abril de 2014nº 1

Publicación mensual de distribución gratuita, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Agencia de Noticias Télam y Aerolíneas Argentinas.

La historia de un cabo de la

bonaerense que se acercó a la

militancia cristiana de base,

integró Montoneros e hizo de

doble agente luego de ser

secuestrado por los represores.

Poder económico y dictadura

La postergación indefinida del llamado a

declaración indagatoria para Magnetto,

Noble, Mitre y Peralta Ramos, entre otros,

generó una denuncia del secretario de

Derechos Humanos de la Nación, Martín

Fresneda, contra la “paralización de la causa”.

Participación civil

Por primera vez se juzga a un

grupo de integrantes del Poder

Judicial en el terrorismo de

Estado en Mendoza. Se trata

de una megacausa con más de

40 imputados.

Policía y militante desaparecido

LUISCECCON

PAPELPRENSA

JUICIO AJUECES

El plan económico y político, mentadodurante los años de la última dictadura,sometió a la Argentina a la destrucciónde la industria, el empleo y la educación,pero también destruyó la identidad demuchas personas, que aún hoy continua-mos buscando recuperar.

En ese sentido, hace más de diez años,con la llegada del hasta entonces desco-nocido por muchos Presidente NéstorKirchner, el Estado Nacional encaró unaférrea política de Memoria, Verdad y Jus-ticia; así, desde aquel recordado 24 demarzo de 2004, en que ordenó descolgarlos cuadros de Videla y Bignone del Cole-gio Militar, se sucedieron hechos clavepara poder condenar a los asesinos repu-diados por el pueblo argentino.

Se logró la modificación estructural dela Corte Suprema de Justicia de la Na-ción, logrando una composición más de-mocrática de la misma, a fin de poderterminar con los indultos ofrecidos enaños anteriores. Esto suele olvidarse, pe-ro constituye el puntal para la concrecióndel juicio y castigo a los responsables.

Al convertir a los centros clandestinosde detención, tortura y exterminio, en es-pacios destinados a la Memoria, otorgán-dole un lugar preponderante a lasorganizaciones de Derechos Humanos, ytrabajando en forma constante por gene-rar la cultura de la búsqueda de la Verdady la Justicia, los mandatos de Néstor yCristina nos permitieron abrir una nuevaetapa en nuestra historia.

Ello se evidencia en una serie de ac-ciones concretas que van desde la pro-moción de la nulidad de las leyes deObediencia debida y Punto final, queluego serían declaradas inconstitucio-nales, hasta la derogación del Códigode Justicia Militar, y la reforma de losCódigos Penal y Procesal Penal de laNación. De este modo, se garantizó laimprescriptibilidad de los crímenes de

lesa humanidad, forjando una políticasin temores ni miramientos de ningunaíndole, que permitió reabrir los juicios yllevar condenados hasta hoy a más de500 genocidas, entre ellos Videla, quienmurió en una cárcel común.

A su vez, hoy son 110 los jóvenes querecuperaron su identidad, mostrandoque el pasado merece ser revisado, porderecho de las familias que aún hoy seencuentran diezmadas por el horror deaquella época nefasta.

Vale la pena destacar, por lo tanto,que desde la conducción de AerolíneasArgentinas, pieza clave del país federal,conectado y moderno, con que esta dé-cada ganada por los argentinos nospermite soñar, estamos absolutamentecomprometidos en la búsqueda de laVerdad, la promoción de la Memoria yla exigencia de Justicia.

Hemos dicho que el golpe cívico-mili-tar afectó directamente al trabajo, ynuestra Compañía cuenta con emplea-dos desaparecidos durante aquella os-cura etapa. Por esto agradecemos lareciente entrega de documentos vincula-dos a la misma, por parte del Ministro deDefensa de la Nación, y pondremos es-pecial atención en la revisión de la infor-mación contenida en los mismos, paralograr aportar a la reconstrucción de loslegajos de los trabajadores, y aportar alesclarecimiento de cada caso.

La colaboración de cada uno de no-sotros, en especial desde los organis-mos públicos y estatales en general,en sintonía con la política de Estadoenarbolada desde hace diez años, fa-vorecerá conocer en detalle el procesode vaciamiento de nuestros recursos yempresas nacionales, que tuvo su au-ge con el neoliberalismo.

No olvidamos ni perdonamos. Trabaja-mos por la recomposición absoluta delpaís que nos merecemos los argentinos,y que hoy vemos tan cerca, convencidosde que nunca más volveremos a vivir elhorror que sufrimos como nación.

Contribución a la luchapor verdad y justicia

Desde su nacimiento en abril de1945, la Agencia Nacional de NoticiasTélam tuvo como tarea hacer frente ala hegemonía informativa que por en-tonces ostentaban agencias extranje-ras como United Press Internacional yAssociated Press, entre otras. Sin ha-cer una cronología del devenir históricode la Agencia, es necesario señalar quesigue vigente, hoy en día, el espíritu conel cual fue concebida y los objetivosque persigue: ser un instrumento paracontribuir a la comunicación de lo quesucede en nuestro país, y llevar la infor-mación a cada rincón de nuestra Pa-tria. Es una tarea que implica unaenorme responsabilidad y la necesidadde generar nuevos contenidos de cali-dad todos los días, para competir deigual a igual con otras agencias y me-dios de comunicación.

En este sentido, involucrarnos y rea-firmar el compromiso con las bande-ras de la memoria, la verdad y lajusticia no sólo es una definición polí-tica, en tanto que formamos parte deuna generación a la que le tocó levan-tar la bandera de los Derechos Huma-nos y trabajar activamente por ellosdesde mayo de 2003, sino que ademásimplica un compromiso absolutamen-te necesario como Agencia de Noti-cias. La sangrienta dictadura militarque tuvo lugar en nuestro país a partirde 1976 dejó su huella en nuestraAgencia con la desaparición de loscompañeros Alejandro Almeida (re-dactor, militante del ERP e hijo de lacompañera Tati), Célica Gómez (uru-guaya de nacimiento, empleada admi-nistrativa de la Agencia) y el asesinatode Héctor Jesús Ferreiros (ex cura ter-cermundista y redactor de la secciónpolítica de Télam). A esas pérdidas

irreparables para sus familias, parasus compañeros y para la Agencia, sele sumó la intervención plena de Té-lam que permitió el robo y posteriorocultamiento de cantidades valiosísi-mas de materiales de archivo fotográ-fico y periodístico.

En sintonía con la anulación de lasleyes de la impunidad y el avance enlos juicios a los represores y suscómplices resulta para nosotros unaobligación y un orgullo poder formarparte, desde el ámbito de la comuni-cación, tanto del trabajo de la Secre-taría de Derechos Humanos comodel de todos los militantes, hijos,madres, abuelas y organismos quedesde hace 30 años luchan por justi-cia. Memoria, verdad y justicia seconvirtieron desde 2003 en algo másque una consigna por la recupera-ción de la identidad de los hijos ynietos apropiados: forma parte denuestra idiosincrasia como sociedady nación, de nuestro modelo de de-mocracia e incluso de nuestro paisa-je cotidiano. Eso nos enorgullececomo país y nos ubica a la vanguar-dia, a nivel global, en materia de De-rechos Humanos.

Es por eso que celebramos la reali-zación y difusión de este mensuarioque tiene como objetivo informaracerca del avance de las causas ylos juicios a represores a lo largo yancho del país. Es un honor podertrabajar en consonancia con la Se-cretaría de Derechos Humanos, asícomo también en conjunto connuestra línea de bandera, AerolíneasArgentinas, que demuestra de estamanera no sólo la importanciaeconómica sino también social derecuperar la soberanía nacional. Es-peramos que este mensuario sirvacomo una contribución a la lucha enfavor de la verdad y la justicia.

No olvidamos

Pensar el presente y el futuro de nuestra Patrianos convoca a registrar y visibilizar estostiempos de decisiones políticas trascenden-tes, que lograron cambiar la historia de nues-

tro país. Se trata de cambios que se traducen enpolíticas de Estado, que cristalizan históricas reivindi-caciones de organismos de derechos humanos, comode tantos familiares, sobrevivientes y pueblos enterosen sus luchas por Memoria, Verdad y Justicia.

