunidades, estimula la innovación y asegura que los beneficios del aumento de productividad se compartan con consumidores y trabajadores.

Así, es necesario que se implementen una serie de medidas que ayuden a profundizar las reformas a favor de la competitividad. Para lograr progresos no basta con modificar las políticas oficiales. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 90% de las empresas asegura que existen diferencias entre las normas oficiales y lo que sucede en la práctica y, en muchos países en desarrollo, más de la mitad de la producción tiene origen en la economía informal.

A fin de crear un clima más favorable a la inversión, los gobiernos deben salvar esas diferencias y abordar las causas más profundas del fracaso de las políticas, ya que esas mismas causas socavan el clima para la inversión. Específicamente, para el caso peruano las principales líneas acción para mejorar el clima de inversión gira en torno a mejor los siguientes puntos:(i) Reducir la incertidumbre respecto de las políticas públicas y reforzar la

credibilidad de las políticas a través de mecanismos de rendición de cuentas para que los empresarios confíen en ellas y decidan invertir así como fomentar la confianza pública necesaria para permitir y mantener las mejoras normativas a través de mesas de diálogo o consejos consultivos con aporte del sector privado.

(ii) Reducir las barreras de entrada a los mercados pues estas benefician a algunas empresas, pero privan de oportunidades a otras y también a los consumidores, e incrementan los costos para unas. A mayor presión de la competencia, la probabilidad de que las empresas adopten solucionen innovadoras se incrementa en sustancialmente. Así se debe fortalecer la competencia a través de normas claras y de aplicación transparente por los sistemas reguladores y del mercado y de las demás entidades del Estado.

(iii) Combatir la baja predictibilidad en la interpretación de las normas a través de la difusión de mejores prácticas .

(iv) Promover el ahorro interno a través de la libertad a la determinación de la tasa de interés y comisiones, junto con la mayor integración financiera al resto del mundo de modo que aumenten las fuentes de financiamiento para el sector privado.

(v) Exigir avances concretos en el funcionamiento eficiente, justo, predecible y oportuno del sistema judicial en la solución de conflictos, de tal forma que se reduzcan los costos vinculados a las dificultades para hacer cumplir los contratos. En este sentido, se tiene que establecer una política de acceso a la justicia y ampliación de la cobertura de los servicios en el Sistema Judicial. Para ello, se requiere potenciar y promover la conciliación y el arbitraje como un mecanismo de solución a litigios privado.

(vi) Combatir la corrupción y otras formas de captación de rentas que incrementan los costos y distorsionan las políticas, a través de la lucha frontal contra la corrupción en el sistema judicial y entidades del Estado.

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(vii) Mejorar la seguridad sobre las inversiones desde el punto de vista jurídico y combatir la delincuencia.

(viii) Mejorar la eficiencia para la integración del Perú al mundo a través de la política comercial, incluyendo la suscripción de acuerdos regionales de integración.

Mejorar el clima para la inversión es un proceso, no un hecho aislado. Las políticas y la actuación de los gobiernos que influyen en el clima para la inversión abarcan un campo muy amplio. Sin embargo, no es necesario solucionar todo al mismo tiempo, ni tampoco es imprescindible la perfección, siquiera en un aspecto de esas políticas. Se pueden lograr notables progresos abordando las limitaciones importantes que enfrenten las empresas, de modo que les infunda confianza para invertir, y generando un proceso de mejoras permanentes.

2. La brecha de infraestructura

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que merma la capacidad de desarrollo de la economía y la ampliación de mercados es la carencia de una infraestructura adecuada. La carencia o mala provisión de una infraestructura pública incide negativamente sobre el desarrollo económico. Esto es cierto de cara a la integración del Perú con el exterior, pero no es menos cierto para lograr mejorar las condiciones de acceso y de oportunidades comerciales de los pobladores del interior del país y su integración a los mercados nacionales.

Así, la carencia de infraestructura, por un lado, afecta a buena parte de la población, puesto que las familias afectadas tienen que realizar un mayor gasto para abastecerse de sustitutos más caros y menos eficientes, o simplemente, no privarse dicho consumo debido a no tener acceso a la modernidad.

De otro lado, una infraestructura deficiente también incide sobre el proceso productivo y el comercio internacional –afectando al sector empresarial- mediante la presencia de altos costos en el transporte, el mismo tiempo que afecta el precio de los productos importados y la competitividad de los productos de exportación. El problema repercute, a su vez, en los salarios porque las empresas podrían reducir los costos laborales para cubrir la pérdida generada por los elevados costos de transporte. De esta manera, la sociedad eleva sus costos de transacción debido a las mayores dificultades impuestas por una infraestructura ineficiente.

Según Adepsep, al 2001 la brecha de infraestructura de servicios públicos (transporte, telecomunicaciones, energía y saneamiento)en el país se estimaba en alrededor de US$ 18,163 millones, lo que representa cerca del 35% del PBI. De acuerdo con cifras preliminares, una actualización de dicho estudio recientemente realizada arroja un monto mayor2, debido a la incorporación de nuevos sectores antes no contabilizados adecuadamente.

Asimismo, es importante señalar que la mayor parte del déficit de infraestructura está ubicado geográficamente fuera de Lima. Así, es fácilmente presumible que la mayor incidencia de estos costos son asumidos por familias que en su mayoría son las más pobres.

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La falta de servicios de infraestructura adecuados se asocia a una menor productividad y costos de producción más elevados para los productores privados. De esta forma, una reducida red de carreteras y su deficiente condición de transitabilidad, una obsoleta infraestructura portuaria para las exigencias de la globalización y una baja calidad de los aeropuertos han elevado los costos del transporte y, en general, los costos logísticos; los mismos que a su vez inciden en una menor rentabilidad de los proyectos, lo que desincentiva la inversión privada, y por ende, limita la capacidad de crecimiento a tasas cada vez menores.

Existe suficiente evidencia empírica para demostrar que en América Latina la brecha de infraestructura ha desempeñado un rol importante en el distanciamiento del crecimiento económico con otras regiones, como el Sudeste Asiático. Así, mientras que las principales economías del Sudeste Asiático vienen implementando acertadamente desde hace varias décadas políticas a favor del desarrollo de la infraestructura, sus pares latinoamericanos, como el Perú, aún mantiene un rezago, el mismo que se traduce en una menor tasa de crecimiento potencial de la economía en su conjunto, dada las ineficiencias que se generan en el proceso productivo.

Son claros los beneficios que se pueden obtener a partir de una mejora de la infraestructura. En efecto, un estudio reciente del Banco Mundial señala que mejoras en la infraestructura en América Latina hasta alcanzar el nivel de Corea podría generar un aumento en el ingreso per cápita anual entre 1.4 y 1.8%, así como una reducción de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres entre 10 y 20%.

Las principales líneas de avance para el desarrollo de la infraestructura para desarrollar en el plazo de tres años deben apuntar a desarrollar acciones generales en torno a: Desarrollar un sistema integral de infraestructura que garantice una eficiente

inversión de los recursos públicos y privados. Para ello se requiere que la inversión en este rubro se consolide en al menos 3% del PBI, es decir en al menos US$ 1,800 millones al año, de los cuales por lo menos el sector público debiera aportar con 2% del PBI.3

Fomentar la participación del sector privado en la provisión de infraestructura de uso público mediante mecanismos como las concesiones y, en aquellos casos que requieran de un co-financiamiento estatal, mediante esquemas de Asociación Público - Privada (APP).

Generar incentivos para el desarrollo de competencia en servicios complementarios en el transporte aéreo y acuático.

Fortalecer el marco regulatorio e institucional para facilitar la participación de la inversión privada en la infraestructura de energía y telecomunicaciones del país, especialmente en zonas aún no cubiertas.

En los últimos años, la inversión pública ha sido la principal variable de ajuste en momentos de estrechez fiscal, manteniendo una naturaleza volátil y una tendencia a la baja. Frente a este escenario, es necesario que el gobierno evalué la implementación de una estrategia más agresiva de inversión en infraestructura, teniendo en cuenta al sector privado como un aliado para el logro de los objetivos trazados.

3 Una primera versión, aún en revisión, de dicho estudio arroja un estimado US 24,005 millones.

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Paralelamente, se debe proceder a mejorar la evaluación ex ante de la inversión pública a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como una herramienta destinada a fortalecer la dinámica institucional en los procesos de evaluación de proyectos de inversión pública y de garantías públicas. Su reforzamiento podría constituirse un mecanismo que coadyuvaría al mejor uso de los recursos públicos y, dado que el Estado no dispone de los recursos necesarios para financiar las inversiones requeridas, es necesario que el sector privado participe de modo activo en la inversión en infraestructura. No menos importante es la mejora en la capacidad de los recursos ya disponibles en los gobiernos locales por concepto de cánon y que a la fecha aún no pueden ser usados por la falta de un marco legal apropiado.

En un estudio reciente, el FMI encuentra que las Asociaciones Público-Privadas (APP) ofrecen ganancias de eficiencia en la construcción y en la provisión de servicios de infraestructura. Sin embargo, también reconoce que éstas ganancias están supeditadas a la existencia de un marco regulatorio que incentive la competencia y un marco institucional que respalde compromisos públicos creíbles, y de una adecuada gerencia y de legislación de apoyo.

De esta forma, el otorgamiento de una garantía busca alterar los incentivos que enfrenta el sector privado para invertir en proyectos de infraestructura. Sin embargo, las garantías otorgadas por los gobiernos en las APP pueden contribuir una fuente importante de riesgos fiscales, lo que puede imponer costos en el largo plazo al afectar negativamente la sostenibilidad fiscal. Estos problemas resaltan la necesidad de desarrollar una política con visión a futuro para regular el otorgamiento de garantías y se requiere promover un marco legal que regule las APP y un registro de los pasivos asociados a este tipo de operaciones.

Situación de la Infraestructura de Transporte

La inversión en infraestructura de transporte constituye un elemento fundamental para el sostén y desarrollo de actividades económicas y sociales en una nación. La infraestructura de transporte es importante puesto que permite:- Incorporar nuevas áreas de producción a la economía nacional- Impulsar actividades productivas, comerciales y de servicios.- Mejorar la integración y seguridad nacional.- Dinamizar intercambios comerciales con países fronterizos y actividades de

exportación

Actualmente, el Perú registra un escaso desarrollo en la infraestructura de transporte. Ello se debe fundamentalmente a la escasez de recursos por lado del gobierno para poder atender su expansión, así como para garantizar las condiciones de operación de la infraestructura existente.

El Perú sólo se invierte el 0.52% del PBI en infraestructura de transporte, cuando la recomendación del Banco Mundial, es que esta inversión alcance entre el 2% y 3% del PBI. Este constante déficit ha ido generando el deterioro de la infraestructura de los diferentes modos de transporte y limitaciones para su expansión por cuenta del Estado.

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Un diagnóstico realizado al sector infraestructura de transporte identifica los principales problemas: Inadecuada planificación y priorización de la inversión pública/privada Escaso margen de inversión infraestructura, respecto de lo recomendado por

organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID Falta de inversión para la expansión de la Red Vial Mala gestión de recursos destinados al mantenimiento de la Red Vial Paralización de la inversión pública/privada en puertos por la indefinición de la ley

de puertos Inexistencia de planes de desarrollo y la indefinición de políticas de participación

del sector privado en el sector aéreo.

Si bien este diagnóstico fue realizado por el Consejo Nacional de Competitividad a lo largo del año 2002, es poco lo que se ha avanzado a la fecha. Muchos de los problemas aún persisten y siguen representando una traba en el desarrollo de la competitividad.

En este sentido conviene destacar cada las principales líneas de acción en cada uno de los subsectores de la infraestructura de transporte:

Infraestructura vial

Actualmente, el Perú es uno de los países con menor tasa de construcción de carreteras en América Latina, mostrando cierto rezago y estando muy por debajo de los niveles alcanzados por Chile, México y Argentina. Al 2004, la Red Vial peruana tiene una longitud de 78,396 km., de los cuales el estado de las redes es mayoritariamente regular y malo. Las inversiones requeridas deberían permitir resarcir esta situación, a través de la rehabilitación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial existente.

La importancia de este subsector es clara. Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cerca del 90% del flujo de carga movilizada a nivel nacional se realizan a través del transporte terrestre. Con ello, representa alrededor del 14% de los costos logísticos totales. De esta forma, las principales labores a implementar en el corto plazo son: Mejorar la condición de las carreteras sobre la base de esquemas de inversión de

asociación público-privadas y contratos tipos BOT (Build, Operate and Transfer). Continuar con el proceso de concesiones de Redes Viales (dicho proceso se debe

diseñar, dentro de lo posible, desde una perspectiva intermodal; en particular, se debe priorizar el acceso terrestre a los puertos y aeropuertos).

Reforzar la capacidad del Estado para evaluar y manejar adecuadamente los proyectos bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

Infraestructura Portuaria

Los puertos son de vital importancia para el comercio, pues a través de ellos se moviliza el mayor porcentaje de exportaciones e importaciones del país. Desde esta perspectiva, la modernización de los terminales portuarios de uso público tiene especial importancia y resulta prioritaria, en particular si se considera que estos se

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caracterizan por poseer facilidades técnicas de uso múltiple. Así, la especialización de los terminales en algún tipo de carga (principalmente contenedores y granel sólido) exige tener un equipamiento e infraestructura específica que faciliten el tráfico de carga y de naves de manera eficiente y competitiva.En este contexto, es necesario que se tomen acciones a favor de la modernización integral del Puerto del Callao, principal puerto del país y uno de los más importantes en América del Sur. Actualmente, el Puerto del Callao registra uno de los más bajos índices de eficiencia portuaria respecto de los demás puertos de la región. Un problema importante específicamente al Puerto del Callao es la carencia de una infraestructura adecuada. Así, la falta de equipo moderno hace que existan limitaciones para adaptarse a la tendencia mundial del comercio marítimo en contenedores y la carencia de una faja transportadora de metales, que además de generar severos impactos a la salud pública, representa una pérdida de eficiencia en la manipulación de la carga.

En este sentido, se requiere acelerar el proceso de participación de la inversión privada en el Puerto del Callao de manera integral, a fin de evitar que decisiones de orden político conspiren contra la eficiencia del manejo portuario y ahuyenten la participación de operadores internacionales de prestigio. Se recomienda que la mejora de las vías de acceso hacia el puerto del Callao formen parte del programa de participación de la inversión privada, como un proceso adicional o paralelo. Una segunda línea de acción consistiría en incrementar la participación privada en infraestructura a través de la promoción de la concesión de puertos regionales de uso público, tanto en la costa (marítimos) como en la selva (fluviales), de tal forma que se minimicen los subsidios que actualmente incurre ENAPU y se garantice la eficiencia en el manejo de los puertos.

Infraestructura aeroportuaria

Actualmente, la situación de la infraestructura de transporte aeroportuario no dista mucho de lo reseñado anteriormente en los otros sectores de infraestructura, en donde aún persiste altos niveles de brecha de inversión, especialmente en los aeropuertos regionales.

Una de las principales características del transporte aéreo en el Perú es la alta concentración de movimientos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) de Lima. Tras un largo proceso de licitación, en febrero de 2001 se entregó en concesión del AIJCH a la empresa Lima Airport Partners (LAP). Este aeropuerto es la principal puerta de internacional de área del Perú, puesto que no compite con ningún otro aeropuerto del país en el tránsito hacia el extranjero. En efecto, el 99% de la carga y tráfico de pasajeros internacionales se hacen a través de este aeropuerto. Asimismo, concentró cerca del 63% de tráfico de pasajeros y 87% del tráfico de carga, al 2004.

De esta forma, la principal labor en el corto plazo apunta a incrementar la participación privada en infraestructura a través de la promoción de la concesión de aeropuertos regionales, de tal forma que se minimicen los subsidios públicos y garantice la eficiencia en este sector. Asimismo, se tiene promover la generación de incentivos para el desarrollo de competencia en servicios complementarios en el transporte aéreo.

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A mediano plazo, es necesario evaluar la redefinición de operaciones y organización de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). De tal forma que se reorienten las operaciones en tierra y se refuerce la capacidad técnica de las operaciones de aire, tales como el control del tráfico aéreo. En lo que se refiere al AIJCH, se deben tomar acciones orientadas a reducir obstáculos para el desarrollo y sostenibilidad de la Concesión del AIJCH a través de:(i) Habilitación de espacios para la necesaria expansión del AIJCH(ii) Integrar la planificación urbana y de carreteras con el proyecto del aeropuerto(iii) Mejorar la eficiencia de las instituciones del Estado que cumplen funciones en el

AIJCH

Asimismo, se puede destinar una parte de los recursos generados por la concesión del AIJCH al desarrollo de infraestructura aeroportuaria regional vinculada al impulso de las exportaciones o el turismo según proyectos a evaluar por el MTC.

Situación de la Infraestructura de Saneamiento

A lo largo de los últimos años, uno de los sectores que ha mostrado el mayor rezago por falta de inversión es el de servicio de agua potable y saneamiento. Los distintos indicadores de cobertura, calidad, eficiencia en la gestión y financieros continúan mostrando la misma situación preocupante.

Perú mantiene un retraso en el objetivo de dar una cobertura universal en todas las ciudades y, sobretodo, en áreas rurales. Así, si tenemos en cuenta la cobertura del servicio de saneamiento en el área urbana, éste llega 81% y 70% para los servicios de agua potable y saneamiento; mientras, que por el lado del rural el nivel de cobertura es crítico, dado que llega 63% y 30%.

El objetivo primordial que debe lograr el gobierno en el sector de saneamiento gira en torno al desarrollo de una estrategia que permita ampliar el nivel de cobertura del servicio de agua y desagüe en mejor calidad a un mayor número de ciudadanos. Para ello, es necesario que el gobierno elabore una estrategia de política financiera y un Plan de Inversiones Públicas para este sector en el corto plazo.

Asimismo, dadas las restricciones de índole fiscal, la participación privada es una necesidad para mejorar la situación actual de este sector, de tal forma que se promueva la inversión descentralizada en el tratamiento y cobertura del servicio de agua potable tanto a nivel urbano, como rural. En este sentido, se deben evaluar los cambios normativos necesarios para impulsar el desarrollo y definir los criterios de priorización de la entrada de la inversión privada en este sector. El reciente proceso de participación privada en saneamiento en Tumbes abre una posibilidad hacia el éxito en este sector que deberá ser imitado por otras localidades.

La calidad y el acceso al servicio de saneamiento es una necesidad que se debe ser una tarea compartida por el regulador y el ministerio. Ambos tienen que desempeñar un papel más activo en la coordinación con todas las agencias responsables. Además que se debe dotar a ProInversión de apoyo técnico para el desarrollo de procesos de participación del sector privado, incluyendo los aspectos de comunicación con la población y los alcaldes. Así, es necesario reforzar las

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atribuciones de la Sunass como ente regulador del sector de tal forma que se consolide en la supervisión y monitoreo de los operadores públicos y privados.

Situación de la Infraestructura de Energía

Si bien entre 1992 y 2004 el coeficiente de electrificación se incrementó de 47% a 78% gracias a la participación del sector privado en la expansión del sistema y mejoramiento de las políticas de distribución, el nivel de acceso a la energía, especialmente en provincias y zonas rurales, aún se mantiene por debajo del promedio de América Latina.

El consumo per cápita de energía eléctrica en el Perú es uno de los más bajos de la región. Lima posee el más alto coeficiente electrificación (99%) en 2004, seguido de Tacna (97.2%) y Arequipa (94.5%). En contraste, otras regiones menos desarrolladas como Cajamarca mantienen un bajo coeficiente (33%) en el mismo periodo. De esta forma, la principal labor del Gobierno debe apuntar a asegurar las condiciones para el crecimiento de la capacidad de generación eléctrica en el país teniendo en cuenta el mantenimiento de la seguridad de suministro como condición necesaria para atender los requerimientos de energía en un esperado entorno de crecimiento económico.

Tras el inicio de operaciones del Proyecto de Camisea, el uso del gas natural puede convertirse en un nuevo propulsor para el desarrollo de la economía, dado que esta fuente de energía es más barata, además de tener un menor impacto ambiental. Sin embargo, debe tenerse en cuenta también la necesidad de mantener el balance con la disponibilidad de recursos hidroeléctricos a fin de disponer de un parque generador balanceado y eficiente. En este sentido, se debe promover, por un lado, la inversión en generación eléctrica en base a gas natural en el corto plazo, mientras que desde una perspectiva de largo plazo se debe buscar incrementar la capacidad de generación eléctrica sobre la base de recursos renovables.

A pesar de que en los noventa se experimentó una mejora del sistema de transmisión eléctrico, se tienen que perfeccionar los esquemas de remuneración de modo que se asegure la sostenibilidad de la inversión en expansión del ámbito de cobertura y desarrollo del sistema interconectado nacional. Asimismo, es necesario que se refuerce el sistema en aquellos tramos en donde existe saturación en las líneas de transmisión eléctrica.

La distribución eléctrica ha avanzado significativamente en Lima, mostrando el éxito de la participación privada en el sector. Sin embargo, en provincias y en las áreas rurales, donde las redes de distribución son más caras y el consumo per cápita es más bajo, la situación mantiene todavía cierto atraso. Es en este punto donde deben estar orientados los esfuerzos para mejorar la infraestructura de distribución eléctrica. Para ello, se deben evaluar esquemas de asociación público-privada para ampliar la electrificación de zonas rurales, como un mecanismo para solucionar la escasez de recursos para incrementar el nivel de cobertura en estas áreas.

La distribución por ductos de gas natural de Camisea también ofrece un nuevo tipo de energía que requiere contar con los incentivos adecuados para expandir el

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servicio al segmento residencial de manera compatible con las características climáticas de las zonas concesionadas y teniendo en cuenta los costos de tender nuevas redes y adaptar las instalaciones existentes.

Infraestructura en Telecomunicaciones:

A lo largo de los últimos años, el sector de telecomunicaciones ha experimentado importantes cambios, tanto en el Perú como a nivel mundial. Las condiciones en el mercado han generado que las empresas incurran constantemente en un proceso de innovación, para lo cual han buscado firmar alianzas, optimizar canales de distribución y mejorar el uso de la infraestructura. Todo esto, con el objetivo de brindar servicios cada vez más modernos y con mayores aplicaciones.

La experiencia peruana nos muestra que los principales indicadores de desempeño del sector de telecomunicaciones han mostrado una ligera tendencia hacia alza, en especial en telefonía móvil. Sin embargo, este sector todavía presenta una penetración de servicios inferior a los niveles logrados en otros países de la región como Chile, Colombia y Brasil, por lo que los niveles de cobertura no alcanzan los estándares de la región.

En este contexto, es claro que uno de las principales tareas pendientes es el aumento de la penetración de la telefonía fija, con el objetivo de lograr el acceso universal al servicio de telefonía. Para ello, es necesario con políticas regulatorias menos discrecionales y más predecibles, evitando decisiones gubernamentales que reduzcan los incentivos para la expansión del servicio buscando un balance entre la inversión requerida y el costo de los servicios en las zonas rurales.

El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) (establecido sobra la base de aportes de las empresas del sector) busca proveer el servicio de telefonía en las zonas rurales. Se espera que en los próximos dos años Fitel financie por lo menos dos proyectos de telecomunicaciones a nivel rural. De otro lado, si bien en los últimos años la telefonía móvil ha mostrado un mayor dinamismo que la telefonía fija, gracias al ingreso de nuevas empresas, entre otros factores, es necesario señalar que la densidad de este servicio está ampliamente concentrado en Lima (40.2 líneas por 100 hab. versus 7.7 fuera de ella).

La concentración de la actividad económica en Lima es sin lugar a dudas la principal barrera para la expansión a provincias. En este sentido, se deben promover incentivos para el desarrollo del mercado de telefonía móvil, de tal forma que las empresas desarrollen nuevas estrategias con el objetivo de aumentar el nivel de la penetración, así como fomentar la generación de más servicios de valor agregado por parte de las empresas de modo que la población pueda beneficiarse del acceso a las tecnologías de la información.

Por último, la expansión del acceso a Internet a través de las cabinas públicas es un elemento distintivo del desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú que debe ser reforzado.

3. Costos Logísticos

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Actualmente, los costos logísticos que tienen que afrontar los empresarios peruanos son excesivamente altos. En promedio el Banco Mundial estima que éstos bordean el 34% del valor de los productos transados, ubicándose muy por encima que los costos de otros países de la región como Argentina (26%), Brasil (24.3%) y Chile (14%). Si bien el mejoramiento de la logística y la integración de cadenas de oferta son actividades típicamente privadas a nivel de las empresas, los gobiernos tienen la tarea de facilitar un nivel de básico de infraestructura y de promover un marco regulatorio que promueva estos objetivos.

La presencia de altos costos logísticos en el Perú repercute severamente sobre la producción nacional, ya que resta competitividad en el mercado internacional. Es claro, que la reducción de estos costos generaría un impacto positivo en varios sectores productivos a través de una expansión de la demanda (por un menor precio) y un mayor nivel de empleo (para satisfacer la mayor demanda). En efecto, un informe del Banco Mundial4 señala que de reducirse los costos logísticos de 34% a 20% podría lograrse un incremento del empleo en los sectores de agroindustria (6%), madera y muebles (16%), textiles (5%), y cuero (15%), Mientras que en la minería se generaría un incremento del empleo de 2.5% y un aumento de la demanda de 10%.

De esta forma la estrategia para la reducción de costos logísticos debiera tener en cuenta los siguientes puntos críticos:(i) Simplificación del número de procedimientos y trámites aduaneros;(ii) Mejoramiento de la calidad de la infraestructura de transportes; y(iii) Desarrollo del transporte ínter modal.

Procedimientos y trámites aduaneros

Actualmente, el tiempo de espera en el trámite aduanero en el Perú, se encuentra muy por encima de nuestros pares latinoamericanos como México y Brasil. Para lograr su cometido y promover el flujo oportuno de mercaderías que requiere un moderno comercio internacional, la aduana tiene como función fundamental el generar información eficiente que organice, etiquete, permita la navegación y permita ser accesada con facilidad, en tiempo real, aplicando sistemas de búsqueda que integren bases de datos internas y externas. El objetivo es que los distintos usuarios puedan encontrar y gestionar la información necesaria de manera efectiva y al mínimo costo. Esta función le permite al Estado proveer transparencia al sistema y contribuir con el control de la evasión fiscal.

De acuerdo con un estudio reciente del Mincetur, las principales amenazas estratégicas de la operatividad aduanera son: - La cultura recaudatoria dominante en la Sunat soslaya el rol facilitador del

comercio en las aduanas del país.- La organización cerrada de Sunat no favorece la comunicación fluida con la

comunidad privada de comercio exterior.- Existe un marco regulatorio formal divorciado de la práctica diaria y en el que

priman criterios discrecionales.

4 De acuerdo con un estudio reciente del CNC, se recomienda que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuente con al menos un presupuesto para la inversión en infraestructura de alrededor 1.5% del PBI.

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- Existe el requerimiento de un levado porcentaje de aforo (35%) y demora en la resolución de expedientes.

Bajo este contexto, la estrategia general para mejorar el sistema aduanero debe partir por priorizar la mejora de la eficiencia en recaudación, en control y facilitación del comercio exterior. Para ello las acciones a tomar en el corto plazo son: Agilizar los trámites aduaneros a través de la automatización de los procesos de

despacho e inspección. Reducir los costos de transacción, especialmente en términos de tiempo,

vinculados a las operaciones de comercio exterior. Compatibilizar la Ley de Aduanas y su reglamento con la Ley del Sistema

Portuario Nacional para agilizar procesos, principalmente en lo referente a los temas de tránsito.

Promover la competencia para la reducción en los costos de las operaciones de servicio a la nave, así como la de los servicios a la carga tanto en el transporte acuático como en el aéreo.

Mejorar la fiscalización y los incentivos del sector de transporte terrestre de pasajeros y carga.

Facilitar la coordinación con el sector privado de carga para la búsqueda de soluciones en pasos de frontera, mediante:- El desarrollo de una mayor coordinación y homogenización de los trámites

fronterizos a todos los países de la región con la finalidad de que se simplifique y se reduzca el número de horas de espera en los pasos de frontera.

- Capacitar al personal de frontera para la correcta aplicación de las normas vigentes e implementar sistemas electrónicos de información.

- Facilitar la coordinación con el sector privado de carga para la búsqueda de soluciones en pasos de frontera.

La calidad de la infraestructura de transporte.

Tal como se reseñó en el capítulo anterior, existe una amplia brecha en la infraestructura de transporte, la misma que repercute seriamente sobre los costos logísticos. En línea con lo anterior, puede argumentarse que existe una relación importante entre la infraestructura de transporte y la eficiencia de los servicios sobre los costos de transporte. Se ha demostrado que los fletes dependen de factores adicionales a las distancias o al peso de los productos transportados. El estado de las carreteras, la infraestructura portuaria y aeroportuaria, la capacidad de los almacenes, entre otros temas afectan el tiempo y, por lo tanto, el costo del producto final.

La infraestructura de transporte se encuentra interrelacionada entre los distintos sectores. Es decir, si se quiere promover el comercio internacional con los demás países, no solamente es necesario adecuar la infraestructura portuaria, sino que además se requiere mejorar el estado de las carreteras que están involucradas en el traslado de los productos, así como reducir la demora en los servicios que se brindan en el transporte. La inversión en infraestructura es una condición necesaria para tener servicios de calidad, eficientes y de mayor cobertura. Sin embargo, requiere de un marco institucional adecuado y un entorno regulatorio claro y estable, y transparencia en las decisiones públicas.

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El panorama de la red vial peruana tiene serias incidencias en los costos de transporte terrestre. En un estudio realizado por Bonifaz y Ramos (1998), se calculó que el ahorro anual alcanzado en la ruta Lima – Trujillo entre 1992 (cuando las carreteras estaban deterioradas) y 1997 (cuando la mayoría se encontraba en buen estado) fue de US $75 millones cuando se evaluaron costos operativos; mientras que el ahorro total fue de US $108 millones. Dado que estos ahorros se calcularon exclusivamente sobre la base de la mejora en el estado de las carreteras, se puede concluir que el mantenimiento adecuado de las carreteras tiene un impacto significativo sobre la economía del usuario del transporte terrestre.

El efecto de la mala situación de las carreteras peruanas, respecto a otros países, se ve reflejado en los costos de operación del transporte carretero. Así, mientras que España tiene un costo operativo de US $0.34 por kilómetro recorrido, en el Perú este es casi el doble (US $0.62). En el caso de Bolivia y Colombia el costo es de US $0.97 y US $0.55, respectivamente. Esta situación repercute en el nivel de competitividad del país debido a que el bajo nivel de infraestructura vial aumenta el tiempo de traslado de los productos y, por lo tanto, eleva los costos de transporte. Adicionalmente, si se toma en cuenta que la mayor parte de la carga es trasladada por este medio hacia los centros de infraestructura (puertos y aeropuertos principales), se deriva un requerimiento de inversión sobre las redes viales a nivel nacional.