La opción del aparato político del Estado por sostenerel olvido, el silencio y el perdón como únicas respuestasa las demandas de justicia, marcaron un tiempo históricoque se terminó una década atrás con la asunción de Nés-tor Kirchner como Presidente de la Nación, cuando abrióel camino para un proceso trascendental que no sólo seocupó –y ocupa con la Presidenta Cristina Fernández deKirchner– de reparar las secuelas de los delitos de lesahumanidad, sino que también trabaja en la recuperacióny ampliación de derechos, como un acceso igualitario ala educación, la salud, el trabajo: el futuro.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Na-ción somos parte del proceso histórico de Memoria, Ver-dad y Justicia que ya es ejemplo ante el mundo, por serdesarrollado por Tribunales comunes y bajo el mismoCódigo Penal que todos los demás imputados del país,pero fundamentalmente por representar un bastión de lalucha social: demuestran que nunca hubo venganza nijusticia por mano propia de parte de ningún familiar osobreviviente, ni un juicio parcial por parte del Estado.

Acá presentamos el primer número del mensuarioLOS JUICIOS SON AHORA, la propuesta federal de laSecretaría de Derechos Humanos de la Nación paracomunicar las causas por delitos de lesa humanidaden todo el país. Consideramos que la política de Es-tado de terminar con la impunidad y profundizar unproceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia de-be ser acompañada con la difusión de los juicios, nosólo para generar un registro y un relato, sino tam-bién para convocar a participar. Los juicios por deli-tos de lesa humanidad son la respuesta institucional

de un Estado democrático que da cuenta de un pasa-do trágico para todos los argentinos, en la búsquedade la verdad y la justicia, generando los mecanismosreparadores hacia una sociedad que hasta entoncesestaba fragmentada a causa de la impunidad.

Los juicios a los responsables de la última dictaduracívico-militar son un patrimonio de todos los ciudada-nos con vocación democrática y sentido de justicia,que encuentren en ellos las herramientas pedagógicaspara los nuevos tiempos, que garanticen la no repeti-ción y la paz entre los argentinos.

Los juicios son ahora: éste es el tiempo histórico dejuzgar y condenar a los responsables del plan económi-co, político, social y cultural que se intentó imponer afuerza de terrorismo de Estado.

Los juicios son de todos: esa es la forma de en-tender un mapa nacional de Memoria, Verdad y Jus-ticia, que desde hace una década articula luchassociales para terminar con la impunidad con políti-cas de Estado.

Con LOS JUICIOS SON AHORA buscamos fortale-cer los procesos de justicia y las instituciones de lademocracia, fomentar el derecho a la comunicación,la reparación histórica sobre las víctimas, y pensarcolectivamente un relato de la historia reciente denuestra Patria.

Con la colaboración de la Agencia Télam y AerolíneasArgentinas, desde la Secretaría de Derechos Humanosde la Nación nos proponemos que LOS JUICIOS SONAHORA sea una herramienta de comunicación nacionalque plasme este proceso histórico de Memoria, Verdady Justicia a 30 años de democracia.

LOS JUICIOS SON AHORA es una publicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam y Aerolíneas Argentinas.Edición: Juan Emilio Basso Feresin

CONTACTO: E-mail prensadh@derhuman.jus.gov.ar | Teléfono (+5411) 5167-6500 | 25 de Mayo 552 | C 1002 ABL | Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cuenta con lacolaboración de:

EDITORIAL

Los juicios son ahoraMartín FresnedaSecretario de Derechos Humanos de la Nación

Santiago ÁlvarezPresidente de Télam

Mariano RecaldePresidente de Aerolíneas Argentinas

De acuerdo a los datos publicados por el Centro de Es-tudios Legales y Sociales (CELS) hay 24 funcionariosjudiciales procesados y 17 denunciados. En 2009 Víc-tor Hermes Brusa, ex juez federal santafesino, fue elprimer ex funcionario de la justicia condenado por de-litos de Lesa Humanidad. Para el CELS, los "funciona-

rios judiciales" procesados por delitos delesa humanidad son aquellos que "ha-

biendo conocido la implementacióndel plan clandestino de represión

y la ilegalidad del accionar delas fuerzas armadas y de se-

guridad mostraron la resis-tencia, directa o porinacción, de abrir investi-gaciones judiciales o rea-lizarlas seriamente".

Funcionarios e intelectuales orgánicosMiret fue titular de la cátedra de Filosofía y Ética en laUniversidad Nacional de Cuyo (UNC) y en sus clases re-cuerdan que afirmaba que “los militares habían restituidoel orden social" al país. Romano fue jefe de la Justiciamendocina hasta 2010. Ambos encabezaron la Cámarade Apelaciones, que tuvo un rol importante ya en demo-cracia, cuando se comenzó a investigar las denuncias delos familiares y de las víctimas de delitos de lesa huma-nidad, pero “para garantizar la impunidad de los represo-res”, según coinciden los familiares de las víctimas.

AutodefensaEn el marco del juicio oral y público que se realizaen Mendoza, Otilio Romano solicitó ejercer su auto-defensa en compañía de su representante legal,Bernando Calderón.

Éste dijo que la intención de su cliente es la de ejer-cer su autodefensa. Calderón reiteró el pedido, y dijoque si no es aceptado él dará un paso al costado pordos motivos: la primera “porque Romano sabe másque yo” y la segunda por una cuestión económica. “SiRomano no es aceptado como su propio abogado yono continuaré”, insistió..

El juicio a los juecesA 38 años del golpe cívico-militar se juzga por primera vez la participación de un grupo de integrantes del poder judicial en el terrorismo de Estado.

Se trata de una megacausa con más de 40 imputados y centenares de víctimas.

MENDOZA: CINCO EX MAGISTRADOS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Los ex magistrados imputados son Luis Miret, Guillermo Petra,Gabriel Guzzo (desafectado por razones de salud), Rolando Carri-zo, y Otilio Romano, quien entonces actuó como fiscal .

Jueces juzgadosFuente: Para seguir el “juicio a los jueces”, visitar elblog juiciosmendoza.blogspot.com.ar, realizado porlos organismos de derechos humanos de Mendoza.

El papel desempeñado por el apa-rato judicial en la última dictadu-ra cívico-militar comenzó a serventilado en uno de los juicios

más trascendentes desde la reaperturade los procesos orales y públicos por deli-tos de lesa humanidad. En un hecho iné-dito, desde el 17 de febrero cinco exmagistrados federales se encuentran enel lugar de los acusados junto a 36 repre-sores imputados de haber cometido losmás aberrantes crímenes.

Los ex jueces federales Luis Miret, Gui-llermo Max Petra Recabarren, RolandoEvaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y OtilioRomano, quien estuvo prófugo en Chile–de donde fue extraditado–, sufrieron lapeor pérdida de la cual puede ser despo-jado un magistrado: sus privilegios. Comocualquier ciudadano de a pie que es lleva-do a un estrado, y como el resto de los 36acusados de privación ilegal de la libertad,tormentos, homicidio y desapariciones,debieron escuchar sus cargos.

Homicidio, desaparición forzada de per-sonas, asociación ilícita, secuestros, apre-mios, golpes, quemaduras, violaciones, ytorturas a las que fueron sometidas casidos centenares de víctimas, son los he-chos que integran el frondoso expedienteen el que están señalados los 41 imputa-dos investigados en este megaproceso.

La causa 003, que incluye las investi-gaciones que dieron origen al juicio, de-talla los crímenes cometidos por la

policía de Mendoza en las comisaríasséptima de Godoy Cruz, 16 de Las He-ras, y en el Departamento de Informa-ción (D2), en el que funcionó el másimportante centro clandestino de deten-ción a nivel provincial.

La megacausa aborda los episodiosvinculados con un operativo desatado enapenas seis días de abril de 1977, en elque se detuvo a 15 personas, y que fueperpetrado por fuerzas conjuntas en dis-tintas localidades del denominado GranMendoza, cuyo objetivo fue el secuestrode militantes de la Juventud Peronista yde la organización Montoneros.

Este expediente reúne a 110 víctimas y16 procesados, y tiene también a ex peni-tenciarios acusados por torturas a los de-tenidos en la cárcel, así como al jefe de ladelegación de la Policía Federal en 1979.