Por último, es necesario tener en cuenta que además de una adecuada provisión de la infraestructura de transporte se requiere fomentar el desarrollo de terminales logísticas y multimodales. De modo tal que crear ejes integrados sobre los principales puertos internacionales que se constituyen como puntos de distribución y acopio. Para ello se requiere fomentar en paralelo a los procesos de concesión el desarrollo de un eje integrado alrededor de los principales puertos, priorizando en el corto plazo el puerto del Callao; de modo tal que se fomente el desarrollo de la infraestructura de terminales logísticas y multimodales.

En línea con lo anterior, el Puerto del Callao es una prioridad en el corto plazo debido al volumen de carga que representa del volumen de comercio internacional. De esta forma se requiere reducir en por lo menos 50% el tiempo de demora en la movilización de carga de la sierra a los principales puertos de la costa. Para ello, se requiere solucionar los “cuellos de botella” sobre la base de incentivos a los operadores de los puertos. Por último, es necesario reforzar la participación del INDECOPI, de forma tal que los servicios de transporte se presten en condiciones de libre y leal competencia, impidiendo que se produzcan prácticas anticompetitivas en la cadena logística.

El desarrollo del transporte multimodal

El Perú cuenta con un gran potencial basado en sus dimensiones geoestratégicas que lo ubican y caracterizan como un país marítimo, andino, amazónico y con proyección geopolítica bioceánica. La ubicación central y occidental del Perú en América del Sur, favorece su posición de nudo natural de comunicaciones terrestres, ferroviarias, marítimas y aéreas, facilitando el tráfico comercial y turístico recíproco en toda la región, constituyéndose en un pivote y centro estratégico para las comunicaciones terrestres, ferroviarias, fluviales, marítimas y aéreas de esta parte

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de América. Para lo cual, se requiere de un adecuado sistema de seguridad y defensa nacional.

Una operación de comercio exterior tradicionalmente demanda múltiples contratos. En este sentido, el transporte multimodal es una alternativa simplificadora y más competitiva, al permitir que una mercancía pueda ser trasladada desde su origen hasta su destino con un solo contrato de transporte; de esta manera, se gana en atención técnica de la carga, menores costos de transporte y frecuencias sincronizadas.

De esta forma, el exportador/importador trata con un solo operador de transporte multimodal que se encarga del embalaje, la consolidación de contenedores adecuadamente estibados, la transferencia intermodal, el transporte efectivo por los diferentes modos, carga y descarga, almacenamiento, trámites e inspecciones aduaneras. Bajo este contexto, el bajo nivel de calidad y cobertura, y la falta integración en la infraestructura de transportes son los principales problemas para el desarrollo del operaciones multimodales.

Es de entrever que las principales líneas acción a favor del desarrollo de la infraestructura portuaria sería: Garantizar la provisión de la infraestructura calidad bajo todas sus modalidades:

terrestre, acuático y aérea. Fomentar el desarrollo de la infraestructura de terminales logísticas y

multimodales. Para ello se requiere priorizar en el corto plazo, el desarrollo de un eje integrado alrededor del Puerto del Callao.

Fomentar el desarrollo de competencia de transporte intermodal. Apoyar el desarrollo e implementación de los ejes de integración multimodal

transoceánicos de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).

REGULACIÓN DE MERCADO, ROL DEL ESTADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Regulación del mercado, rol del Estado y eliminación de barreras burocráticasLa intervención del Estado en los mercados puede tomar múltiples facetas y estar sustentada en el logro de objetivos diversos, como los siguientes:

Regulación en el mercado:

Tiene un rol rector de actividades económicas y puede abarcar las siguientes áreas:- Regulación de monopolios naturales, que son usualmente las actividades de

servicios públicos cuyas características técnico económicas hacen poco viable la participación de mas de un proveedor. Es decir, un monopolio natural ocurre cuando la producción de un bien tiene un menor costo si es realizada por una sola empresa.

- Regulación prudencial, que es generalmente establecida para resguardar los intereses del público ante la existencia de diferencias en la información que

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manejan empresas y consumidores. Por ejemplo, en los sistemas bancarios y de pensiones, los consumidores tienen poca capacidad de vigilar el riesgo de las inversiones que realizan las empresas. Luego, el Estado debe delimitar de manera clara las responsabilidades y obligaciones de los operadores de cara a los consumidores.

- Regulación administrativa, que es entendida de manera amplia como el conjunto de barreras administrativas emitidas por distintas entidades del Estado para la entrada, ubicación u operación de iniciativas privadas en algún mercado. Por ejemplo, los procedimientos administrativos para la entrada o salida de una empresa del mercado.

Rol empresarial del Estado:

Es entendido como la participación directa del Estado como proveedor en determinados mercados y donde resulta necesario adecuar su participación actual con el rol subsidiario que la Constitución le otorga, pues es necesario hacer un balance de los privilegios y capacidades que el Estado posee para la actividad empresarial.

De esta manera el Estado debe centrar su accionar en actividades donde la rentabilidad de proveer los servicios no es suficiente para incentivar la inversión privada. Por lo tanto, no debe distraer su accionar en actividades que pueden ser conducidas más eficientemente por el sector privado. Por ejemplo, las actividades en las que el Estado debe concentrarse son, entre otras, las relacionadas a los sectores de Salubridad, Seguridad social (pensiones), Seguridad pública, etc.

Regulación de Monopolios Naturales

En la década del 90, el Perú comenzó un proceso de reformas estructurales en los sectores de infraestructura donde el antiguo modelo de operación estatal fue reemplazado por otro modelo basado en participación privada, competencia y regulación por incentivos. Este esquema se sustentó en los siguientes elementos: La creación de marcos regulatorios modernos que promuevan la participación del

sector privado en actividades de infraestructura previamente reservadas al Estado.

La creación de agencias reguladoras independientes del poder político, autónomas en su presupuesto y sujetas a rendición de cuentas, con el objetivo de simular la competencia en monopolios naturales. El objetivo subyacente de dicha regulación es maximizar el bienestar de la sociedad.

La separación de las cadenas de actividades de las industrias con estructuras monopólicas, buscando mantener la libre operación del mercado en las áreas competitivas.

Diferentes modalidades de implementación de políticas regulatorias como legislación específica y mecanismos de atracción de inversiones (contratos ley, contratos de estabilidad jurídica, entre otros).

Ahora bien, ¿cuál es la razón principal para regular el sector infraestructura? La respuesta se encuentra principalmente en la capacidad de una empresa (o grupo de ellas) para colocar un precio mayor al precio que prevalecería en competencia. Esto es una falla de mercado que se conoce como poder de mercado que se da en el

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abastecimiento de servicios de infraestructura y que es generada por la existencia de un reducido número de operadores o empresas. Como resultado, los usuarios pueden el terminar pagando un precio excesivamente alto por el servicio o este puede ser prestado en cantidades y condiciones menores a los deseables.

¿Por qué no existen más empresas en la provisión de servicios públicos? Los servicios públicos tienden a ser monopolios naturales porque una sola empresa puede aprovechar mejor la escala de producción y el uso de insumos comunes en la provisión del servicio.

La escala de producción se deriva de la necesidad de construir redes para la provisión del servicio público (por ejemplo, redes de transmisión, distribución, alcantarillado, etc.), cuyos costos son tan altos, que resulta ineficiente que se duplique su construcción. Asimismo, el uso de insumos comunes en la provisión de dos o más servicios permite disminuir costos, como por ejemplo se presenta en el sector de telecomunicaciones, donde las redes de telefonía local (diseñadas para el servicio de llamadas locales) son utilizadas también para las llamas de larga distancia.

Entonces, el monopolio natural hace necesaria la intervención del Estado para regular la provisión de los servicios públicos, ya que una empresa monopólica no regulada no tiene incentivos para cobrar un precio competitivo, reducir costos o mejorar la calidad de su servicio. Por ello, el monopolista tiende a obtener beneficios mayores que los de una empresa competitiva, lo cual tiene como contraparte un menor beneficio para el consumidor. Luego, el Estado debe intervenir a través de la regulación, para lo cual dispone de una serie de instrumentos: fijación de tarifas (o colocando un tope de tarifa) fijación de cargos de acceso a cobrar a los usuarios especificación de requerimientos mínimos de calidad del servicio definición de los niveles de inversión requerida, supervisión del desempeño y costos de las industrias sujetas a regulación.

Sin embargo, en países con una institucionalidad frágil como el Perú, los activos enfrentan riesgos de expropiación por parte del gobierno. Luego, este modelo debe estar acompañado por un diseño institucional donde el Estado cumpla con su rol promotor de la inversión privada en la infraestructura de servicios públicos, a la vez que brinde un tratamiento adecuado a las empresas existentes y a potenciales entrantes. Las soluciones de estos problemas se encuentran en el diseño institucional, por ejemplo, el establecimiento y cumplimiento de reglas claras a ser implementadas y mantenidas en el tiempo.

Un objetivo del Estado es promover la difusión de los servicios públicos a nivel nacional a fin de ampliar el número de ciudadanos con acceso a la modernidad. A la fecha se encuentran limitaciones muy importantes en la cobertura de servicios públicos en los siguientes aspectos: Existe una mayor penetración de los servicios de telecomunicaciones y

electricidad en Lima y en las principales capitales de departamento identificándose dificultades importantes para su alcance en áreas rurales. Comparativamente, el reto es mayor para los servicios de saneamiento ( que es un sector que recién está siendo abierto a la iniciativa privada y que, fuera de la

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ciudad de Lima, se encuentra bajo competencia de los gobiernos locales) que permanece a la zaga frente a otros servicios públicos donde participa el sector privado.

La evaluación comparativa de los niveles de precios de telecomunicaciones y electricidad muestra que, desde el inicio de la participación privada en el sector, han evolucionado a un ritmo inferior que los del servicio de saneamiento al tiempo que ha aumentado la cobertura de telecomunicaciones y electricidad a nivel nacional desde los inicios de la inversión privada a un ritmo sustancialmente mayor. En concreto, la población atendida por el sector privado creció más rápidamente y con menores incrementos reales que los ofrecidos por el sector público.

Las áreas rurales se caracterizan por bajos niveles de consumo asociados a ingresos más bajos pero además requieren costos de inversión y operación más altos que son más difíciles de amortizar en el tiempo. Los importantes montos de inversión requeridos en infraestructura, las posibilidades de rentabilidad privada en determinados segmentos de mercados y el fracaso de la gestión de empresas públicas convierten al sector privado en el agente principal en la provisión de servicios públicos e infraestructura.

La regulación de servicios públicos debe establecer un balance adecuado entre la promoción a la inversión privada, la provisión de servicios a precios competitivos a usuarios actuales así como generar incentivos para que los operadores privados extiendan su cobertura a áreas no servidas de modo que se favorezcan a los no usuarios. Ello va a requerir la evaluación de políticas de subsidio focalizado a fin de proveer servicios públicos y el establecimiento de una legislación adecuada que facilite el tendido de redes e infraestructura en áreas semi-urbanas y rurales

En este sentido, ¿qué orientación debe tener la regulación de este tipo de actividades para promover el aumento de cobertura? ¿cómo deben estar organizados los organismos reguladores e Indecopi, como agencia defensora de la competencia?

La regulación en la provisión de los servicios públicos debe buscar:- Evitar conductas que castiguen o expropien a través de medidas regulatorias el

capital invertido pues la regulación puede ser utilizada como mecanismo para expropiar las rentas a las empresas reguladas, por ejemplo, cuando se impone una tarifa para atender a los no usuarios que genera un retorno insuficiente a la empresa. Esta expropiación se produce cambiando las reglas de juego de la relación contractual y politizando la fijación de tarifas, ya que la provisión de los servicios públicos tiene la característica de ser un servicio de consumo masivo que puede tentar a los gobiernos de turno a ganar popularidad disminuyendo las tarifas a niveles que pueden no permitir a las empresas reguladas recuperar las inversiones realizadas.

- Promover la expansión de los servicios públicos a un mayor número de consumidores, creando las condiciones necesarias para la atención a los no usuarios. Si existen políticas de subsidios, se debe privilegiar la atención de los que no tienen acceso a los servicios, antes que sean dirigidos a los que ya lo poseen o no lo necesiten.

- El correcto diseño institucional de los organismos reguladores es un elemento fundamental en defensa de la sostenibilidad y perfeccionamiento de las reformas pro-mercado en el área de los servicios públicos. Debe incluir mecanismos que

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permitan a los organismos reguladores cumplir las funciones de proteger a los consumidores de las empresas monopólicas y de proteger las inversiones de las acciones oportunistas de los gobiernos. En este sentido los lineamientos de políticas que el gobierno debe tener en cuenta los siguientes elementos: La independencia presupuestal, funcional y operativa de los organismos

reguladores de los gobiernos de turno y de los grupos de interés. El establecimiento de requisitos transparentes y exigentes para la elección del

Presidente y miembros de los Consejos Directivos basados en la idoneidad para el cargo, como la experiencia profesional y estudios en campo regulatorio y plazos definidos de su mandato, asegurando también su necesaria estabilidad en el tiempo, dedicación a tiempo completo y su independencia frente a las empresas o usuarios.

Profesionalización del personal, a través de reclutamiento de funcionarios altamente calificados para labores de regulación, con remuneraciones adecuadas.

Transparencia en el desarrollo de las actividades de los organismos reguladores, rendición de cuenta de sus actividades y la responsabilidad por las acciones y decisiones tomadas a través de mecanismos como las audiencias públicas, supervisión del ejecutivo, congreso y de la sociedad civil.

La reducción del grado de discrecionalidad de los organismos reguladores puede establecerse mediante la pre publicación de sus planes de trabajo u objetivos de tal manera que sirvan como una guía para el sector privado de las áreas de trabajo de dichas instituciones y que contribuya además a otorgar predictibilidad a los administrados.

El tratamiento de discrepancias entre empresas reguladas de propiedad estatal y los reguladores tiene un tratamiento asimétrico frente a las existentes con empresas privadas sometidas a regulación. Desde este punto de vista se genera también el riesgo de posible competencia desleal.

Debe buscarse la reducción del grado de discrepancia sobre los procedimientos de cálculo de las tasas de descuento regulatoria para los distintos servicios públicos supervisados por distintos organismos reguladores.

Debe extenderse a todos los organismos reguladores la práctica de Osiptel de publicar oportunamente la agenda y actas de sus sesiones de Consejo Directivo.

Durante los últimos años se ha venido incrementando el número de robos y actos de vandalismo contra la infraestructura de servicios públicos (cables, paneles solares, luminarias, tubos, postes, teléfonos públicos, antenas, fibra óptica y otros equipos) afectando la continuidad del servicio, afectando la calidad de vida de la población y elevando los costos de operación. Estas conductas deben tipificarse y sancionarse adecuadamente.

Regulación prudencial

Un elemento central otorgado al Estado en la Constitución a través del Banco Central de Reserva es el mantenimiento de la estabilidad monetaria como elemento central. Adicionalmente, el BCR ha hecho explícito su esquema de metas de inflación en un rango de 2.5% +/-1% como objetivo de largo plazo, manteniendo simultáneamente un régimen de tipo de cambio flexible pero con participación del BCR para suavizar las fluctuaciones excesivas.

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El BCR ha cumplido satisfactoriamente con el control de la inflación los últimos años pero ha aumentado crecientemente su participación en el mercado cambiario a través de un aumento sostenido de la emisión de Certificados de Depósito del BCR para esterilizar su intervención en un entorno de alta entrada de capitales. Por ello surge la discusión de sí dicha intervención resulta justificada en reducir la flexibilidad del tipo de cambio frente a un fenómeno de corto plazo o lo está haciendo frente a un fenómeno de mercado de mayor duración y que por el contrario, debe dejar acomodarse a la economía a las nuevas condiciones.