Junto a los cuatro ex jueces federalesse investiga la participación de otros 36militares y policías retirados.

La complicidad judicialSegún se pudo reconstruir de los testi-

monios de los sobrevivientes y familiaresde las víctimas, en momentos previos yposteriores al golpe del 24 de marzo,cuando Romano ya era fiscal y Miret,Guzzo y Carrizo se alternaban como jue-ces, el procedimiento de cobertura yacompañamiento al dispositivo de terrormontado por la dictadura, se repetía: lasvíctimas eran interrogadas bajo tortura y

firmaban un acta –siempre con los ojosvendados– cuyo contenido les era com-pletamente desconocido. Luego se pre-sentaban al juez de turno y, a pesar delevidente estado de deterioro físico y laqueja por los tormentos, los magistradosse limitaban a preguntar “si podían identi-ficar a quienes denunciaban por los apre-mios”. Ante la negativa daban porterminado el asunto.

Los familiares de las víctimas califica-ron de “escandaloso el proceder de Oti-lio Romano” en relación a un grupo desindicalistas detenidos en febrero del1976, para quienes pidió la prisión pre-ventiva. En ese caso el juez Guzzo so-breseyó a algunos por falta de méritopero Romano apeló el fallo, tomandocomo ciertas las declaraciones arranca-das bajo sesiones de tortura por la po-licía. Uno de los detenidos, Miguel ÁngelGil, murió a consecuencias de los gol-pes y picana sufridos en el D2.

De acuerdo a las denuncias de los orga-nismos de Derechos Humanos, en algúnmomento de la parodia de proceso judiciallos secuestrados daban testimonio de laslesiones, torturas, ataques sexuales, robosde bienes y la obligación de firmar actas au-toincriminatorias. Las denuncias llegabanhasta Carrizo, Miret y Romano, los cualescumplían con la “formalidad” de pedir infor-mes a la policía que luego allímorían.“En todo el país existió una parte de la

justicia que fue cómplice del terrorismo

de Estado y está siendo juzgada. Peronuestro caso es uno de los más impor-tantes porque, además de ser procesa-dos, fueron destituidos antes por elConsejo de la Magistratura con la grave-dad que eso implica”, expresó el abogadoPablo Salinas, del Movimiento Ecuménicopor los Derechos Humanos de Mendoza yquerellante en la causa.

Salinas destacó que Miret y Romanofueron acusados penalmente por elfiscal Omar Palermo por “complicidadcon el terrorismo de Estado”. Miret por35 hechos y Romano por 101. Para elabogado “la Justicia de la dictadurase perpetuó en los cargos, y sólo conel acceso de fiscales y jueces por con-curso, ya en democracia, empezaron aavanzar los procesos contra los civi-les cómplices de los represores. Hayuna clara línea divisoria entre los jue-ces de la democracia y los jueces dela dictadura”.“A cada secuestro –explicó Pablo Sali-

nas–, a cada desaparición, los familiarespresentaban un hábeas corpus. ¿Qué sehacía con esa presentación judicial? Sim-plemente, los fiscales y los jueces, en vezde investigar, las archivaban y mirabanpara otro lado. Sabían muy bien lo queestaba pasando. Y, al mismo tiempo, ledaban valor a los testimonios que se to-maban bajo tortura en los centros clan-destinos. De esa forma, avalaban lasdetenciones ilegales y las torturas”.

Será justicia

TÉLAM

SENTADOS EN EL BANQUILLO. Los ex magistrados juzgados son Luis Miret, Guillermo Petra, Gabriel Guzzo (desafectado por razones de salud), Rolando Carrizo, y Otilio Romano, quien entonces actuó como fiscal .

Documentos por favor

Desapariciones, muertes, secuestros, torturas y robos. Lainvestigación judicial que tramita en el juzgado FederalN° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de JuliánErcolini, en la que se investiga el presunto desapodera-

miento de Papel Prensa, sintetiza en un expediente los propósitosdel plan genocida formalmente inaugurado el 24 de marzo de1976. El terrorismo de Estado no fue otra cosa que la utilizacióndel aparato militar al servicio de intereses económicos. Así lo de-nuncian los sobrevivientes, lo refieren en sus escritos las querellas,y lo demuestran los documentos, entre ellos los recién aparecidosen el edificio Cóndor del Ministerio de Defensa de la Nación.

De las pruebas que constan en el expediente que tiene en sudespacho Ercolini, se desprende la trama de intereses y terrorque involucra a los imputados (Ernestina Herrera de Noble, Héc-tor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio Peralta Ramos, Mar-cos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, Reinaldo GregorioBandini, Raymundo P. Podestá), con la suerte corrida por las vícti-mas de la causa y socios del Grupo Graiver, propietarios hasta losprimeros tiempos de la dictadura de la empresa Papel Prensa(única productora en el país del insumo básico para los mediosgráficos), que luego de la intervención militar pasó a manos delos titulares de los diarios Clarín, La Razón y La Nación.

Apenas un año de instalado el golpe, en marzo de 1977, los fa-miliares y miembros del grupo Graiver comenzaron a ser secues-trados por fuerzas al servicio del terrorismo de Estado. Laseguidilla de detenciones comenzó el 8 de marzo, con Juan Grai-ver y continuó con Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi; el12 con Dante Marra, Julio Daich y Enrique Brodsky; el 15 con Jor-ge Rubinstein; el 17 con Isidoro Graiver; Martín Aberg Cobo el 22.El 1 de abril de 1977 fue secuestrado Edgardo Sajón; el 12 RafaelIanover; el 15 Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo; el 19 OrlandoReinoso; el 22 Eva Gitnacht; entre otros.

De ese grupo, algunos de ellos integran al día de hoy la largalista de desaparecidos de la dictadura, otros fueron posterior-mente puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN),y otros murieron durante las sesiones de tormentos. La totalidadde ellos fueron arrastrados al Centro Clandestino de Detenciónconocido como el pozo de Banfield.

Para Osvaldo Papaleo, “a cambio de Papel Prensa, Clarín, LaNación y La Razón silenciaron el genocidio argentino”.“De los testimonios obrantes en esos actuados, debe deducirse

una clara vinculación entre todas las detenciones, cuyo patróncomún residió en la relación que tuvo cada una de las víctimascon el Grupo Graiver y su actividad económica. Éste estaba inte-grado por Lidia Elba Papeleo, Isidoro Miguel Graiver, Juan Graiver,Eva Gitnacht de Graiver, Lidia Haydeé Brodsky, Jorge Rubinstein,Rafael Ianover, Dante Marra, Jorge Raúl Rodríguez, Oscar E. Ma-rastoni, entre otros”, señaló el escrito que lleva la firma de losabogados Pablo Barbuto y Claudio Orosz, junto a las del secreta-rio de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y la del subsecreta-rio de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, quienesrepresentan al Estado Nacional como querellante en la causa.“Todas las víctimas fueron interrogadas sobre tales cuestio-

nes durante su cautiverio. En efecto, todos los detenidos fueronmantenidos ilegalmente privados de su libertad en CentrosClandestinos de Detención y Tortura (CCDT) bajo la órbita de lamaquinaria represiva instaurada a través de la línea de Coman-do de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Yprácticamente la totalidad de ellos ha expresado haber mante-nido contacto con las más altas esferas de esa estructura depoder, tales como Camps y Etchecolatz, Rousse y Suárez Ma-son”, agregó el texto presentado el 11 de octubre de 2013, en elque se solicita por segunda vez al juez Ercolini la indagatoria de

LOS JUICIOSSON AHORALa Rioja

Juicio por la muerte del obispo de La Rioja En-rique Angelelli. En una de las audiencias se hizopública una carta que el obispo le envió al enton-ces vicepresidente de la Conferencia EpiscopalArgentina, Vicente Zazpe, en julio de 1976. Se tra-ta de la primera prueba documental del encuentroentre el sacerdote y Menéndez, negada por el re-presor hasta la actualidad. Fue presentada la se-mana pasada por el obispado de La Rioja–querellante en la causa– ante el Tribunal OralFederal de esa provincia. “Es el propio Angelelliquien confirma acá que esa reunión existió y queel mensaje de Menéndez en ese encuentro fueespeluznante”, evaluó Guillermo Díaz Martínez,quien junto con Bernardo Lobo Bugeau representaa las secretarías de Derechos Humanos de la pro-vincia y de la Nación.