Otro ámbito de participación del Estado es su participación como regulador del sistema financiero en el entendido que una característica del sistema financiero es que las transacciones entre los consumidores y las instituciones se encuentran sujetas a problemas de información asimétrica, tanto desde el punto de vista de los consumidores como en las decisiones de crédito o inversión. Por ello, el rol del Estado en los mercados financieros, además de promover estructuras de mercado competitivas y de mayor integración al mundo debe establecer regulación prudencial sobre las instituciones financieras que fomente la eficiencia de la intermediación financiera para reducir el costo del financiamiento (tasa de interés) y el margen financiero, así como amplíe el tamaño del mercado (volumen del crédito).

Por ello se debe mantener como principio fundamental la libertad para la determinación de las tasas de interés y comisiones, a fin que se fomente el aumento del ahorro interno. Paralelamente, ello permitirá que a través del comportamiento del mercado, en condiciones de competencia, se verifique un mayor acceso a financiamiento a las empresas y familias, a tasas de interés que reflejen adecuadamente el riesgo de cada operación.

Sin embargo, la eficiencia en la intermediación financiera requiere a su vez la mejora en el sistema de ejecución de garantías, pues el hoy vigente en el Perú tiene un marcado sesgo de protección excesiva al deudor, desincentiva el crédito y eleva las tasas de interés. Para ello se requiere una revisión y modificación profunda del régimen legal de ejecución de garantías en el Perú de modo que incentive el crédito y reduzca el riesgo de las operaciones financieras, abaratando su costo. La experiencia reciente de los juzgados comerciales parece estar logrando avances en este sentido.

Paralelamente, se debe velar por la adecuada solvencia de las instituciones financieras y, revisar, si en dicha dirección contribuye la alta cobertura del Fondo de Seguro de Depósito de manera compatible con su concepción para reducir el riesgo en el sistema bancario. Adicionalmente, se ha identificado los últimos años un aumento en el rol intervencionista del estado como partícipe directo del mercado financiero. Esto se refleja a través del cambio en la orientación del Banco de la Nación observado en los últimos años hacia una participación más activa en la colocación de créditos de consumo, amerita una evaluación si está compitiendo lealmente con el sector privado, pues tanto la cobertura de sus agencias como la centralización de las planillas estatales en dicha institución le otorga una ventaja competitiva en la red de distribución y acceso a colateral. La atención concedida por el Legislativo a la operación del Banco Agrario abona en dicha dirección si bien su rol ha sido más restringido.

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El entorno regulatorio del sistema financiero requiere reforzar la protección legal para los funcionarios de la SBS, así como una adecuada estructura que permita la no interferencia de otros órganos jurisdiccionales (Poder Judicial). En este sentido, es indispensable la protección ante iniciativas de terceros, respecto a la responsabilidad personal e institucional de los supervisores por sus acciones de buena fe, realizadas en el cumplimiento a las labores de supervisión.

El mercado de capitales peruano muestra aún una escasa profundidad, pese al impulso dado por los inversionistas institucionales. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es fundamentalmente un mercado de negociación secundaria. En ambos casos, la necesidad de recuperación de la inversión privada, actuará como un elemento que permita canalizar el aumento en los ahorros contractuales, especialmente los provistos por el sistema privado de pensiones.

El fortalecimiento del mercado de capitales pasa, entre otros factores, por acrecentar la confianza de la comunidad inversora nacional e internacional respecto a la autonomía y capacidad de supervisión de CONASEV. Esta institución debe mantener su independencia, mejorar su estructura de gobierno, garantizando a la vez una suficiente y eficiente protección a los inversionistas, especialmente los minoritarios, promoviendo los principios, prácticas y recomendaciones del buen Gobierno Corporativo. Paralelamente, Conasev y el Ministerio de Economía deben promover un aumento en el número de empresas listadas en la Bolsa de Valores, un aumento en el número de nuevas empresas que emitan papeles de deuda en el mercado de capitales así como la reactivación de la Bolsa de Productos.

En el caso específico del sistema privado de pensiones, concebido como un régimen de capitalización individual, donde los fondos de cada afiliado deben incrementarse mensualmente por los nuevos aportes y la rentabilidad generada por las inversiones del fondo acumulado, se enfrenta hoy una situación de sobre regulación en especial por el BCR en contraposición con un régimen de mayor promoción a la diversificación de riesgo como el propuesto por la SBS.

En la medida que, en el mediano plazo, el ritmo de crecimiento de los fondos institucionales seguirá siendo superior al de la emisión de activos financieros de bajo riesgo, la posición del BCR puede generar mediante limitaciones excesivas a la diversificación del portafolio que deben ser analizada desde el punto de vista del consumidor, que en este caso es el afiliado, bajo el objetivo central de creación del SPP como una fuente de acumulación de pensiones dignas. Resulta imprescindible enfocar el problema enfocada a través de una estrategia integral que amplíe las posibilidades de inversión de los inversionistas institucionales, en especial al exterior. De esta manera, el BCR debe elevar gradualmente al 20% el límite a las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior.

En el lado favorable, se ha dispuesto la aplicación de fondos múltiples para los aportantes del Sistema Privado de Pensiones, de modo que sea posible reflejar las distintas opciones del consumidor en función de su percepción de riesgo. Paralelamente, el aumento en la flexibilidad de los traspasos de los afiliados al SPP debe ir de la mano con incentivos para un aumento de la cobertura del sistema, a fin de evitar un incremento no deseado en la estructura de costos de la industria.

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En el mercado hipotecario es notable la participación del Estado a través del Programa Mi Vivienda, que ha favorecido la expansión de este tipo de crédito mediante la canalización de un subsidio a la tasa de interés. Si bien el programa ha tenido éxito, resulta indispensable su evolución a una estructura sostenible en el tiempo y que garantice la permanencia de este tipo de crédito en el mercado. Una opción en este sentido, dado el alto grado de liquidez del sistema financiero, es evolucionar hacia la provisión de sistemas de seguros parciales de crédito.

Barreras administrativas

Las entidades del gobierno central establecen un conjunto de requisitos y barreras administrativas para la operación del sector privado. Este conjunto de dispositivos es sumamente amplio y contempla aspectos de prestación de servicio, seguridad, sanidad, respeto al ambiente, temas tributarios, laborales, entre otras. Dada su profusión y la multiplicidad de agentes participantes, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de la iniciativa privada requiere un adecuado balance en las medidas administrativas impuestas por el gobierno central, regional y los gobiernos locales para la instalación ( barreras a la entrada al mercado), ubicación (barreras de localización) u operación de negocios (barreras operativas) y su costo para la actividad privada.

Estas barreras administrativas consisten en la aplicación de procedimientos de índole diversa pero de aplicación sumamente especifica en algunos casos. Suponen una amplia gama desde aquellos que son necesarios de manera general para la constitución formal de un negocio, como los aplicables a una actividad económica específica debido a sus características propias. La naturaleza de estas barreras puede obedecer a disposiciones del gobierno central, como a las de gobiernos regionales o locales. En estos últimos casos además, puede existir el riesgo de criterios o cobros diferenciados para el mismo tipo de decisión privada debido a la naturaleza local de algunos de ellos.

En ese sentido, si bien algunas de ellas son necesarias a veces pueden ser equivocadas, múltiples y excesivamente costosas. Además, en tanto dependen de la capacidad discrecional de funcionarios públicos, algunas veces pueden ser un incentivo a prácticas corruptas en la medida que los procedimientos no sean explícitos o se restrinja la aplicación del silencio administrativo a favor del interesado.

Lamentablemente el campo de acción del Estado y las labores de seguimiento y monitoreo y cumplimiento de las barreras administrativas normalmente se ejercen sobre el sector moderno de la economía que resulta con una carga desproporcionadamente alta mientras otros productores perciben rentabilidad en la evasión de dichos requisitos mínimos establecidos. Desde este punto de vista, la existencia de barreras excesivas puede configurar situaciones de competencia desleal en algunos mercados y generar además incentivos para el desarrollo de actividades informales, entendida esta última como un concepto más amplio de evasión de los requisitos administrativos impuestos por el Estado.

La respuesta a esta competencia desleal inducida por el Estado requiere la modificación de la estructura de incentivos para el desarrollo de los negocios de

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manera que se aumente el atractivo por la formalidad. Medidas en este campo suponen aspectos como los siguientes: La participación de entes representativos del sector privado a través de consejos

consultivos en las instancias respectivas del gobierno central a fin de identificar la razonabilidad de los costos derivados de las barreras administrativas impuestas por el Estado

Prepublicación obligatoria de normas por el Estado a fin de recoger opiniones de los interesados

Benchmarking de mejores prácticas para la promoción de la iniciativa privada en los gobiernos regionales y locales.

Fomento al mayor desarrollo del sistema financiero y la mayor penetración del crédito de modo que promueva la mayor formalización de las empresas.

Estudios recientes del Banco Mundial muestran que las barreras administrativas en el Perú comparado con otros países de América Latina se sitúan en un rango alto de costo para la iniciativa privada, actuando más bien como un freno al crecimiento económico. Entre estas destacan los costos para establecer un negocio, en comparación con otros países de la región. Similar resultado se percibe en los costos de cierre de negocios o de cumplimiento de contratos. Por ejemplo, según el estudio de “Doing Business 2005” del Banco Mundial, en el Perú se encuentran las siguientes deficiencias: La creación de un negocio demanda 10 procedimientos y consume 102 días en

promedio, que casi el doble del promedio de la región. La operación de un negocio demanda 19 procedimientos (25% más al promedio

de la región) y requiere alrededor de 200 días para su cumplimiento. Las transacciones de importación y exportación en el Perú requieren un

significativo mayor número de documentos y firmas de funcionarios que las existentes en el promedio de la región

A nivel de los gobiernos locales muchas veces el establecimiento de barreras administrativas para la constitución de negocios y empresas representa un aspecto negativo adicional en el sentido que penaliza a las zonas más pobres. Además, se han detectado abusos significativos por parte de los gobiernos locales de la facultad coactiva para el cobro de multas, en especial contra empresas de servicios públicos o de mayor tamaño relativo, incluyendo entidades del estado. Existe evidencia que en algunos casos se han establecido esquemas corruptos en algunos gobiernos locales a fin de actuar ilegalmente contra las empresas formales.

Estudios recientes sobre los procedimientos municipales básicos en Lima Metropolitana muestran que los costos administrativos son usualmente más costosos en las municipalidades ubicadas en la periferia de Lima que en las ubicadas en zonas más modernas. Por ejemplo, Según la investigación de Ciudadanos al Día (CAD) el municipio de San Juan de Lurigancho con 15 requisitos es el más engorroso para la emisión de una licencia de funcionamiento y exige casi cuatro veces más que los municipios que menos requisitos ponen como Miraflores, Santa María y Santa Rosa que tienen 4 requisitos. Además, CAD señala también que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho es la que más trámite exige a los contribuyentes para abrir un establecimiento con un total de 15 requisitos; en segundo lugar, aparecen la Municipalidad de San Bartolo y Villa María del Triunfo con 12 pasos.

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Igualmente existe una amplia disparidad en los costos de trámites similares en distintas jurisdicciones municipales. De acuerdo a la investigación de CAD, el municipio que menos cobra por Licencia de Funcionamiento es la Municipalidad de La Punta en el Callao con S/. 170, monto que es cerca de seis veces menor que Jesús María que cuesta S/. 960, que es el municipio más caro en la obtención de la Licencia de Funcionamiento. La existencia de estas barreras administrativas genera así un doble efectivo negativo en el bienestar y el empleo debido a que: Elevan innecesariamente los costos para la instalación de servicios públicos y

ahuyentan la iniciativa para el desarrollo formal de los negocios en especial en las zonas más pobres.

Configuran una estructura regresiva en la distribución de ingresos pues penalizan a la población más pobre.

Limitan la generación de ingresos de los gobiernos locales en la medida que su base gravable también disminuye.

Las responsabilidades en el aumento de la transparencia en las decisiones del sector publico y del avance la formalización de las empresas son tareas de mediano plazo pero cuyo desarrollo debe requerir la designación de un funcionario responsable sobre la misma. Dado que se requiere que dicho funcionario tenga capacidad de interactuar con las distintas entidades del Gobierno Central, se sugiere que sea designado en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el encargo específico de promover la formalización de las empresas.

De manera paralela, la Ley 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la competitividad de los agentes económicos, ha complementado y fortalecido las capacidades de la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi en tanto cubre un vacío legal respecto a su capacidad para eliminar barreras. Ahora, si al término del plazo de treinta días, el Consejo de Ministros, los Concejos Municipales o los Consejos Regionales no se pronuncian, la barrera burocrática o actuación administrativa declarada ilegal o irracional por dicha comisión será eliminada automáticamente, y en caso de insistirse con su aplicación, los afectados podrán presentar una acción de cumplimiento en la vía judicial. En los casos que las entidades de Gobierno Central insistan en mantener la barrera burocrática identificada, el Indecopi interpondrá una demanda de Acción Popular en la vía judicial; en tanto que el encargado será la Defensoría del Pueblo si los Concejos Municipales o Consejos Regionales insisten en el mantenimiento de las mismas.

La superposición de funciones administrativas entre los entes reguladores / fiscalizadores y las municipalidades generan mayores costos privados y retrasan las inversiones. En este contexto, resulta clave identificar las iniciativas que disminuyan la superposición de responsabilidades administrativas y fiscalizadoras entre el Indecopi, Gobierno Central, Organismos Reguladores y las municipalidades. Para ello es necesario que en la imposición de barreras administrativas por el Estado se mantenga la aplicación de los siguientes elementos conceptuales: Fiscalización posterior: en tanto privilegia la libertad y honestidad del ciudadano

en su relación con el estado sin dejar de lado la fiscalización ex post como elemento de control.

Silencios administrativos: en tanto se mantiene el principio que la demora de la administración pública no puede penalizar al ciudadano, actuando así el silencio administrativo de manera positiva.

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Simpleza: en el sentido que debe privilegiarse la orientación al ciudadano como cliente

Uniformidad : en el sentido que procedimientos similares deben tener requisitos de cumplimiento similares en los distintos lugares del país.

Predictibilidad. En el sentido que los ciudadanos estén informados de los procedimientos y requisitos.

Para ello el Consejo nacional de Competitividad (CNC) ha identificado como tareas prioritarias para los próximos años las siguientes: Crear un sistema único de simplificación de trámites en áreas prioritarias para la

reducción de costos y aumentar la productividad empresarial, y que tenga un enfoque sectorial.

Hacer un estudio de factibilidad de la creación de ventanillas únicas y definir la creación progresiva de un sistema de ventanilla única. La creación deberá hacerse a través de “sistemas de integración” entre dos o más instituciones en un solo punto de atención al público.

Implementar procesos de inscripción electrónica de negocios y las herramientas del gobierno electrónico por etapas.

Promover la utilización de páginas web como medios de difusión de los trámites. Fortalecer la capacidad de acción de la Oficina de Gestión Pública como ente

promotor de la simplificación de trámites. Crear Registro Unificado de Trámites del Estado que detalle las funciones de los

distintos entes públicos.

Un área de gran interés es el referido a las compras del sector público pues el estado, a través de sus múltiples dependencias, es tal vez el principal comprador de bienes y servicios ofertados por el sector privado. De esta manera, los procedimientos previstos para las adquisiciones del sector público muchas veces son engorrosos y están diseñados como elementos que, en su afán de proteger el uso de los recursos públicos, pueden generar situaciones en las cuales el Estado compra caro y mal. Para ello el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) ha identificado como tareas prioritarias para los próximos años las siguientes: Simplificar e informatizar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado. Evaluar la reactivación de la Bolsa de Productos. Fomentar procesos de compras de menor cuantía por Internet. Implementar gradualmente un sistema de compras corporativas mediante

programas piloto. Eliminar requerimiento de contenido mínimo de producción peruana en programas

sociales.