Salta

Juicio por la destrucción de los libros del Hos-pital Militar de Salta. Continúan las audienciasen el marco del proceso que se sigue contra losex militares Carlos Fernando Tozzeto Arias y JuanManuel Gestoso Presas, acusados por el intentode destrucción de dos voluminosos libros de re-gistro de enfermos de las Salas III (Maternidad) yIV (Suboficiales) del Hospital Militar, correspon-dientes al periodo comprendido entre principiosde 1975 y mediados de 1990.

Juicio a los ex jefes del Ejército y la policía. Losrepresores llegan acusados por homicidios yprivaciones ilegales de la libertad en perjuicio deonce víctimas en la ciudad de Metán, en el marcode cuatro expedientes unificados para el debate.Intervienen los fiscales Francisco Snopek y JuanManuel Sivila. El ex jefe del Ejército en SaltaCarlos Alberto Mulhal, el ex jefe de la Policía deesa provincia, Raúl Gentil, y otros cuatro policíassalteños comenzaron a ser juzgados el 31 demarzo por crímenes cometidos durante la últimadictadura cívico militar que tuvieron comovíctimas a once personas en la ciudad de Metán..

Masacre de Las Palomitas y la desaparición delex gobernador Ragone. El ex juez federal de Sal-ta, Ricardo Lona, fue citado a indagatoria y senegó a prestar declaración. En cambio, presentóun escrito con su descargo respecto de las im-putaciones que se le realizan por su presuntaparticipación como magistrado en los homicidiosperpetrados durante la masacre de Las Palomitas–en la que once presos políticos fueron ejecuta-dos durante un traslado el 6 de julio de 1976– yen la desaparición del ex gobernador de Salta, Mi-guel Ragone. El juez tucumano Fernando Poviña,que subroga el Juzgado Federal Nº2 de Salta, esel magistrado que lleva adelante los dos procesosjudiciales emblemáticos que se desarrollan enesa jurisdicción

Jujuy

Segundo juicio por delitos de lesa humanidaden la provincia. El Tribunal Oral Federal deJujuy, integrado por Fátima Ruiz López, DanielMorín y Federico Díaz, hizo lugar a unaampliación de imputaciones impulsada por lafiscalía contra un ex militar y cuatro expenitenciarios acusados de los delitos deprivación ilegítima de la libertad, aplicación detormentos y homicidio calificado en perjuicio desiete víctimas. Los imputados en el proceso sonel ex oficial del Ejército Antonio Orlando Vargas;ex suboficial del Ejército César Darío Díaz y los expenitenciarios Herminio Zárate, Mario MarceloGutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando RicardoOrtiz. Los imputados, por privación ilegal de lalibertad, aplicación de tormentos y homicidiocalificado, a quienes afectó la resolución, fueronel ex oficial del Ejército y ex interventor delServicio Penitenciario provincial, AntonioOrlando Vargas, y a los ex guardia cárcelesCarlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, MarioMarcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.

Tercer juicio. Con fecha de inicio suspendida. Estárelacionado con el traslado y tortura de presos polí-ticos del penal de Gorriti, quienes fueron conduci-dos en un avión Hércules a la Unidad Penal 9 de LaPlata en octubre de 1976. La mayoría de los deteni-dos eran trabajadores de las empresas jujeñas Le-desma y de Mina El Aguilar. El único imputado es elex teniente coronel Horacio Domingo Marengo.

La postergación indefinida del llamado a declaración indagatoria para Magnetto, Noble, Mitre, Peralta Ramos, entre otros, generó una denuncia del Secretario de Derechos Humanos

de la Nación, Martín Fresneda, contra la “paralización de la causa”. La presentación de la Unidad de Información Financiera que apunta a Clarín y La Nación por haber "autolavado"

activos "apropiados ilegalmente" y los documentos hallados en el edificio Cóndor, agregaron nuevos capítulos a la investigación sobre el caso.

La causa Papel PrensaPODER ECONÓMICO Y DICTADURA

Para Osvaldo Papaleo,“a cambio de Papel Prensa,Clarín, La Nación y La Razónsilenciaron el genocidioargentino”.

Una semana después de que el Ministro deDefensa Agustín Rossi hiciera el anunciodel hallazgo de valiosa documentación so-bre la dictadura en el edificio Cóndor, el juezfederal Julián Ercolini recibió copias certifi-cadas de las trece actas secretas de laJunta Militar en las que se habla de latransferencia de Papel Prensa, lo que cons-tituye una prueba que podría reforzar en elexpediente la relación directa entre el se-cuestro del Grupo Graiver y la transferenciaforzosa a Clarín, La Nación y La Razón.

Entre la documentación que se rescatóde un sótano clausurado del Edificio Cón-dor se encontraron trece actas referidas al

seguimiento, análisis y traspaso de la em-presa de Papel Prensa.

La documentación permitiría demostrarque la empresa productora de papel dediario era un bien muy preciado para loscerebros militares. En promedio, la JuntaMilitar tenía una reunión cada tres mesespara seguir de cerca la apropiación de laempresa, con la producción de informesanexos y la descripción del cautiverio desus viejos propietarios.

La indexación de las actas referidas aPapel Prensa, especie de memorias delas reuniones que mantenían una vez porsemana las tres Armas, permite intuir las

prioridades de la Junta. Uno de esos do-cumentos, trata sobre la renuncia delPresidente del Banco Regional, y diceque el tema será tratado por el Ministeriode Justicia y el de Educación. En otro delos documentos, que tiene además dosanexos, la Junta aprueba “la participa-ción de La Razón, Nación, y Clarín en laempresa Papel Prensa S.A”. Una terceramemoria se titula: “Papel Prensa S.A. Ca-so Graiver: será tratado nuevamente”.

El acta número 20 informa que “se re-suelve revisar lo actuado y evitar que ‘ElGrupo Graiver’ cobre las sumas por lasacciones vendidas”.

El CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto,acompañado por uno de sus abogados,Damián Cassino.

Martín Fresneda, actual secretariode Derechos Humanos de la Nación,presentó un pedido de “pronto des-

pacho” al juez Ercolini en diciembre de 2012.La causa estaba paralizada y desde la secre-taría se pedía la citación de testigos, la in-corporación de pruebas y las declaracionesindagatorias al CEO de Clarín, Héctor Mag-netto, a Herrera de Noble, Mitre, Sergio Pe-ralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y HugoPeralta Ramos.

La primera en declarar fue Lidia Papa-leo en junio de 2013, aceptada comoquerellante por Ercolini. Contó que des-

pués de la muerte de su marido, David Graiver, enun sospechado accidente aeronáutico en 1976,empezó a recibir amenazas y presiones paravender Papel Prensa de las tres fuerzas armadasy, por interpósita persona, del ministro de Eco-nomía, José Martínez de Hoz. Denunció que fuesecuestrada y en la sala de torturas la obligarona firmar documentos incriminando a Graiver.

Se investiga presuntas “maniobras yacciones extorsivas dirigidas por fun-cionarios del último gobierno de facto y

de personas vinculadas a la sociedad civil contralos integrantes del grupo Graiver, con el fin de de-sapoderarlos de la participación accionaria quedetentaran en la sociedad Papel Prensa”.

En 2010 el Estado nacional, a través delentonces secretario de Derechos Hu-manos Eduardo Luis Duhalde, denunció

penalmente a los dueños y directivos de Clarín,La Nación y La Razón, a integrantes de la JuntaMilitar y a funcionarios civiles de la dictadura. Alpresentar la querella, se solicitó que se requirieradel Juzgado interviniente la remisión de la causaque en su momento instruyó el fiscal RicardoMolinas.

Noche del Apagón. El ex dueño del ingenio Ledes-ma, el jujeño Carlos Pedro Blaquier, sería el primerintegrante de la elite empresarial en comparecer ajuicio oral y público, tras ser procesado en 2013 porsu participación en 29 secuestros y otros delitos delesa humanidad. Blaquier y Lemos están acusadosde haber proporcionado camionetas de Ledesma, elmayor ingenio azucarero del país, para el trasladode los secuestrados en la Noche del Apagón, en ju-lio de 1976, y otras operaciones represivas en loca-lidades jujeñas como Libertador General SanMartín, Calilegua y El Talar.

Tucumán

Fusilamiento de Osvaldo De Benedetti. Los jue-ces del Tribunal Oral Federal de Tucumán, CarlosJiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan CarlosReynaga (subrogante), decidieron trasladar el ini-cio de un nuevo juicio oral y público por delitos delesa humanidad, previsto para el 17 de febrero, al15 de abril de este año. En la misma resolución,los magistrados resolvieron separar del debate alrepresor Luciano Benjamín Menéndez “hasta tantose encuentre en condiciones de afrontar un juiciooral y público”. En los fundamentos, acotaron queel ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es juzgadoactualmente en dos juicios paralelos que se desa-rrollan en La Rioja y Córdoba, y que por sus condi-ciones de salud no podrá participar de tresprocesos simultáneamente.

San Luis

Segundo juicio por delitos de lesa humanidad enSan Luis. Son juzgados 11 militares, 17 policías yun médico civil, por crímenes en perjuicio de 46 víc-timas. En una de las últimas audiencias, dos guar-diacárceles del Servicio Penitenciario provincialconfirmaron el horror vivido entonces por las muje-res detenidas. Celma Gladis Chávez de 81 años, quefuera jefa de guardia de la cárcel provincial, y su exsubordinada Nelly del Carmen Martínez de Miranda,coincidieron en certificar el maltrato sistemáticosufrido por las detenidas que el Ejército o la policíaprovincial sacaban del penal para interrogarlas.Ambas penitenciarias declararon como testigosante el Tribunal Oral Federal de esta provincia."Volvían de los interrogatorios muy golpeadas, alpunto que una oportunidad nos negamos a recibir-las por el estado que presentaban", reconocieron.

Neuquén

Escuelita III. “La tortura era una herramienta fun-damental para el tratamiento de los detenidos y elterrorismo de estado”, afirmó Raúl Radonich, de58 años y actual Jefe de Anses en la región duran-te su reciente declaración, en el marco del tercerjuicio en la provincia por delito de lesa humanidad,que ya se encuetra en la etapa de alegatos. Du-rante las sesiones de tortura reconoció la voz deljefe que lo había secuestrado. Lo describió duran-te el juicio como “una persona alta, canosa, conbigote raro, corpulento. Estaba de civil y tenía en-tre 40 y 45 años. Estuvo acompañado cuando mesecuestraron por dos personas de 30”.

Chubut

Secuestro y asesinato del conscripto RodríguezDiéguez. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Ri-vadavia condenó el pasado viernes 21 de febrero alos acusados Teófilo Saá y Carlos Españadero aprisión perpetua e inhabilitación absoluta por con-siderarlos partícipes necesarios del homicidio ca-lificado por alevosía y por la participaciónpremeditada de dos o más personas, del soldadoconscripto José Luis Rodríguez Diéguez, califica-do como delito de Lesa Humanidad. En este senti-do el TOF dispuso que se mantenga la detenciónde Saá, quien ya cumple una condena similar en elpenal de Marcos Paz, y ordenó la inmediata deten-ción de Españadero.

Córdoba

Megacausa “La Perla”. Se incorporaron cincocausas al juicio oral que encabeza el Tribunal Oralen lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, por delitosde lesa humanidad cometidos en los centros clan-destinos de detención conocidos como "La Perla"y "La Ribera". Se trata de las causas “Maffei”, “Tó-falo”, “Rodríguez II”, “Yanicelli” y “Antón”, instruidaspor el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. Este jui-cio, que comenzó el 12 de diciembre de 2012 y enel que ya declararon más de 220 testigos, seguiráadelante durante todo este año. De la cantidadoriginal de imputados hay cuatro que fueron desa-fectados por fallecimiento (Aldo Checchi, HermesRodríguez, Guillermo Bruno Laborda y Jorge OmarHeredia) y uno por razones de salud (Ítalo CésarPasquini). Debido a las cinco causas recientemen-

La postergación indefinida del llamado a declaración indagatoria para Magnetto, Noble, Mitre, Peralta Ramos, entre otros, generó una denuncia del Secretario de Derechos Humanos

de la Nación, Martín Fresneda, contra la “paralización de la causa”. La presentación de la Unidad de Información Financiera que apunta a Clarín y La Nación por haber "autolavado"

activos "apropiados ilegalmente" y los documentos hallados en el edificio Cóndor, agregaron nuevos capítulos a la investigación sobre el caso.

La causa Papel Prensa

De la causa

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

“Una causa de esta trascendencia no puede seguirestancada”, planteó el secretario de DerechosHumanos de la Nación, Martín Fresneda.

ocho imputados de la causa.Para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “no pue-

de desconocerse la existencia de una íntima conexión que vin-cula los delitos de privación ilegal de la libertad, cuyas víctimasfueron las personas mencionadas y el interés por las Empresasdel Grupo Graiver, en cuyo marco cabe incluir las maniobras detransmisión extorsiva de las acciones de Papel Prensa SA”.

Lavado de dineroLa Unidad de Información Financiera (UIF) presentó en noviem-

bre pasado ante el mismo juez Ercolini un escrito en el que acusóa los principales accionistas de Papel Prensa, el Grupo Clarín y LaNación, de lavado de dinero proveniente de la apropiación de lafábrica de papel para diarios durante la última dictadura.“La masa de dinero que se acumuló de los bienes apropiados

durante la última dictadura –en este caso Papel Prensa– dañaese bien protegido y les corresponde a los que están usufruc-tuando esos bienes –Clarín y La Nación en este momento– seracusados de autolavado o de lavado de dinero, y eso hemos he-cho en el juzgado del doctor Ercolini”, aseguró el titular de la UIFJosé Sbatella.

Según precisó el funcionario, la acusación se fundamenta enque cuando se aprobó la ley de lavado de dinero en junio de 2011se incorporó en el Código Penal un nuevo capítulo que estableceque “se daña el orden económico y financiero cuando hay dineroque proviene de un hecho ilícito que no haya prescripto”, tal cualestá planteado con caso de Papel Prensa, sobre el cual las dife-rentes querellas han reclamado su imprescriptibilidad por tratar-se de un crimen de lesa humanidad.

Rechazo a la unificación de querellasEl jueves 21 de noviembre de 2013 todos los querellantes de la

causa pidieron a la Cámara Federal porteña que revoque la deci-sión del juez Julián Ercolini de unificarlos. Por el contrario, la de-fensa de los imputados reclamó que se confirme esa resolución.

Finalmente el 29 de noviembre, la Cámara Federal resolvióque las tres querellas de la causa por la presunta venta ilegítimade la empresa actúen por separado, al revocar una decisión deljuez del caso que las había unificado de oficio.

La Sala I del tribunal de apelaciones revocó de ese modo laresolución del juez federal de primera instancia, Julián Ercolini.Y resolvió que la querella de la Secretaría de Derechos Huma-nos de la Nación y las de los particulares Lidia Papaleo de Grai-ver y Rafael Ianover actúen por separado en la causa. “Noobservamos que exista identidad o comunidad de intereses en-tre los distintos querellantes como para que proceda la unidadde representación ordenada”, consideraron los camaristasEduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Fin de la impunidadDesde que la causa quedó radicada en el Juzgado Federal

Nº 10, solamente se cumplió con la declaración testimonialde Lidia Papaleo. “Esta Secretaría ha ofrecido numerosas prue-bas que han sido incorporadas en la causa y ha solicitado en rei-teradas ocasiones la citación de los imputados para que prestendeclaración indagatoria. Esperamos que el juez resuelva estospedidos, porque una causa de esta trascendencia no puede se-guir estancada, esta demora solo es funcional a la impunidad quetodos queremos que se termine para siempre”, solicitó airada-mente Fresneda.

A 38 años del golpe cívico-militar, cuyo objetivo final fue de ne-to carácter económico, el reclamo de que el proceso de Memoria,Verdad y Justicia alcance a ese poder que se benefició con el te-rrorismo de Estado sigue vigente.