Establecer la devolución de costos en el caso de impugnaciones que se declaren fundadas por los funcionarios de la entidad estatal.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

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1. Marco general de la política en Ciencia, Tecnología e Innovación

a) Lineamientos generales

La innovación y el desarrollo tecnológico es uno de los más importantes promotores del crecimiento económico y el desarrollo humano. Por lo tanto, esta área debe ser tratada como una política de Estado, mediante el establecimiento de una política integral de fomento que se sostenga en el tiempo, pues una parte importante de los beneficios son de largo plazo.

Ahora bien, la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) no es un bien en si mismo. En realidad, el interés de la sociedad en la CTI se desprende de las aplicaciones que esta puede tener en hacer más productivas a las empresas o mejorar la calidad de vida de las personas. De hecho, por CTI no se entiende solamente creaciones de nuevas tecnologías o productos, sino que también se incluye el desarrollo de procesos productivos para minimizar costos, sistemas para mejorar la relación con los clientes, manejo logístico, estrategias de entrada a nuevos mercados, desarrollo de marcas, mejor manejo de riesgos, mejor manejo de inventarios, etc. En ese sentido, involucramos todo tipo de innovación que aumente la productividad o competitividad de una empresa y redunde en un mayor bienestar para la población, ya sea mediante precios más bajos o productos de mayor calidad y variedad.

Sin embargo, se ha concluido que el área de CTI es una donde la intervención del Estado puede ser bastante útil. Múltiples trabajos han demostrado que la CTI es una actividad económica que genera externalidades positivas, es decir, crea beneficios para otros miembros de la sociedad, y no solo para las personas que la desarrollan. Por ejemplo, el desarrollo del Internet y otras tecnologías de la información no solo han beneficiado a las personas que las desarrollaron, sino que han permitido que casi todas las demás empresas aumenten sustancialmente su productividad.

El problema es que las externalidades generan lo que se conoce como fallas de mercado, que son situaciones en las cuales el equilibrio de libre mercado puede no proveer la cantidad que es óptima del bien desde un punto de vista social, sino que se produce una cantidad menor. En esos casos, las políticas del Estado pueden ser útiles, por ejemplo, mediante subsidios que incentiven una mayor producción de CTI.No obstante, se debe ser siempre cuidadoso al implementar una estrategia basada en la intervención estatal, pues del hecho que el mercado libre no asigne de forma óptima en esta situación, no se desprende necesariamente que el Estado lo vaya a hacer mejor.

En ese sentido, la literatura especializada ha planteado que la política óptima de fomento de CTI debe estar basada en un enfoque sistémico, es decir, el fomento de un “sistema de CTI”. El sistema de CTI consiste en cuatro elementos: Una “cultura de innovación” en la ciudadanía, que actúa como base del sistema al

auto generar los incentivos para que las personas busquen y demanden un contexto apropiado para el desarrollo de CTI.

La demanda por bienes y servicios de CTI, especialmente del sector empresarial privado.

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La oferta de bienes y servicios de CTI, es decir, el aparato técnico para el desarrollo de la investigación y la innovación.

Canales de integración de los elementos del sistema, que sirven para evitar la fragmentación y fallas de mercado derivadas de la falta de información.

Cada uno de estos elementos es imprescindible. Una política integral de fomento de CTI debe primero distinguir las deficiencias que existan en cada uno de estos elementos, y luego fortalecerlos conjuntamente. Por ejemplo, si un país tiene una fuerte base educativa va a poder generar el capital humano que permite desarrollar la oferta de CTI; pero si la demanda por dichos servicios es débil, entonces es previsible que ese capital humano emigre del país. Alternativamente, se puede pensar en un país que tiene tanto una demanda potencial como oferta de CTI desarrollados, pero que dichos elementos se encuentran fragmentados, por ejemplo, por fallas de información que hacen excesivamente costoso que las empresas conozcan las capacidades disponibles en los centros de investigación.

Ahora bien, el énfasis de la política de CTI debe ser generar un ambiente propicio para la innovación, por ejemplo, mediante esquemas que incentiven el desarrollo de CTI e impulsen las sinergias que ocurren naturalmente entre las empresas que participan en dicho proceso; en lugar de que el Estado busque crear directamente tales sinergias.

Por otro lado, el desarrollo de CTI es un proceso, y como tal existen fases. Por ejemplo, los países desarrollados tienden a encontrarse en la frontera de la ciencia, algo que se encuentra ligado a su nivel de desarrollo económico. En cambio, para países como el Perú resulta más eficiente asimilar las tecnologías que ya han sido desarrollas en esos países, en lugar de tratar de “inventar la rueda” otra vez.

Si bien la política de CTI requiere de ciertos instrumentos más específicos que presentaremos más adelante, como prerrequisito el país debe contar con una serie de “cimientos”: Estabilidad macroeconómica, política y social. Siendo la CTI una actividad de por

si riesgosa, considerando que sus resultados son altamente impredecibles, es necesario que el contexto económico, político y social no exacerbe dichos riesgos.

Apertura económica y fomento de la Inversión Extranjera Directa. La apertura comercial y los flujos de capitales de largo plazo son dos medios que facilitan la importación y adaptación de tecnologías foráneas. Además, se ha encontrado que las empresas más expuestas a competencia extranjera tienden a hacer un uso más intensivo de capital humano y de CTI.

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Promoción de la libre competencia y marco regulatorio apropiado. La libre competencia estimula la innovación pues fuerza a las empresas a mantenerse en la frontera en lo que respecta a procesos productivos y calidad de sus productos. Asimismo, los consumidores son más exigentes respecto de la calidad y el precio de los bienes y servicios que consumen, lo cual también estimula la innovación.

Fortalecimiento de derechos de propiedad. La innovación tecnológica requiere protección de la propiedad intelectual, con el fin de garantizar que los beneficios de su creación lleguen a los inventores, estimulando más innovación.

b) Diseño institucional de la política de CTI

El primer paso se encuentra en el diseño institucional de la política nacional de CTI. En la actualidad, el ente encargado de la CTI es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), el cual se encuentra adscrito al Ministerio de Educación. Lamentablemente, en su estado actual, dicho ente no parece tener las capacidades y recursos necesarios para poder llevar a cabo una política integral de fomento de CTI.

En ese sentido, es necesario reforzar el Concytec. Dado que este ente ya tiene cierta experiencia en el manejo del tema sería ineficiente comenzar desde cero, creando una nueva institución. Más bien, se debe partir de la base que existe en Concytec y construir sobre ella los instrumentos necesarios para implementar políticas más eficaces.

El problema de la ubicación en el Ministerio de Educación se encuentra en que la entidad encargada de la política en CTI debe coordinar y ejecutar políticas que corresponden a varios tipos de funciones, no solamente la educativa. Como veremos, el Concytec debería coordinar funciones a nivel laboral, financiero, educativo, salud, administrativo, competencia y regulación, etc.; con el fin de implementar una política integral. También deberá coordinar proyectos con gobiernos subnacionales. Asimismo, como entidad adscrita al Ministerio de Educación, Concytec carece de la autonomía y la influencia política que necesita, lo cual se refleja en la poca importancia que se le ha asignado como política de Estado a la CTI. Por ello, es necesario reubicar al Concytec en otro estamento del Estado donde pueda tener mayor “peso político”, autonomía y capacidad de coordinar políticas en varios niveles del Estado.

En este punto hay varias alternativas que se pueden discutir, pero nuestro planteamiento es que Concytec debería ser una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta alternativa tiene la ventaja de que, en su concepción, la PCM es un ente coordinador, lo cual es apropiado para la labor que debe desempeñar el Concytec. El punto esencial es que se dote al Concytec de un rango político que facilite que la CTI sea ejecutada como una política de Estado y que tenga capacidad de coordinar efectivamente las acciones del Estado, con soporte político a sus iniciativas.

Sin embargo, el estamento político no es condición suficiente. El Concytec debe tener capacidad de proponer y hacer seguimiento de las políticas y acciones planteadas de forma eficaz. La mejor manera de hacer esto es difundir la gestión por resultados como mecanismo de administración pública. En ese sentido, Concytec

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debería establecer planes de trabajo anuales con indicadores verificables. Dicha institución ya tiene experiencia en este tipo de planes, por ejemplo, la aprobación de su Plan Estratégico Institucional 2004-2006. Es necesario reforzar estas iniciativas y, sobretodo, al Congreso y a la ciudadanía les cabe el rol de exigir y fiscalizar el cumplimiento de los puntos planteados en los planes anuales. Es decir, las instituciones públicas como Concytec deben rendir cuentas de sus actuaciones.

Por otro lado, los recursos financieros de los que dispone Concytec no son suficientes para ejecutar un plan integral de fomento de CTI. Como veremos, una de las más importantes tareas que debe desempeñar el Concytec se encuentra en el financiamiento de concursos de investigación, propuestas de investigación y becas de estudio, las cuales no pueden ser bien ejecutadas con el presupuesto actual. La propuesta de presupuesto 2006 para el Concytec es de apenas S/. 13 millones en total, de los cuales cerca de S/. 7 millones son realmente para las actividades de difusión de conocimientos científicos y tecnológicos, promoción e incentivos en ciencia y tecnología y políticas de desarrollo científico y tecnológico.

Es evidente que el Estado peruano no tiene recursos para financiar grandes aumentos en el presupuesto del Concytec sin atentar contra las metas de política fiscal o realizar reasignaciones de gasto que pueden ser políticamente inviables. No obstante, no es necesario que los recursos provengan de la caja fiscal, mas bien, lo recomendable sería que buena parte del financiamiento provenga de fuentes como la Cooperación Técnica Internacional. Para ello es necesario que el Concytec esté en capacidad de coordinar la atracción de fondos con entes como la Cancillería, la cual debería ser en principio el ente coordinador de los esfuerzos por atraer cooperación técnica internacional. Por supuesto, el manejo presupuestario del Concytec debe estar sujeto a parámetros de transparencia y rendición de cuentas. Cabe destacar a este respecto que como producto del alza de precios de las materias primas las universidades del país han recibido transferencias importantes de dinero cuyo correcto uso debe potenciar las capacidades de las mismas.

Por lo tanto, el marco institucional de la política de CTI se debe plasmar en la entrada en funcionamiento de un ente formado a partir de la base de Concytec, con un marco legal reformado, recursos recibidos suficientes y el desarrollo de planes anuales de trabajo con gestión por resultados.

Por otra parte, existen otro tipo de problemas con el diseño institucional de la política de CTI, ligados a la interacción de Concytec con otras instituciones del Estado con injerencia directa o indirecta en la función de Ciencia y tecnología. Para comenzar, es necesario precisar planes de coordinación con instituciones con mandatos similares o complementarios como son el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Por ejemplo, este último ya tiene, como parte de su Plan Nacional de Competitividad, una serie de propuestas útiles en el área de CTI. Es necesario incorporar esas recomendaciones, pero sobretodo garantizar que las acciones que puedan desarrollar el CNC y el Concytec no se traslapen ni ocurra duplicidad de funciones, pues ello incrementaría innecesariamente los costos de las políticas de Estado.

Asimismo, se debe potenciar las capacidades de legislar en CTI que tiene el Congreso. En la actualidad, las propuestas de CTI en el Congreso se discuten al

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interior de la Comisión de Educación, algo que ocasiona problemas similares a los que se tiene en el Poder Ejecutivo, con el Concytec ubicado en el Ministerio de Educación.

Finalmente, se debe discutir los mecanismos de participación ciudadana. Esto es particularmente importante en el área de CTI porque se debe coordinar los esfuerzos tanto de empresas demandantes de innovación como de centros de investigación. Así, los involucrados en el proceso de desarrollo de CTI deben tener influencia en las políticas que se ejecuten en esta área. Por ejemplo, se debe garantizar la presencia en el directorio de Concytec de gremios relacionados al área de CTI. La efectividad de esta política podría ser verificada mediante el número de iniciativas de entidades relacionadas a CTI incluidas en el plan de trabajo de Concytec.

2. Elementos del sistema de CTI

a) Desarrollo de una cultura de innovación en la ciudadanía

El primer elemento del sistema de CTI es el fomento de una cultura de innovación en la ciudadanía. Este elemento es la base misma del sistema, pues es de las propias empresas privadas y ciudadanos de quienes tiene que provenir el impulso para innovar. El rol del Estado solo puede ser el de un facilitador o catalizador de las propuestas privadas y de propiciar los medios para que las iniciativas del sector privado fluyan con mayor facilidad. De nada puede servir dotar al país de un ambiente propicio para la innovación si el sector privado no está interesado en innovar.

¿Qué impulsa a las empresas a innovar? La actividad de CTI es altamente riesgosa, costosa, sus resultados son mayormente impredecibles y, en ocasiones, incluso si la actividad es exitosa, puede ser difícil proteger a nivel intelectual el flujo de ingresos derivados de la innovación realizada.

Por ello es difícil pensar que en un entorno donde no hay competencia, las empresas tendrían mayor incentivo para innovar. A priori, no parece haber razón para que una empresa que tiene asegurado su mercado, invierta en una actividad como la CTI, pues hacerlo probablemente no le va a incrementar sus ganancias, pero sí sus costos. Además, en un mercado con poca competencia, la oferta usualmente es restringida y de baja calidad. En ese caso, los consumidores no están acostumbrados a exigir de las empresas productos de calidad a precios competitivos porque la oferta para ello simplemente no existe.

En cambio, en un mercado altamente competitivo y de cara al exterior las presiones de los competidores incentivan a las empresas a desarrollar nuevas procesos productivos, innovar para reducir costos, crear nuevos productos, etc. También, la presión del consumidor es mayor, pues un consumidor acostumbrado a una oferta variada y de calidad es un consumidor exigente, tanto en términos de calidad como precio. Efectivamente, una encuesta realiza por The Economist Intelligence Unit en 2004 a ejecutivos de empresas confirma que las dos principales razones por las cuales las empresas invierten en innovación es por presión de los consumidores y por presión de los competidores.

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Por lo tanto, es fundamental fomentar un entorno propicio para la libre competencia en el mercado. Como ya mencionamos antes, una manera es abrir al país a la competencia del comercio exterior. Además, es necesaria una política de competencia apropiada, en el sentido de que debe balancear dos objetivos: La política de competencia debe ser suficientemente dura como para evitar

colusiones y prácticas de abuso monopólico. La política de competencia debe ser suficientemente flexible para permitir la

colaboración entre empresas en el proceso de desarrollo de CTI. Por su propia naturaleza riesgosa y costosa, muchas veces resulta más eficiente que las empresas junten recursos, reduciendo costos unitarios y difuminando el riesgo en el proceso de innovación. Es por ello, que ciertas innovaciones tienden a realizarse en la forma de joint ventures u otro tipo de asociaciones de empresas. La política de competencia debe reconocer estas ventajas y fomentarlas, sin permitir que estas lleven a colusión o abuso.

Nótese que un mercado competitivo no es necesariamente aquel donde hay muchas empresas operando. En muchos casos, puede ser suficiente la existencia de la amenaza de ingreso de nuevas empresas al mercado si es que la empresa en operación llegase a abusar de su posición de dominio. Por ello, es importante minimizar las barreras a la entrada al mercado y reducir el costo administrativo de creación de empresas. Asimismo, el fomento de la competencia también incentiva que los consumidores sean más exigentes. No obstante, también son necesarias políticas específicas para inculcar una “mentalidad innovadora y competitiva” en la población; es decir, una población propensa a innovar y que valora los desarrollos científicos y sus aplicaciones.

El desarrollo de una cultura de innovación y calidad es una política de largo plazo que debe empezar en las escuelas desde los primeros grados de enseñanza. Por supuesto, aquí el Concytec tendrá que coordinar esfuerzos con el Ministerio de Educación. La política busca la difusión de ferias de ciencia en escolares y la mejora de la enseñanza de matemáticas y ciencias naturales en los colegios. Los problemas de calidad de la educación peruana son particularmente agudos en estas materias. La eficacia de esta política se puede verificar, por ejemplo, mediante el número de participantes en ferias escolares de ciencia y tecnología.