UN CABO DE LA BONAERENSE DESAPARECIDOte incorporadas, se sumaron 11 nuevos imputa-dos, sumando en total 52 los acusados. Los nue-vos imputados son: Brocos Rubén Osvaldo, ChiloHéctor Hugo, Castro Antonio, Claro Wenceslao,González Navarro Jorge, Gorleri Jorge, Lucena Al-berto Carlos, Maffei Enrique Alfredo, Martella LuisSantiago, Meli Vicente y Yáñez José Luis.

Santa Fe

Juicio por apropiación. El inicio del primer juicio porapropiación ilegal de niños durante la dictadura mili-tar en Santa Fe, el hijo de Rubén Maulín y Luisa Prat-to, que había sido fijado para el 13 de marzo, fuepostergado ya que los abogados del querellanteRubén Maulín, los letrados José Zaragoza y LucilaPuyol, anunciaron que apelarán una resolución delTribunal Oral Federal ante la Cámara Nacional deCasación Penal que rechazó el pedido de recusaciónde Luciano Lauría, uno de los tres magistrados. Laagrupación HIJOS ya lo recusó en cuatro juicios pordelitos de lesa humanidad por su amistad con el exjuez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años decárcel por apremios ilegales a presos políticos. Endos de ellos, ya fue apartado. En esta ocasión suspares José María Escobar Cello y María Ivón Vellafallaron a su favor y lo ratificaron en el cargo, lo quemotivó la apelación ante la Cámara de Casación departe de los abogados querellantes. La causa datade 1977, cuando José Luis Segretin fue apropiadopor Cecilia Góngora, una de las imputadas en la cau-sa junto con la médica obstetra que asistió el parto,Elsa Gladis Nasatsky, y el ex jefe de Inteligencia de laBrigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli.

Rosario

Feced II. Continúan las declaraciones de los testi-gos sobrevivientes del Servicio de Informacionesde la policía de Rosario, conducido por el fallecidocomandante de gendarmería Agustín Feced. Sejuzgan los crímenes cometidos contra 43 perso-nas en el centro clandestino de detención ubicadoen el edificio donde entonces funcionaba la Jefa-tura de Policía, y el asesinato de tres ciudadanos,entre ellas dos de nacionalidad peruana.Saint Amant II. El inicio del juicio oral por delitos delesa humanidad cometidos durante la última dicta-dura en la jurisdicción de San Nicolás debiócambiar su fecha de inicio por la designación de unnuevo juez para completar la terna del Tribunal OralFederal 1 (TOF 1) de Rosario, luego de que uno desus integrantes, Luciano Lauría, fuera recusado.El TOF 1 había dispuesto que el debate oral en lacausa por delitos de lesa humanidad en las locali-dades bonaerenses de Pergamino, San Nicolás ySan Pedro, se iniciara el 18 de marzo, pero ante larecusación por parte de la agrupación HIJOSfinalmente comenzó el martes 8 de abril.

Buenos Aires

Nueva Provincia. Vicente Massot, director deldiario Nueva Provincia, declaró ante el juez federalsubrogante de Bahía Blanca, Álvaro Sebastián Co-leffi, imputado por formar parte del aparato de in-teligencia militar que se desplegó en esa ciudaddel sur bonaerense durante la dictadura, y por supresunta responsabilidad en la desaparición deobreros gráficos del diario. El martes 8 de abril, laUnidad Fiscal de Causas por Violaciones a losDerechos Humanos allanó la sede del diario LaNueva Provincia.La Cacha. Desde el pasado 18 de diciembre, quin-ce militares y penitenciarios retirados y un ex fun-cionario civil de la dictadura son juzgados por elsecuestro y tortura de detenidos alojados en elcentro clandestino La Cacha, ubicado en las afue-ras del partido de La Plata; y por la sustracción detres menores nacidos en cautiverio en ese lugar.Trabajadores YPF. Ex jerarcas de la Armada, exjefes de la Prefectura Naval y ex oficiales de estafuerza serán enjuiciados bajo la acusación de ha-ber secuestrado y torturado en dependencias dela Armada a trabajadores de YPF, Propulsora Si-derúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueronconfinados y torturados en centros clandestinosde la Armada.El Juzgado Federal N°3 de La Plata dio lugar al re-querimiento de elevación a juicio de la causa quetiene como imputados a seis jerarcas de la Arma-da, a dos jefes de la Prefectura Naval y a otros dosoficiales de esa fuerza, que había sido presentadopor los fiscales federales de La Plata Marcelo Mo-lina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández. Aúnno se definió la fecha de inicio del debate oral.El Vesubio II. El Tribunal Oral Federal N°4 dió co-mienzo el pasado 13 de febrero al segundo juiciooral por delitos de lesa humanidad cometidos en elcentro clandestino El Vesubio, ubicado en el muni-cipio bonaerense de La Matanza.Cinco represores son juzgados por hechos cometi-dos en perjuicio de 204 víctimas. El principal acu-

Policía y militanteLuis Francisco Ceccon fue un suboficial de Pergamino que se acercó a la militancia cristiana de base, integró la

organización Montoneros e hizo de doble agente. Comenzó el juicio por su secuestro y posterior desaparición.

“La historia es increíble”, di-jo el informante asomadoentre expedientes judicia-les, y agregó: “se trata de

un tipo que fue policía y militante mon-tonero. Pasaba información de la cana alos montos pero fue descubierto por labonaerense. Lo detuvieron, lo largaroncon la promesa de que haría de dobleagente infiltrado en la orga, pero hablócon sus compañeros y siguió engañan-do a la policía has-ta el día en quefue nuevamentedetenido, y final-mente desapareci-do”. El “doble agente”se llamaba Luis Fran-cisco Ceccon, y era unjoven humilde del ba-rrio Güemes de la ciu-dad bonaerense dePergamino, que co-menzó su militancia enel cristianismo de base,se empleó como policíaen 1970 y fue detenidopor primera vez en 1976 ypor segunda vez el 15 demayo de 1978. Desde esafecha estuvo desaparecidohasta agosto de 2011, cuandosus restos fueron identificados porel Equipo Argentino de Antropología Fo-rense (EAAF). Un documento de la Direc-ción de Inteligencia de la Policía de laProvincia de Buenos Aires (DIPPBA), per-mite desandar la persecución de los ser-vicios de la policía sobre Ceccon, elinterrogatorio que le realizaron y su pasea disponibilidad.

El archivo, perdido entre miles de “in-formes” desarrollados desde la dictadurahasta el 2003 se encontró en custodia dela Comisión Provincial de la Memoria deBuenos Aires. El informe describe unasaga de persecuciones y pesquisas quetuvieron como objetivo central investigar“el accionar” del entonces obispo de SanNicolás, Carlos Ponce de León. De esedossier se desprende un capítulo catalo-gado “Sección «C» Nº 005. Asunto: In-vestigación del cabo Luis FranciscoCeccon. No se difunde”.

En la carpeta, donde se hace una re-construcción de la historia del cabo Cec-con, según la óptica de sus captores, seconfirma la primera detención de Cecconen 1976, y su posterior liberación con lapremisa de que a partir de ahí espiara alos Montoneros. También se describeque finalmente “su inclinación fue haciala política marxista de Montoneros”.

En el informe se destacan los argu-mentos con los que los secuestradoresjustifican las “Causas de su detención”.Entre las principales se encuentran:“Que en el año 1974, por una cuestión

solidaria y personal, comenzó a desarrollaruna acción tendiente a la formación de ungrupo de personas, con las cuales coordi-nar esfuerzos, que permitieran como logro,la formación de una comisión vecinal”.“Que formada la comisión, habiendo

comprado una parcela de tierra median-te la organización de festivales de domade caballos y otros, gestiona ante el Se-cretario de Bienestar Social de Pergami-no los materiales para la construcciónde 22 viviendas”. El informe continúadescribiendo las acciones solidarias delgrupo, donde se reconoce al cura Mar-ciano Alba como un cura “tercermundis-ta” que “influye” sobre los vecinos. Eldocumento remarca que Alba “recalcabasiempre el accionar del cura Mugica, te-niendo varios afiches con frases del co-nocido cura y que siempre daba comoejemplo a los componentes del grupo”.Según el informe de los secuestradores,

tanto el contexto humilde en que vivíaCeccon, como el cura Alba, son promoto-res “de un sentimiento populista” en elcabo secuestrado.

El interrogador, que redacta el docu-mento de la DIPPBA, avanza en la escri-tura del texto de once páginas y vaelaborando conclusiones. En un subtítulodenominado “Blancos” que proporciona,el represor anota: “Rentables: Ninguno.”En otro intitulado “Apreciaciones”, descri-

be: “A criterio del interrogador, de acuer-do a los elementos existentes y de lasmanifestaciones del causante, se tratade un individuo totalmente «captado» ennivel intelectual y político por la organiza-ción subversiva Montoneros”.

Entre algunos de los elementos queencuentra el interrogador para “compro-meter” a Ceccon, el represor enumera:“Realizó pintadas que fueron refrendadascomo Montoneros, ofició de campanacon el arma de la repartición, participó dereuniones proselitistas, algunas hechasen su domicilio; realizó el chequeo de lacomisaría de Pergamino, entregó docu-mentación policial, entregó informaciónanticipada de razzias que la policía pro-gramaba en Pergamino”.

En el último subtítulo “Conclusio-nes”, el servicio de inteligencia bonae-rense, recomienda “la separacióninmediata del interrogado de la institu-ción Policial, sin perjuicio de lo que lasuperioridad determine, en cuanto al«grado de disposición» que se estime”(las comillas son de ellos). Respectode las técnicas del interrogatorio, el in-forme no da detalles.

Evita ObreraOscar “Cacho” Lencina aparece sindica-

do en el informe de la DIPPBA como unode los organizadores de Montoneros enPergamino. Era un obrero y estudiante dela UTN de San Nicolás, de una familia pe-ronista pergaminense. En la universidad, yen una época en que la participación políti-ca era un rito generacional ineludible, sefue conectando con distintos compañerosde facultad con los que empezaron unamilitancia universitaria y social.“Un día de 1970 el cura Galli, de Rosario,

nos presenta a un grupo más organizadodel peronismo revolucionario y así inicia-mos el camino de acercamiento a Monto-neros”, contó Oscar consultado para esteartículo, y refirió que luego asumió la tareade desarrollar la organización en Pergami-no que comenzó con la apertura la UnidadBásica Evita Obrera. “A nuestras reunionesvenían de todas las organizaciones pero-nistas, incluso algunos militantes del PRT”,relató Lencina.

Lencina describió el proceso por el cualse acercan los jóvenes del grupo cristiano

de base Emmanuel al núcleo de Monto-neros en Pergamino: “Nosotros desa-rrollábamos un trabajo social importante,y es en esa época del «luche y vuelve»que nos conectamos con este grupo quetenía al cura Marciano Alba como refe-rente”. Oscar recordó haber participadode algunas reuniones en el barrio de Cec-con, antes de irse de Pergamino.

“¿Por qué policía?”Nancy es la hija

de Luis Ceccon, vi-ve en Pergamino.La imagen que

muestra de su pa-dre es una foto blan-

co y negro, de muyjoven, antigua, corroídapor el tiempo, pero quepareciera ir ganandonitidez a medida queaparece un nuevo da-to sobre la historia deLuis. Nancy confesóque durante “muchotiempo convivía conuna duda, una confu-

sión sobre quién fuemi viejo, mi pregunta

siempre fue: «¿por quépolicía?». A mi me mataba

esa duda, yo siempre quise saberquién fue de verdad”. Cuando Luis fue

secuestrado, Nancy (que es la tercera decuatro hermanos) tenía siete años. Sumadre, Máxima Franco, se refugió en elsilencio y desde la desaparición de supadre no quiso hablar mucho sobre eltema. Se enteró de algo de lo que lehabía pasado en un momento en queMáxima salió a hacer averiguacionesen los últimos lugares dónde había es-tado Luis, quien ya en ese entonces sehabía separado de su madre.

Luis Ceccon llegó al barrio Güemes dePergamino con su compañera, los dosmuy jóvenes y recién casados. Como tra-bajaba de albañil, levantó su vivienda conunos amigos, en un barrio que comenza-ba a nacer, con muy pocas casas y don-de faltaba de todo. Nancy tiene algunosregistros de esos años: “La casita to-davía está y vive mi hermana mayor.Había una casona donde se juntaban pa-ra las reuniones. Ahí mi viejo enseñaba aleer y escribir a adultos y chicos del ba-rrio. Ahí se formó el grupo vecinal. El gru-po se llamó Emmanuel (que quiere decir«Dios con nosotros»)”.

El grupo Emmanuel se tornó importan-te para los vecinos, tanto que para 1973,cuando la vuelta de la democracia, du-rante la “primavera camporista”; el grupocon Luis Ceccon a la cabeza, logró que laSecretaría de Bienestar Social de la mu-nicipalidad realizara un plan de viviendaspara el barrio. “De aquel grupo Emma-nuel hay tres que están desaparecidos:Gerardo Pérez, el canario Jorge Torrén ymi papá”, enumera Nancy. “Ellos creíanen una revolución como una gestación,salir al mundo con un nacimiento delhombre nuevo”, rememoró su hija.

El juicioLuego de una serie de postergaciones

para definir el tercer juez del TribunalOral Federal Nº 1 de Rosario –ya que Lu-ciano Lauría fue recusado por su amis-tad con el condenado por delitos de lesahumanidad Víctor Brusa–, comenzó elmartes 8 de abril el segundo de los jui-cios a represores del circuito que tiene ala jurisdicción federal de San Nicolás co-mo sede y cuyos procesos orales trami-tan en Rosario. Entre los hechos que seventilarán, se incluye la privación ilegalde la libertad, los tormentos y el poste-rior homicidio de Ceccon.

“Abandono de puesto de trabajo”, “Cesante”, fue-ron los eufemismos con que los personeros delterrorismo de Estado mintieron sobre el destinode cuatro empleados de Aerolíneas Argentinas

secuestrados durante la dictadura. El engaño, que se repitió endiferentes dependencias públicas y privadas, fue reparado porla actual conducción de la empresa re-estatizada. “Así como en2004 Néstor Kirchner se plantó en la Esma a pedir perdón ennombre del Estado, lo primero que tengo que hacer es pedirperdón en nombre de Aerolíneas”, dijo su titular, Mariano Recal-de, a los familiares de las víctimas en el acto donde finalmentese saldó una larga deuda con la historia y la memoria de lostrabajadores de la empresa nacional.

La actividad tuvo lugar el 12 de diciembre del año pasado. Enla convocatoria, de la que también participaron el secretario deDerechos Humanos, Martín Fresneda y el secretario de Trabajo,Enrique Deibe, los protagonistas fueron los rostros de emociónde los familiares de desaparecidos.

En los legajos de Armando Amadio, Juan Maroni, ErnestoLahourcade y Ricardo Freire, hasta diciembre de 2013, figurabaque habían hecho “abandono de trabajo” y fue a través de undecreto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que serealizó la “reparación”, que consiste en hacer figurar que fuerondesaparecidos por el terrorismo de Estado.“Me sorprendió que Aerolíneas sea la primera (en realizar la

reparación), pero queremos demostrar que Aerolíneas vuelve aser el Estado”, dijo Recalde antes de afirmar que ese gesto es“poner un granito arena que aporta un poco de memoria, ponemucha verdad, pero sobre todo, justicia”.

Por su parte, Fresneda señaló que esta etapa de reparacio-nes se puede iniciar porque antes se “resolvieron las urgen-cias” que significaba la realización de los juicios por delitos delesa humanidad, “con la identificación respecto de cuáles fue-ron los resortes del Estado para llevar a cabo un plan sis-

temático”. “Estas reparaciones documentales forman parte deuna etapa, una fase de la memoria, pero no habríamos podidotener esta iniciativas antes de juzgar al terrorismo y lo hace-mos con la autoridad ética que nos da el haber podido resol-ver estas urgencias”, añadió.

Además, dijo que los actos de reparación “no tienen límites,porque lo que se nos quitó no tiene vuelta atrás en términos dela ausencia, y en Aerolíneas faltan estos compañeros”.

Entre los oradores estuvo Silvina Atencio, integrante de la“Comisión de Trabajo por nuestra identidad”, que realiza el res-cate de los legajos de los trabajadores desaparecidos del Esta-do Nacional.