Asimismo, se debe establecer y difundir Encuentros Nacionales de CTI y Ferias de Conocimiento entre empresas y centros de investigación como espacios de información, intercambio y experimentación sobre CTI. Dicha política se puede verificar según el número de participantes en los encuentros. Estos encuentros no tienen que ser solamente generales, y más bien pueden ser también de tipo sectorial, con el fin de atender mejor las necesidades específicas de cada tipo de empresa o sector productivo.

También se deben desarrollar y difundir premiaciones a la innovación y experiencias exitosas en CTI, siguiendo ejemplos como el Premio Creatividad Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En este punto, los medios de comunicaciones pueden cumplir un rol como difusores de las innovaciones que se realice.

b) Potenciar oferta de CTI

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El segundo elemento del sistema de CTI es el lado de la oferta. El objetivo de este elemento es poner a disposición de los potenciales demandantes un aparato técnico con las capacidades de realizar avances significativos en CTI, entre los que se incluye a los investigadores, científicos, centros de investigación, universidades, laboratorios, institutos tecnológicos, etc. La oferta de CTI debe dinámica, flexible y debe tener capacidad de adaptarse fácilmente a cambios en el contexto económico y tendencias tecnológicas. De lo contrario, los conocimientos y desarrollos que realicen serán pronto obsoletos.

Es necesario que la educación básica que se imparte sea flexible, en el sentido de que enseñe capacidades de aprender, más que conocimientos establecidos. Luego, es necesario que el mercado laboral sea flexible porque el cambio tecnológico exigirá adaptaciones frecuentes del aparato productivo; es decir, a medida que se van creando nuevos productos, ciertas especialidades y empleos podrían perder demanda y otros crecer. Un mercado laboral rígido dificulta que se llegue a un equilibrio entre los empleos que demandan las empresas en sectores en bonanza, con los empleos que se puedan perder en sector en declive.

Por lo tanto, el catalizador del lado de la oferta de CTI es el mercado laboral. Es importante que Concytec coordine políticas con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, con el fin de lograr los objetivos planteados.

Capital humano y política educativaEl Gobierno debe fomentar la creación de capacidades necesarias y la acumulación de capital humano en la población para el desarrollo de la CTI. Ello debe hacerse por fases, tomando en cuenta que el desarrollo tecnológico es un proceso. En ese sentido, primero se debe asegurar la creación de capacidades para absorción de conocimiento aplicado, especialmente mediante el mejoramiento de la educación escolar. Una buena manera de medir los avances en esta área se encuentra en el puesto ocupado por los estudiantes peruanos en pruebas estandarizadas a nivel internacional. Luego, es necesario desarrollar capacidades para la generación de conocimiento aplicado. En este punto es necesario mejorar la educación en las universidades, especialmente aquella impartida en facultades de ingeniería y ciencias aplicadas.

Pero, ¿cuáles son las políticas apropiadas para lograr una mejora significativa en los índices de educación, tanto a nivel escolar como universitario? Por supuesto, el Concytec no es el ente responsable de las políticas educativas ni de la mejora en la calidad del capital humano. La responsabilidad cae en el Ministerio de Educación y gobiernos subnacionales que tienen a su cargo el servicio educativo, pero es responsabilidad del Concytec hacer llegar a dichos entes las necesidades específicas que se tiene en el fomento de la CTI, respecto de la política educativa.

El eje de una política educativa apropiada para el sistema de la CTI es fomentar la competencia y calidad en el mercado educativo. Otros se han enfocado en problemas de oferta, y plantean la necesidad de ampliar el presupuesto del sector, construir colegios, aumentar salarios a maestros, entre otras medidas. Estas medidas están bien, pero no son suficientes. Es necesario fomentar competencia en el mercado educativo. Un ejemplo interesante es el mercado educativo norteamericano, pues las universidades de Estados Unidos siempre lideran los

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rankings de universidades en el mundo. La principal razón de la alta calidad de la educación en Estados Unidos se encuentra en el ambiente altamente competitivo que existe entre sus instituciones educativas.

Por lo tanto, se debe tomar el modelo norteamericano como uno a imitar. Por ejemplo, mediante el establecimiento de concursos públicos por recursos para investigación y un programa de apoyo a las formulación de proyectos de innovación entre las universidades. Dichos fondos serían complementarios a las transferencias que se hace a las universidades, pero tendrían el objetivo de incentivar el mejoramiento de la calidad educativa. Un indicador de esta medida puede ser el monto de fondos otorgados mediante concurso público. El control de calidad del uso de dichos fondos se encuentra en el mismo proceso de arbitraje de propuestas de investigación.

Asimismo, siempre que se eleve la calidad de la educación, podría ser necesario establecer pagos parciales de pensiones en las universidades públicas para que reflejen mejor el real costo de la educación que se brinde. Como contrapartida, el Estado debe estar en la capacidad de expandir significativamente el sistema de becas, préstamos y otros sistemas de financiamiento de estudios de individuos con necesidades económicas, siempre sobre la base de méritos académicos y con un sistema organizado y eficiente. Por supuesto, ello implica un fuerte aumento en el gasto, pero que no necesariamente tiene que provenir enteramente del Tesoro público, sino que puede ser financiado sobre la base de cooperación técnica internacional. Dicha política se puede verificar según el monto de las becas otorgadas y/o el número de estudiantes beneficiados.

Se debe levantar las restricciones que puedan quedar sobre la autonomía financiera de las universidades públicas, de tal manera que las universidades puedan decidir las partidas en las cuales usaran las transferencias que se les asigna. Dichas transferencias deben ser independientes de los montos que las universidades puedan conseguir por fuente propia, de manera que no se castigue las iniciativas de fondeo autónomo.

Asimismo, es necesario hacer una revisión de las currículas de las carreras, especialmente aquellas en ingeniería y ciencias aplicadas, y en universidades públicas, con el fin de acreditar que el proceso educativo es apropiado a las necesidades del mercado.

Otra propuesta útil para propiciar competencia en el mercado educativo es la difusión de información sobre las necesidades del mercado laboral; es decir, características de la demanda y oferta laboral por carrera (salarios promedio, número de empleos generados, etc.); y de la calidad de las universidades, por ejemplo, mediante la difusión de sistemas voluntarios de certificaciones o acreditación de universidades y colegios y rankings que evalúen la calidad de la educación. Ello debe complementar con los esfuerzos que se hagan para lograr la certificación voluntaria de los programas educativos y centros de enseñanza. En comisiones del Congreso de la República se ha debatido en los últimos meses varias propuestas de ley para crear un sistema de acreditación, aunque ninguna de las propuestas ha pasado al pleno. Sin embargo, la mayoría de esas propuestas corren el riesgo de crear un sistema con un enfoque excesivamente “legalista”,

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cuando lo apropiado es crear los incentivos para que los propios centros de investigación busquen activamente certificar sus servicios mediante la difusión de información. Dicho sistema de información podría ser operado por el Estado y debería contar con un portal de libre acceso electrónico a la información.

Por otro lado, en el Perú también se pueden encontrar referencias de experiencias útiles en el proceso educativo. Un ejemplo es el curso de extensión del Banco Central de Reserva del Perú, el cual es utilizado anualmente como medio para reclutar personal con altas calificaciones, pero también como mecanismo de difusión de conocimientos avanzados, especialmente entre estudiantes provenientes de universidades de provincias. Este curso ya está siendo replicado en otras instituciones públicas como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y los organismos reguladores. Así, los institutos tecnológicos públicos5 deben desarrollar sus propios cursos de extensión, con el objetivo de difundir conocimientos altamente técnicos, además de ser un filtro apropiado para reclutar personal calificado. Un buen indicador de ello sería el número de institutos tecnológicos que realizan cursos de extensión o el número de personas capacitadas anualmente. Dichas instituciones pueden lograr los aumentos necesarios de presupuesto ofreciendo sus servicios a empresas demandantes de CTI, compitiendo por fondos públicos concursables o atrayendo cooperación técnica internacional.

Si bien los objetivos y beneficios de muchas de estas políticas son de más largo plazo, también existen iniciativas interesantes que tienen impacto de más corto plazo y que deben ser tomadas en cuenta en el área de capacitación laboral. Los cursos de especialización y capacitación facilitan la absorción de nuevas tecnologías y conocimientos, que pueden ser aplicados en incrementar la competitividad de las empresas en el corto plazo. Usualmente, el uso intensivo de cursos de capacitación es resultado de las presiones competitivas del mercado, pero también es necesario un mercado laboral flexible que incentive la generación de relaciones laborales de más larga duración. Un indicador de los avances en esta área sería el número de empresas con programas o convenios de capacitación.

En el caso particular de las universidades de provincia, es necesario que están tengan las capacidades necesarias para dar un manejo adecuado a los fondos que reciben por canon. Por ejemplo, se podría reglamentar su uso, de tal manera que se le distribuya según criterios de competencia internos.

Promoviendo investigación en las universidades y centros tecnológicosLa contribución del sistema educativo a la CTI, especialmente de las universidades, va mas allá de la formación de profesionales, e incluye también la realización de actividades de innovación propias. El sistema de asignación de fondos públicos concursables para investigación es útil en ese sentido, pero en principio dichos fondos serían más para investigación del tipo teórica.

Las universidades y centros de investigación deben desarrollar la infraestructura y las capacidades necesarias para poder desarrollar innovación de acuerdo a la demanda específica de las empresas. Pocas instituciones tienen las capacidades de hacer investigación que sea relevante para el sector productivo, pero además, los

5 Guash, Luis y Joseph Kogan (2001), “Inventories in developing countries”, Policy Research Working Paper 2552, Banco Mundial.

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que lo pueden hacer, producen conocimiento sin tener en cuenta si este tendrá un usuario. El objetivo es crear los incentivos para que las empresas del sector privado trabajen en conjunción con el sector académico. Dichas actividades podrían constituirse en una fuente adicional de ingresos para las universidades. Una manera de incentivar estas actividades se encuentra en el desarrollo de incubadoras de negocios tecnológicos (ver más adelante), pero por el lado de la oferta es necesario constituir la infraestructura necesaria. Un indicador de la eficacia de dicha política se encontraría en el número de investigaciones en CTI realizadas por universidades privadas en convenio con empresas privadas.

De forma complementaria, el Gobierno puede desarrollar concursos para financiamiento de propuestas privadas de investigación en CTI aplicada, especialmente aquella relevante a las necesidades identificadas en la demanda de CTI. El financiamiento de dicho fondo provendría del sector privado y la Cooperación Técnica Internacional, de manera que el rol del Estado sería solo de intermediario. Dicha política podría ser verificada mediante el monto de fondos otorgados vía concurso público para investigación en CTI.

c) Incrementar demanda por CTI

En gran parte, la mayor demanda por CTI debería ser una consecuencia natural del incremento de la competencia entre las empresas en el mercado, lo cual debería provenir de las políticas aplicadas para generar una cultura de innovación. Sin embargo, puede resultar útil implementar una serie de políticas complementarias y específicas, diseñadas para estimular la demanda por CTI. Mientras que por el lado de la oferta el catalizador se encuentra en la flexibilidad del mercado laboral, en el caso de la demanda por CTI el catalizador se encuentra en el desempeño eficiente del sistema financiero.

En general, es importante desarrollar políticas para profundizar el sistema financiero y reducir el costo del crédito mediante medidas que aminoren los riesgos existentes en el mercado financiero peruano. El Concytec no tiene injerencia en el manejo del sistema financiero, pero el caso de la inversión en CTI requiere un tratamiento particular. Como ya hemos mencionado, la actividad de CTI es altamente riesgosa, de manera que los instrumentos tradicionales de la banca no están en capacidad de financiar adecuadamente los proyectos de inversión. Una empresa grande puede tener capacidad de emitir deuda directamente en el mercado de capitales, lo cual le permite financiar con mayor facilidad las actividades de CTI. Pero esa no es la situación de la mayoría de empresas, en cuyo caso las dificultades de financiar las actividades de innovación son abrumadoras.

Por lo tanto, es necesario estimular el desarrollo de los instrumentos financieros apropiados para financiar los proyectos de desarrollo tecnológico de empresas no grandes. Una buena manera se encuentra en el estímulo de los llamados capitales de riesgo, los cuales pueden tomar la forma de venture capitalists. Estos últimos son inversionistas con amplio capital y capacidad de administrar riesgos eficientemente, que pueden financiar los proyectos de innovación de pequeñas empresas.

De todas formas, para fomentar este tipo de fondos se requieren avances en la generación de una demanda efectiva por CTI, de manera que los fondos de riesgo

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surgen naturalmente como una respuesta al crecimiento del mercado de CTI. Mientras tanto, el Estado puede facilitar su surgimiento como objetivo adicional de las medidas necesarias para reducir el costo del crédito y profundizar el sistema financiero, por ejemplo, el desarrollo de juzgados comerciales y rapidez en la ejecución de garantías, entre otras.

Según diagnósticos realizados, pocas empresas parecen entender que el proceso de innovación requiere esfuerzos especiales, pero sucede que la mayoría de estas no percibe la presión por innovar que imponen los mercados hasta que es demasiado tarde. Además, las empresas no saben cuál es la oferta de conocimiento disponible en el país, y tampoco señalan cuáles son sus necesidades de CTI. Por ello, en el terreno específico de fomentar la demanda por CTI se pueden plantear varias iniciativas.

En primer lugar, en ciertos casos la falta de demanda se puede deber a excesivos costos de información, de tal manera que muchas empresas no tendrían incentivo de estar en conocimiento de los reales alcances y ventajas disponibles en la oferta de CTI. Por ello, es necesario difundir información sobre el mercado de CTI entre las empresas, por ejemplo, en las ferias y encuentros de CTI que se realicen. Dichos encuentros podrían servir como una ventana a las posibilidades de innovación, mediante la exposición de tecnologías genéricas que luego pueden ser aplicadas al caso específico de una empresa o sector demandante. Un indicador de la eficacia de dicha política se puede encontrar en el número de empresas participantes en encuentros de CTI.

En segundo lugar, es necesario difundir sistemas de certificación de prácticas empresariales, así como la necesidad de estándares, normas técnicas y sistemas de calidad total que incrementen la competitividad de las empresas peruanas en mercados internacionales. Dichas certificaciones no tienen que ser obligatorias, más bien se debe crear un sistema de información que difunda entre los consumidores y premie automáticamente a las empresas con certificados de buenas prácticas empresariales, lo cual sería un incentivo para que las propias empresas busquen lograr la certificación.

Varios ministerios e instituciones del Estado (Salud, Agricultura, Comercio Exterior, Indecopi) tienen un papel en el desarrollo de normas y estándares, las cuales deberían ser acordes con las normas en los mercados internacionales más grandes. Estas instituciones tendrían que abocarse a la formulación de un “Sistema Integrado de Calidad”, que contemple la normalización, reglamentación, evaluación de conformidad y metrología. Asimismo, es necesario desarrollar la infraestructura técnica necesaria que permita la aplicación de dichos estándares, sin que estos sean excesivos y se conviertan en una mera traba de la formalización empresarial. Luego, las tareas de certificación se deberían centralizar en un organismo público, el cual tendría que lograr reconocimiento internacional. Un indicador de dicha política se encontraría en el número de empresas con certificación de calidad.

De forma similar, es necesario difundir las ventajas de las herramientas de propiedad intelectual. Por supuesto, ello tiene como prerrequisito el establecimiento de un sistema eficaz de protección de los derechos de propiedad, especialmente la

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propiedad intelectual. Por ejemplo, se puede difundir nuevos enfoques de propiedad intelectual, como la protección de saberes indígenas, conocimientos colectivos, etc.