Atencio señaló que los legajos “pasaron por las manos demuchas personas y funcionarios, que sabían que ahí consta-ba una mentira, pero que sin embargo no hacían nada. Aerolí-neas da el primer paso”. El momento más emotivo de laceremonia fue cuando Recalde selló los legajos para dejarconstancia de la desaparición forzada de los trabajadores ylos entregó a los familiares presentes.

Al momento de recibir el legajo de Armando Amadio, MirthaSiberstein comentó: “Armando no tiene familia directa, yo soyla prima de la nuera de este señor, y si me siento así, no mepuedo imaginar lo que sienten los familiares directos de losdesaparecidos, lo que habrán pasado”.“Tanto los que se fueron como los que hacen esto, merecen

las palabras de Hamlet Lima Quintana: «Hay gente que es ne-cesaria»”, afirmó.

Se prevé que actos de similares características se repli-quen para las distintas administraciones públicas del Esta-do Nacional.

En esa línea, cabe recordar que el ministro de Educación, Al-berto Sileoni, realizó actos de restitución de legajos a familiaresde estudiantes desaparecidos que durante la dictadura eraneliminados de las listas de presentismo con una línea roja.

Los desaparecidos deAerolíneas ArgentinasLos legajos de cuatro trabajadores detenidos-desaparecidos durante la dictadura, que pertenecieron a la línea

de bandera nacional, fueron entregados a sus familiares en un acto cargado de emociones.

UNA REPARACIÓN HISTÓRICA sado es el ex oficial de Inteligencia del EjércitoGustavo Adolfo Cacivio, alias “El Francés”. Tambiénestán imputados los represores Néstor NorbertoCendón, Federico Antonio Minicucci, Faustino JoséSvencionis y el ex teniente coronel Jorge RaúlCrespi.Los acusados deberán responder por su actuaciónen el centro clandestino de detención que funcionóen Camino de Cintura y Riccheri, bajo dependenciaoperacional de la Brigada de Infantería Mecaniza-da X con asiento en el barrio de Palermo.Mansión Seré II. El juicio por los delitos cometidosen el centro clandestino de Mansión Seré de Morónestá a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 de SanMartín y comenzó el 26 de marzo. Por más de uncentenar de hechos, son ocho los imputados.Contraofensiva. Después de 35 años de silencio, elex teniente coronel Eduardo Eleuterio Ascheri de-berá declarar ante la Justicia por los crímenes ocu-rridos durante la denominada ContraofensivaMontonera en los años 1979 y 1980.Ascheri declaró el 6 de marzo pasado ante la juezade instrucción Alicia Vence en el Juzgado FederalN°2 de San Martín. Y al igual que los cinco ex mili-tares que fueron indagados días atrás, es probableque se le aplique la prisión preventiva.La causa se abrió en 2012 y tiene más de un cente-nar de víctimas, entre desaparecidos y asesinados.Plan Cóndor y Orletti II. Después de la feria judi-cial, el pasado 11 de febrero se reactivó el segun-do año del juicio por el Plan Cóndor con nuevasdeclaraciones testimoniales.Jury a Pedro Hooft. El Tribunal de Enjuiciamientodará a conocer el próximo 28 de abril el veredictoen el jury que se sigue contra el suspendido juezfederal de Mar del Plata Pedro Hooft, por no haberinvestigado las desapariciones de abogadosmarplatenses en la denominada "Noche de lascorbatas" en julio de 1977.Esma III. Continúa el proceso que, desde el 28 denoviembre de 2012, juzga a 68 represores –entreellos 2 civiles– por 796 víctimas de diferentes de-litos como secuestro, torturas y homicidio, come-tidos en el CCD “Escuela de Mecánica de laArmada” (Esma).Entre los imputados en esta megacausa, se en-cuentran ocho aviadores navales y de la Prefectu-ra acusados de conducir los denominados "vuelosde la muerte", en los que se arrojaba prisionerosvivos al mar o al río de la Plata.

JUICIOS ESCRITOS

Sustracción de menores. La causa que se desarrollaen el juzgado federal N° 2 de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, iniciada en 2008, investiga un caso deapropiación de niños durante la dictadura en el queestán imputados Juan Antonio Azic, Carlos OctavioCapdevila, Jorge Manuel Díaz Smith, Oscar RubénLanzón y Edgardo Aroldo Otero.

Entre Ríos

Área Paraná. El 19 de diciembre pasado se cum-plieron diez años del pedido de familiares y vícti-mas para la reapertura de la causa y todavía no sedictó sentencia. La megacausa Area Paraná tuvo21 imputados pero, por el paso del tiempo, 11 deellos ya murieron. Los diez restantes fueron pro-cesados a partir de 2009 por crímenes de lesa hu-manidad cometidos en perjuicio de 52 víctimas.En abril de 2011, el expediente fue elevado a juiciopor escrito, pero viene sufriendo una permanentedilación por la sucesiva presentación de recursospresentados por los imputados.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos dela Nación recuerdan que los juicios orales sonpúblicos, y convoca a ser parte de este proce-so de construcción de memoria, verdad y justi-cia, y a acercarse a las audiencias donde sedesarrollan los procesos en todo el país.

FUENTES PARA SEGUIR LOS JUICIOS

Secretaría de Derechos Humanosderhuman.jus.gob.arTélammemoria.telam.com.arInfojus Noticiasinfojusnoticias.gov.arMinisterio Público Fiscalfiscales.gob.arCentro de Información Judicialwww.cij.gov.ar

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

AEROLÍNEAS ARGENTINAS AEROLÍNEAS ARGENTINAS

MEMORIA. Familiares de Armando Amadio, Juan Maroni, Ernesto Lahourcade y Ricardo Freire recibieron los “legajos reparados”.

Juicios orales y públicospor delitos de lesa humanidadArgentina, marzo de 2014

SaltaJuicio por la destrucción de loslibros del Hospital Militar de Salta.Prosiguen las tomas de testimonios.Juicio a los ex jefes del Ejército y laPolicía de esa provincia. Ademásson juzgados otros cuatro policías.

CórdobaMegacausa “La Perla”. Seincorporaron cinco causas al juiciooral que encabeza el Tribunal Oral enlo Criminal Federal N° 1 de Córdoba.

Entre RíosÁrea Paraná (juicio escrito). Se cumplieron diez años del pedido defamiliares y víctimas para la reapertura de la causa y todavía no se dictó.

RosarioFeced II. Continúan las declaraciones de los testigos sobrevivientesdel Servicio de Informaciones de la policía de Rosario.Saint Amant II. Comenzó el juicio por delitos de lesa humanidadcomentidos en Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro.

La PlataLa Cacha. Continúa el juicio por el secuestro y tortura de detenidosy por la sustracción de tres menores nacidos en cautiverio.

Buenos AiresVesubio II. El TOF dio comienzo el 13 de febrero al segundo juicio oral por delitos de lesahumanidad cometidos en el centro clandestino.Plan Cóndor y Orletti II. El 11 de febrero se reactivó el segundo año del juicio con nuevasdeclaraciones testimoniales.Megacausa Esma III. Continúa el proceso iniciado el 28 de noviembre de 2012.Mansión Seré II. Juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino de Mansión Seréde Morón, a cargo del TOF N°5 de San Martín.Sustracción de menores (juicio escrito). Prosigue la causa iniciada en 2008.

JujuySegundo juicio por delitos delesa humanidad. Se juzgan losdelitos de privación ilegítima dela libertad, aplicación detormentos y homicidio calificadoen perjuicio de siete víctimas.

TucumánFusilamiento deOsvaldo De Benedetti.Comienza el 15 de abril.

La RiojaJuicio por la muerte delobispo Enrique Angelelli.Continúan las declaraciones.

San LuisSegundo juicio por delitos delesa humanidad en San Luis.Siguen las testimoniales.

NeuquénEscuelita III. Comenzó la etapa delos alegatos.

MendozaJuicio por delitos de lesahumanidad contra cinco exjueces federales y otros 36imputados.

Son orales y públicos. Para ingresar a lasaudiencias acreditate con tu DNI, cédula opasaporte en la sede del juicio.

Todas y todos podemos

participar de los juicios