Asimismo, se debe difundir la utilidad de las patentes como instrumento de información tecnológica y de generación de valor económico. Los sistemas de patentes son más ventajosos cuando son otorgados en mercados grandes. En ese sentido, se debe difundir entre las empresas peruanas información respecto de los beneficios, requisitos y procedimientos necesarios para obtener patentes en países como Estados Unidos y la Unión Europea. Ello sin descuidar el propio sistema nacional de patentes.

Una tercera política importante en el área de demanda por CTI, ya esbozada en la parte anterior, se encuentra en el fomento de incubadoras de negocios tecnológicos. Las incubadoras se ubican cerca de universidades con capacidades técnicas en áreas de CTI, de manera que aprovechan la infraestructura y los recursos de la universidad o centro de investigación, con el fin de proporcionar facilidades de “inter-fertilización” de conocimientos y laboratorios que ofrece la universidad.

Al mismo tiempo, estas incubadoras podrían brindar servicios básicos requeridos para la instalación de los negocios, por ejemplo, asesoría en planeamiento estratégico, estrategias de inversión, etc. El trabajo que realizan dichas incubadoras se realiza en estrecha coordinación con las empresas, de manera que la innovación es específica a las necesidades del mercado.

En general, la oferta disponible de recursos para CTI en las incubadoras debe responder a las necesidades empresariales, es decir, debe responder a un modelo empresarial de trabajo. En muchos casos, ello deberá complementarse con estudios de mercado, especialmente con consumidores, con el fin de identificar potenciales nuevos productos o tecnologías útiles.

Se puede comenzar por realizar talleres participativos periódicos con empresas que solicitan servicios de Centros de Innovación Tecnológica (CITE) y otras instituciones establecidas de transferencia tecnológica. En talleres también se puede recoger información de las empresas respecto de las prioridades y necesidades de innovación, como punto de partida para el desarrollo de la oferta de incubadoras tecnológicas. Un buen indicador de la eficacia de esta política se encuentra en el número de empresas incubadas.

Sin embargo, el desarrollo de incubadoras tecnológicas tiene como prerrequisito la reforma de la actividad universitaria, lo cual es parte de las políticas de oferta. Asimismo, las creaciones e innovaciones que se realizan en estos centros deben ser protegidas por un buen sistema de patentes y de protección de la propiedad intelectual. De lo contrario, se reducen los incentivos a la demanda por investigación aplicada. Por ejemplo, ello implica que la universidad internalice que en los casos de trabajos para empresas se debe seguir códigos de propiedad intelectual distintos a los que se tiene en trabajos de investigación normales.

Por otro lado, es necesario que el Estado asigne una mayor parte del Presupuesto público a la función de CTI. Además, es importante desarrollar programas para reducir los costos del sistema de contratación del Estado y hacerlo más rápido y

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transparente, por ejemplo, mediante el fomento de procesos de compras de menor cuantía por Internet y la implementación gradual de un sistema de compras corporativas. Luego, las compras estatales pueden convertirse en un instrumento para promover la innovación tecnológica si es que se incluye en los términos de referencia del proceso de contratación ciertas normas y estándares técnicos de calidad.

Es más, el Estado peruano puede aprovechar los procesos de concesiones y/o privatizaciones como medios para promover en las empresas privadas la generación de soluciones innovadoras a los problemas de infraestructura en el país. Finalmente, se pueden otorgar grants; es decir, fondos no reembolsables para co-financiar proyectos de innovación en empresas. Dichos fondos deberían otorgarse preferentemente a trabajos en redes.

Centros de Innovación Tecnológica (CITE)La normatividad ha establecido que los CITE son “entidades públicas o privadas que tienen por objeto promover la innovación, la calidad y la productividad”. Los CITEs pueden cumplir un rol especial en la difusión de la CTI entre micro y pequeñas empresas, así como en la difusión de estándares técnicos y la integración de los participantes en el sistema.

Efectivamente, el relativo éxito que han tenido los CITE existentes se debe en buena parte al trabajo en red que estos desarrollan y al financiamiento que obtienen de la cooperación técnica internacional. En ese sentido, las CITEs ofrecen un modelo interno con varios elementos positivos que se deben replicar y extender a varios sectores de la economía. La coordinación entre gobiernos regionales y CITEs puede constituirse en una fuente útil de identificación de las necesidades en CTI que tienen las empresas en provincias.

d) Canales de integración de los elementos del sistema

El cuarto elemento del sistema de CTI es posiblemente el más importante para el Perú. Tanto el desarrollo de la oferta como de la demanda por CTI son en buena parte una consecuencia natural del fomento de la competencia en el mercado, es decir, se derivan del primer elemento del sistema. Sin embargo, el desarrollo tecnológico tiene siempre un carácter interactivo, por lo que requiere de información sobre las posibilidades que se tiene de innovar y las tendencias del mercado. Dicha información puede ser relativamente costosa, lo cual desincentiva la creación de CTI o, en todo caso, lleva a una acumulación de CTI menor a la que es socialmente óptima.

De hecho, varios trabajos de diagnóstico sobre la CTI en el Perú han concluido que el principal problema es la fragmentación con la que operan los diversos elementos existentes actualmente. Por ejemplo, se encuentra que los pocos esfuerzos de investigación en el Perú parten de iniciativas individuales sin suficiente vocación por participar en proyectos en cooperación orientados a resolver problemas relevantes para el mercado. Así, concluyen que la simple expansión de los recursos asignados a CTI no redundará en beneficios para la economía peruana si esta no es acompañado por políticas dirigidas a promover vinculaciones, actividades conjuntas y flujos de conocimiento y tecnología. El diseño institucional del sistema de CTI debe

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ser tal que se minimice los costos de interacción entre ofertantes y demandantes de CTI, de tal manera que se incentive una mayor innovación.

Por lo tanto, se puede incentivar la creación de redes de trabajo. Los encuentros nacionales y sectoriales de CTI pueden servir para que las empresas y los investigadores amplíen su red de contactos, además de servir como vitrina de los últimos avances y posibilidades. La ampliación de la red de contactos no solo sirve para acercar a empresas e investigadores, sino también a empresas de distinta base tecnológica, lo cual puede llevar al desarrollo de colaboraciones en el proceso de innovación. Luego, se debe incentivar que el máximo número posible de instituciones participen en las redes de negocios tecnológicos, servicios e infraestructura ofrecidos.

Adicionalmente, se debe desarrollar un sistema de información tecnológica, el cual haga las veces de un “clearinghouse” de demanda y oferta de CTI. Estos sistemas, comunes en los mercados internacionales de commodities, tienen la función de equilibrar la oferta y la demanda por un producto, principalmente mediante movimientos en el precio.

En el caso del mercado de CTI, el mecanismo es diferente, pero la lógica es similar. El objetivo del sistema sería canalizar las demandas específicas de las empresas y difundirla entre los centros de investigación, los cuales luego podrían hacer propuestas de servicios que tendrían como fin solucionar el problema que la empresa tenga presente. De esta forma, el “clearinghouse” supliría la carencia de fuentes de información pública sobre la oferta de tecnología. Dicho sistema partiría de una base de datos en la cual se identifique las demandas existentes por CTI y la oferta disponible. Asimismo, debería identificar las bases de datos tecnológicas disponibles y los sectores o áreas que requieren de una expansión de servicios de CTI.

Dicho sistema podría ser en principio parte del Concytec, pero los detalles del diseño institucional todavía deben ser estudiados más. Existen diversas fuentes que pueden utilizarse como punto de partida para la creación del sistema de información tecnológica. Uno de ellos es el Web of Science, que es una base de datos que provee información científica y tecnológica generada en el mundo y a la cual habría que suscribirse como país.

Otro objetivo es acercar a los distintos participantes del sistema en el desarrollo de redes de investigación. Una manera de incentivar estas redes se encuentra en dar preferencia a estas formas de asociación en el otorgamiento de fondos públicos concursables para investigación. Finalmente, dichas asociaciones promueven sinergias entre los avances en investigación que cada centro o empresa realiza. No obstante, como mencionamos anteriormente cuando discutimos el rol de las políticas de competencia, el fomento de redes no implica tolerancia hacia actos de colusión. De hecho, el fomento de redes debe estar complementado por un incentivo paralelo a la competencia entre centros de investigación. Una vez difundida la información necesaria sobre el mercado, las universidades y centros de investigación competirían por la demanda existente de parte de las empresas por CTI.

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Las universidades también se pueden acercar más a las empresas y a las necesidades del mercado mediante la orientación de los trabajo de tesis de postgrado hacia las demandas por CTI en las empresas. Complementariamente, se puede establecer oficinas de enlace empresarial en las universidades y otros centros de investigación. Por supuesto, los ingresos derivados de la colocación de esos servicios se constituiría en una fuente de ingreso importante para muchas universidades, lo cual podría redundar en una mayor calidad educativa.

Por otro lado, el sistema de CTI no solo debe servir el propósito de acercar a los participantes del mercado local. Es igual de importante fomentar canales de integración del sistema local con el sistema internacional. De esa manera, se facilita la adaptación de tecnologías foráneas y la generación de sinergias entre investigadores locales e investigadores de otros países.

Hay varias formas de incentivar la creación de estos canales. Una de ellas es incorporar participaciones de empresas e investigadores de otros países en los encuentros nacionales de CTI. De esa manera, se amplia la red de contactos y se generan sinergias entre actores en varios mercados. Otra medida es incentivar la formación de joint ventures de empresas peruanas con empresas extranjeras mediante preferencias para este tipo de asociaciones en procesos de contratación pública o en la asignación de fondos concursables para la investigación.

Asimismo, un entorno macro favorable para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) facilita la interacción del sistema local de CTI con sistemas internacionales y genera externalidades positivas, en la medida que esas empresas traen tecnologías avanzadas que pueden ser adaptadas a las condiciones peruanas.En síntesis, se iría desarrollando un mercado por CTI, integrado y con intercambios fluidos entre los participantes del mercado local e internacional. Ello contrastaría con la situación actual de la CTI en el Perú, donde se tiene una serie de participantes operando en condiciones fragmentadas.

3. Retos tecnológicos y estrategias de adaptación

El mercado de CTI es altamente dinámico, por lo que es necesario considerar y fomentar estrategias de adaptación, de tal manera que el sistema de CTI esté en capacidad de responder a cambios tecnológicos. Un elemento importante de la estrategia de adaptación parte de la flexibilidad del mercado de CTI, tanto en lo que respecta a una educación que imparta capacidades para “reaprender”, como de un mercado laboral que facilite la reestructuración de distintas industrias.

Pero eso puede no ser suficiente. Así, surge la posibilidad de desarrollo que ofrece el fomento de las cadenas productivas y conglomerados. Tanto las cadenas productivas como los conglomerados son formas de cercana integración empresarial, o redes de empresas inter-dependientes, incluyendo productores de insumos especializados y centros de investigación, ligados mutuamente en la cadena de producción. La integración puede ser vertical, es decir, integración entre empresas productoras de bienes finales con sus respectivos proveedores. También, puede ser del tipo horizontal, por ejemplo, en la forma de colaboración entre empresas de un mismo mercado en el proceso de desarrollo de CTI.

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En realidad, las cadenas productivas y conglomerados son una parte importante de los canales de integración dentro del sistema de CTI, pero estos también pueden contribuir como estrategia de adaptación en la medida que las sinergias y externalidades positivas que se crean a partir de una cercana integración pueden acelerar significativamente el proceso de desarrollo tecnológico.

a) Fomento de cadenas productivas y conglomerados

Los conceptos de conglomerados y cadenas productivas ofrecen dos lecciones principales que se deben tomar en cuenta en el diseño de la política general de CTI:Primero, las empresas en conglomerados desarrollan CTI a un ritmo superior que empresas aisladas. Por lo tanto, el Estado podría, por ejemplo, otorgar preferencias en contrataciones públicas o asignaciones de fondos de investigación concursables a empresas aglomeradas geográficamente o fuertemente integradas en cadenas.

Segundo, predominan las redes complejas de innovación; es decir, rara vez las empresas innovan como unidades aisladas, sino que tienden a colaborar mutuamente. Como ya mencionamos antes, ello implica, por ejemplo, que la política de competencia debe ser relativamente flexible. Más aun, ello implica que no se trata de fomentar solamente aglomeraciones geográficas, sino que se debe buscar explotar las varias sinergias que se crean entre las empresas y centros de investigación que trabajan en redes.

Existen muchos incentivos que pueden llevar a la generación espontánea de conglomerados y cadenas productivas, los cuales deben ser tomados en cuenta en el diseño de una política de fomento: Lograr acceso a tecnologías nuevas y/o complementarias. Capturar sinergias Difuminar riesgos Promover investigación en redes de productores intermedios y finales Estrategia defensiva para reducir la competencia Uso de activos y conocimientos comunes a todo el conglomerado Acelerar el proceso de aprendizaje Reducir costos de transacción Superar o crear barreras a la entrada al mercado

Luego, en la literatura especializa en fomento de cadenas productivas y conglomerados se distingue dos enfoque distintos. El primero de ellos es directo y señala que el Estado debe intervenir activamente con el fin de desarrollar los conglomerados. Este enfoque ocasiona muchos problemas de diseño de política, pues es difícil identificar a priori sectores productivos, zonas geográficas, condiciones económicas y otro tipo de factores que caracterizan al desarrollo de un conglomerado.

Además, esta forma de intervención directa puede ocasionar problemas de eficiencia en el funcionamiento del mercado en la medida que los sectores “elegidos” por el Estado crecerían a costa de otros sectores. A menos que el Estado puede identificar exactamente las condiciones que hacen mejor a un sector productivo que otro, esta política será contraproducente.

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Una política diseñada para crear conglomerados directamente puede generar espacios económicos rígidos; es decir, excesivamente especializados y no preparados para el cambio, de manera que cuando las tecnologías avanzan, el conglomerado deja de ser eficiente o beneficioso.

Finalmente, una política excesivamente intervencionista es propensa a actos de corrupción. De hecho, uno de los riesgos que se debe atender en el proceso de fomento de cadenas productivas es que estas no devengan en actos de colusión o en lobbies que busquen del Estado políticas proteccionistas para proteger su mercado. El diseño institucional de la política de CTI debe siempre garantizar el máximo posible de competencia entre los participantes del mercado, sin impedir las oportunidades de colaboraciones entre empresas. Por ello, también es necesario desarrollar la institucionalidad de los agentes públicos y privados orientados a promover cadenas productivas y conglomerados.

El segundo enfoque, que es más recomendable, busca apoyar las sinergias que se desarrollan naturalmente entre las empresas a medida que el mercado de CTI crece. Ello sería resultado de un ambiente propicio para la innovación, como el que provee el sistema de CTI. De hecho, la teoría económica muestra que las empresas en sectores con sinergias o externalidades positivas tienden a aglomerarse naturalmente porque las empresas reconocen los beneficios de trabajar cerca, sin necesidad de incentivos directo del Estado, siempre y cuando el ambiente sea propicio.

Luego, el rol del Estado se encuentra en establecer mecanismos para la identificación, y luego sistematización, apoyo y evaluación continua de cadenas productivas y conglomerados nacientes o con potencial de desarrollo. En primer lugar, ello implica la necesidad de un marco normativo que genere un documento de criterios de identificación de cadenas productivas en desarrollo, y un sistema electrónico de seguimiento del desempeño de las mismas.

En ese sentido, las propuestas de desarrollo de clusters deben provenir del sector privado, las cuales pueden ser posteriormente apoyadas por el Gobierno, por ejemplo, mediante la asignación preferencial de fondos concursables o grants. Luego, el conglomerado facilitaría el trabajo en redes y la difusión de las políticas en CTI, así como la colaboración entre el sector privado y los centros de investigación. Es probable que los conglomerados tiendan a localizarse cerca de grandes centros de investigación con capital humano disponible e incubadoras de negocios tecnológicos.

El indicador básico del éxito de la política se encuentra en el número de cadenas productivas. Pero ello no es suficiente, pues hace falta también promover la cooperación al interior de las cadenas productivas y conglomerados. Para ello se pueden promover programas de “desarrollo de proveedores” y programas de intercambio y difusión de información sobre técnicas productivas y CTI. El éxito de estas políticas se puede evaluar mediante indicadores del número de participantes en cadenas productivas.

Los CITEs pueden jugar un rol como difusores de información entre pequeñas y medianas empresas, con el fin de acercar a estas empresas hacia trabajar con

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empresas grandes, especialmente transnacionales. Así como es necesario vincular el sistema local de CTI con sistemas internacionales, también es necesario fomentar canales de integración entre cadenas productivas locales con sus pares en el extranjero. La incorporación de empresas extranjeras a la cadena productiva tiene múltiples beneficios. Permite impulsar la vinculación con cadenas globales de valor y con el mercado, que favorezcan el aprendizaje dinámico, la transferencia de innovaciones tecnológicas y organizacionales y la modernización de productos, procesos y funciones de las empresas. En ese sentido, es necesario el fomento de joint ventures entre empresas peruanas y extranjeras.

4. Políticas de largo plazo: generación de liderazgo tecnológico

La generación de un amplio liderazgo tecnológico es evidencia fuerte de que una sociedad se encuentra en la frontera del desarrollo humano y económico. Luego, esto debe ser la culminación del proceso que se constituye a partir de la implantación de una política integral en CTI. Sin embargo, a este nivel el proceso es mucho más endógeno, en la medida que se espera que el mercado ya hubiera desarrollado las herramientas necesarias para avanzar sin necesidad de mayor apoyo del Estado.

Hay ciertos sectores que por disponer de importantes ventajas comparativas, se encuentran mejor posicionados para asimilar rápidamente las tecnologías foráneas y estar pronto en posición de generar tecnologías avanzadas propias. En el Perú los empresarios que tienen ese tipo de ventajas y que probablemente desarrollen liderazgo tecnológico más rápidamente serían: Aplicaciones de la biodiversidad Procesadores y productores de recursos naturales Desarrollo de programas informáticos (software) y tecnología de la información

En el caso de la biodiversidad, existe en el Perú un enorme potencial de recursos que todavía no han sido sujetos de suficiente investigación, especialmente en las zonas de selva. Se puede dar preferencia a estas áreas en la asignación de recursos por concurso público, con el fin de atraer laboratorios y otros centros de investigación que puedan explorar los recursos disponibles. Muchos de esos recursos podrían derivar en aplicaciones en áreas como la medicina que podrían ser explotados comercialmente de forma sostenible.

Si bien tiende a existir cierta desconfianza de las posibilidades de desarrollo de largo plazo que ofrecen los recursos naturales, la evidencia de países como Canadá, Noruega, Australia, Finlandia, e incluso Chile; demuestra que es posible el desarrollo económico sostenible sobre la base de la explotación de recursos naturales. Por lo tanto, sería útil realizar una serie de estudios comparativos sobre las experiencias de dichos países, con el fin de iluminar las políticas que se implanten en el Perú.

En principio, la evidencia disponible señala que las estrategias de esos países se han centrado en el desarrollo y asimilación de capacidades técnicas e innovaciones y la acumulación de capital humano. Contrariamente a lo que se intuye, los sectores procesadores de recursos naturales tienen mayores necesidades de adaptar tecnologías foráneas que otros sectores, pues casi siempre las tecnologías deben ser modificadas para encajar en las particularidades geográficas locales. En cambio,

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los sectores industriales manufactureros tienden a utilizar tecnologías más estandarizadas, lo cual deja menor espacio para la innovación adaptativa.

Por ejemplo, en sectores como el agropecuario la necesidad de políticas de demanda de CTI, como el fomento del trabajo en redes, el establecimiento de estándares técnicos y la difusión de información sobre CTI cobra especial relevancia. De todas formas, un buen indicador de liderazgo tecnológico se encuentra en el número de patentes otorgadas. En nuestro caso, se podría prestar especial atención a las patentes en sectores procesadores de recursos naturales.

Por otro lado, resultaría de utilidad la promoción de programas de “inteligencia comercial” y la Prospectiva Tecnológica. Dichos trabajos buscan identificar tendencias tecnológicas y cambios estructurales en el mercado internacional de CTI, con el fin de permitir la adaptación y la generación de liderazgo tecnológico. Dichos trabajos podrían ser realizados por el naciente Centro de Planeamiento Estratégico, en coordinación con Concytec y las redes de investigación. Por ejemplo, se puede propiciar el intercambio con otros países de misiones de prospección tecnológica y de mercados, cuya información debería ser seguida, difundida y ampliada por los participantes en el mercado de CTI.

a) Políticas en la fase final de desarrollo tecnológico

Las políticas apropiadas en la fase final de desarrollo tecnológico deben estar orientadas principalmente a mantener y reforzar el sistema de CTI que ha permitido el crecimiento del mercado de innovación. La principal diferencia se encuentra en el énfasis que reciben los diversos elementos específicos en el sistema. Por ejemplo, a comienzos del proceso, el énfasis de la educación se encuentra en los niveles escolar y luego universitario, con el fin de proveer las capacidades técnicas básicas. En cambio, en la fase final, estos niveles de la educación ya se encuentran desarrollados y las necesidades se trasladan al nivel de la educación de postgrado.

Luego, el objetivo del Estado es dar los incentivos necesarios para generar competencia y desarrollar un mercado competitivo a ese nivel de la educación, de la misma manera como se hubiera hecho con niveles inferiores de educación. Por supuesto, dichas políticas tienen que ser acompañadas de subsidios necesarios a la educación de individuos sin recursos, sobre la base de méritos académicos.

Asimismo, un mayor porcentaje de la CTI realizada corresponde a nuevos productos, en lugar de ser adaptaciones. Eso no significa que se dejen de adaptar tecnologías. De hecho, incluso en los países desarrollados la mayor parte de la innovación sigue correspondiendo a adaptaciones de tecnologías.

LISTA INDICADORES

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

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Más inversión para más empleo Mantener un crecimiento sostenido del PBI per cápita en por lo menos 5% por

año. Reducir el riesgo país y obtener el “grado de inversión” a nivel internacional antes

de fines del 2007. Cumplir la meta de inflación de 2.5% +/- 1% establecida por el BCR Conseguir un superávit fiscal de 1% en épocas de crecimiento económico a fin de

poder aplicar politicas anticiclicas responsables cuando se requiera. Cumplir los límites de gasto fiscal estipulados en el Ley de Prudencia y

Transparencia Fiscal. Incrementar la eficiencia de los mecanismos de control y monitoreo del gasto e

inversión pública. Reducir el endeudamiento del sector público a menos de 30% del PBI. Promover la integración comercial del Perú en el contexto global:

- Reducir gradualmente el promedio arancelaria a 5% para el 2009, sin aumentar la dispersión de la misma.

- Concreción del TLCs como parte de una agenda de integración: con EE.UU., en el corto plazo (antes del 2006) y con la UE antes del 2008.

Más mercados para más peruanos Asignar no menos de 3% del PBI (US$ 1,800 millones) anuales a la inversión en

infraestructura, de los cuales, 2% debieran ser aportados por el Gobierno. Concretar el proceso de participación de inversión privada en el Puerto del

Callao de manera integral antes del 2007. Concretar el proceso de participación de inversión privada en 5 puertos

regionales (Paita, San Martín, Chimbote, Salaverry e Ilo) antes del 2007. Concretar el proceso de participación de inversión privada en 2 puertos fluviales

(Iquitos y Pucallpa) antes de fines del 2007. Concretar el proceso de participación de inversión privada en aeropuertos

regionales antes de fines del 2007. Tomar acciones orientadas a reducir obstáculos para el desarrollo y sostenibilidad

de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Avanzar con el proceso de concesiones de Redes Viales (1 y 4), Ejes

Multimodales Amazonas (Centro y Norte) y el programa costa-sierra, con opinión previa del SNIP, de ser el caso.

Promover la inversión en generación eléctrica en base a gas natural en el corto plazo, sin descuidar el balance con el potencial hidroeléctrico del país y otros recursos renovables en el largo plazo.

Generar esquemas de remuneración adecuadas que aseguren la sostenibilidad en el desarrollo de inversión en Transmisión Eléctrica.

Promover la ampliación de la cobertura de servicio de agua potable a través de la aplicación de esquemas de asociación público-privada en por lo menos 5 empresas prestadoras de servicios de saneamiento en provincias y en Sedapal antes del 2008.

Promover la ampliación del servicio de telecomunicaciones a quienes no lo tienen, asegurando el crecimiento de las inversiones y competencia con sosteniilidad.

Promover la ampliación de la cobertura eléctrica mediante la inversión privada y esquema de asociaciones público-privadas para generar condiciones para el desarrollo económico y social de las zonas más pobres.

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Transporte más barato para todosTrámites aduaneros Reducir en 25% la demora en trámites aduaneros a través de la automatización

de los procesos de despacho e inspección. Reducir en 25% el tiempo de demora en operaciones, vinculadas al comercio

exterior. Compatibilizar la Ley de Aduanas y su reglamento con la Ley del Sistema

Portuario Nacional para agilizar procesos, principalmente en lo referente a los temas de tránsito.

Facilitar la coordinación con el sector privado de carga para la búsqueda de soluciones en pasos de frontera de tal forma que se reduzca en 30% el tiempo de espera.

Infraestructura de transportes Fomentar en paralelo a los procesos de concesión el desarrollo de un eje

integrado alrededor de los principales puertos, priorizando en el corto plazo el puerto del Callao; de modo tal que se fomente el desarrollo de la infraestructura de terminales logísticas y multimodales.

Reducir en 50% el tiempo de demora en la movilización de carga de la sierra a los principales puertos de la costa. Para ello, se requiere solucionar los “cuellos de botella” sobre la base de incentivos a los operadores de los puertos.

Reforzar la participación del INDECOPI, de forma tal que estos servicios se presten en condiciones de libre y leal competencia, impidiendo que se produzcan prácticas anticompetitivas en la cadena logística.

REGULACIÓN DE MERCADO, ROL DEL ESTADO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Regulación de Monopolios Naturales Mantener la independencia presupuestal, funcional y operativa de los organismos

reguladores de los gobiernos de turno y de los grupos de interés. Establecer requisitos transparentes y exigentes para la elección del Presidente y

miembros de los Consejos Directivos basados en la idoneidad para el cargo experiencia profesional y estudios en campo regulatorio y plazos definidos de su mandato, asegurando su necesaria estabilidad en el tiempo, dedicación a tiempo completo y su independencia frente a las empresas o usuarios.

Pre publicación los organismos reguladores de sus planes de trabajo u objetivos de tal manera que sirvan como una guía para el sector privado

Establecimiento claro de los procedimientos de cálculo de las tasas de descuento regulatoria para los distintos servicios públicos supervisados por distintos organismos reguladores.

Extensión a todos los organismos reguladores de la práctica de Osiptel de publicar oportunamente la agenda y actas de sus sesiones de Consejo Directivo.

Establecimiento de tipificación y sanción adecuada a los actos de vandalismo contra la infraestructura de servicios públicos.

Regulación prudencial Libertad en la determinación de tasas de interés y comisiones Flexibilización gradual al 20% del limite de inversiones en el exterior de las AFPs Aumento en el número de empresas listadas en la BVL

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Aumento en el número de nuevas empresas que emitan papeles de deuda en el mercado de capitales

Mejora del sistema Mi Vivienda para asegurar sostenibilidad del crédito hipotecario

Reducción del límite asegurable por el Fondo de Seguro de Depósitos Reactivación de la Bolsa de Productos

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Establecer una institucionalidad que propicie la innovación En 2006 deberá implementarse un ente formado sobre la base de Concytec, con

marco legal reformado, recursos recibidos suficientes y desarrollo de planes anuales de trabajo con gestión por resultados.- Establecer planes de coordinación con instituciones con mandatos similares o

complementarios.- Establecer desde el Plan de Trabajo Anual 2007 que un mínimo de iniciativas

de entidades privadas relacionadas a CTI deben ser incluidas en dicho Plan. En 2006 se habrá evaluado la política de competencia para el área de CTI,

proponiendo reformas necesarias.

Fomentando una cultura de innovación en la población Fomentar el crecimiento sostenido del número de participantes en ferias escolares

de ciencia y tecnología. Fomentar el crecimiento sostenido del número de participantes en los encuentros

nacionales de CTI y ferias de conocimiento. A fines de 2006 se habrá establecido premiaciones nacionales a la innovación y

experiencias exitosas en CTI.

Potenciar la oferta de innovación Al 2008, el monto de fondos para investigación en CTI derivados de fuente

externa alcanza 25% del presupuesto de investigación de las universidades.- A partir de 2006, implementar concursos públicos para otorgar fondos de

investigación.- Al 2006, todas las universidades que reciben fondos de canon han sido

capacitadas sobre la ejecución de proyectos de investigación. Incrementar la cobertura de becas otorgadas y/o el número de estudiantes

beneficiados. Entrada en funcionamiento en 2007 de un sistema de información sobre mercado

laboral y educativo operado por el Estado, junto con un portal de libre acceso electrónico a la información.

Universidades peruanas: Cada año, por lo menos 4 programas deberán acreditar currículas y servicios educativos ofrecidos.

Incrementar anualmente el número de personas capacitadas por institutos tecnológicos.

Incrementar constantemente el número de empresas con programas o convenios de capacitación.

Incrementar constantemente el número de investigaciones en CTI realizadas por universidades en convenio con empresas privadas.

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Incrementar la demanda por innovaciones Incrementar constantemente el tamaño de los fondos de riesgo (venture capitalist)

para financiar actividades de CTI. Duplicar en 2007 la cobertura de participantes en encuentros de CTI. Formulación en 2006 de un “Sistema Integrado de Calidad”, con tareas de

certificación centralizadas en un organismo público, con reconocimiento internacional.

Formulación en 2006 de un Sistema de información de herramientas de propiedad intelectual.

Formulación en 2006 de un Sistema de información sobre patentes. Al 2008 se duplica la cantidad de CITEs, especialmente en las regiones Incrementar constantemente el número de empresas en incubadoras de negocios

tecnológicos.- Al 2007 se habrá reformado el modelo universitario de investigación, para

proteger las innovaciones que se hagan en conjunción con el sector privado. Elevar el porcentaje del presupuesto público y privado que se dedica a la función

de CTI. Potenciar áreas claves en la economía peruana.

- Sectores procesadores de recursos naturales - Tecnologías de la información y desarrollo de programas informáticos

(software).- Aplicaciones de la biodiversidad

Fomentar la integración entre participantes del mercado Incrementar constantemente el número de redes de trabajo en CTI. Creación y entrada en funcionamiento en 2007 de un sistema de información

tecnológica (“clearinghouse”). Creación y entrada en funcionamiento en 2006 de oficinas de enlace empresarial

en las universidades y otros centros de investigación. Incrementar constantemente el número de joint ventures de empresas peruanas

con empresas extranjeras en CTI.

Enfrentar retos tecnológicos y estrategias de adaptación Formular a fines de 2006 el marco normativo con criterios de identificación de

cadenas productivas en desarrollo, y un sistema electrónico de seguimiento del desempeño de las mismas.

Incrementar constantemente el número de cadenas productivas y el número de participantes en ellas.

Duplicar al 2011 el número de patentes per cápita otorgadas a empresas peruanas.

Implementar a partir de 2007 un Plan Nacional de “inteligencia comercial” y Prospectiva Tecnológica, como parte del planeamiento estratégico.

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