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P TRABAJO D ARGENTINA (PTDP) - Ministerio de Trabajo de la ... · Las políticas laborales hacia la...

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1 PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE EN ARGENTINA (PTDP) PROYECTO: ECONOMÍA INFORMAL EN ARGENTINA LA INFORMALIDAD EN BUENOS AIRES. CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO Y POLÍTICAS LABORALES PROVINCIALES AUTOR DEL INFORME: PABLO GUTIERREZ AGEITOS* Sociólogo, investigador del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales/UBA.
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PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE EN ARGENTINA (PTDP)

PROYECTO: ECONOMÍA INFORMAL EN ARGENTINA

LA INFORMALIDAD EN BUENOS AIRES. CARACTERÍSTICAS DEL

FENÓMENO Y POLÍTICAS LABORALES PROVINCIALES

AUTOR DEL INFORME: PABLO GUTIERREZ AGEITOS*

Sociólogo, investigador del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales/UBA.

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Contenido

I. Introducción ______________________________________________________________________ 3

II. Recorrido conceptual_______________________________________________________________ 4

III. Estadísticas sobre la incidencia de la informalidad en la provincia de Buenos Aires. __________ 7

IV. Las políticas laborales hacia la informalidad en la provincia de Buenos Aires _______________ 21

V. Consideraciones finales ___________________________________________________________ 28

VI. Bibliografía ______________________________________________________________________ 31

VII. Anexo: tablas y gráficos ___________________________________________________________ 33

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I. Introducción

El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ha considerado necesario avanzar en la búsqueda de conocimiento que ayude a comprender las características que asume la informalidad para contribuir en el diseño políticas hacia el sector. En este marco, en el año 2008 publicó una investigación realizada a pedido del ministerio por el CEIL-PIETTE del CONICET, analizando entre otros fenómenos, el de la informalidad. La OIT ha ofrecido colaboración para continuar con ese esfuerzo a partir de la elaboración de un informe que tomando en cuenta estos recientes antecedentes, avance en la construcción de conocimiento sobre la materia.

Este informe busca describir las características que asume la informalidad laboral urbana en la provincia de Buenos Aires, sus particularidades respecto a la problemática en otras regiones del país -haciendo especial énfasis en la distribución de los puestos de trabajo entre las distintas ramas de la economía de la provincia y en localidades de distinto tamaño- y finalmente, las políticas que buscan su reducción.

Para ello se utilizaron los micro-datos que provee la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y la Encuesta Indicadores del Mercado de Trabajo en Municipios de la Provincia de Buenos Aires (EIMTM) que ha comenzado a aplicar recientemente el gobierno provincial, así como de entrevistas con funcionarios provinciales al frente de las áreas con mayor incidencia sobre la problemática.

En el siguiente capítulo vamos a dar cuenta del marco conceptual desde el cual se abordará la temática y algunos antecedentes sobre el fenómeno en la provincia. Luego, en el tercer capítulo, avanzaremos en el análisis de datos estadísticos para considerar las particularidades que presenta la informalidad en la provincia de Buenos Aires, analizando su evolución entre los años 2003 y 20061, y las características que asumen en distintas ramas de la economía y en pequeñas localidades de la provincia.

El cuarto capítulo describirá las principales políticas provinciales para reducir la informalidad, considerando su vinculación con las acciones que realiza el gobierno nacional y con las administraciones municipales. La fuente de información para el mismo está constituida por entrevistas en profundidad con funcionarios, así como informes de gestión y material de difusión de dominio público sobre los programas.

Finalmente, en el quinto capítulo se presentarán algunas consideraciones finales sobre la evidencia presentada y se mencionan algunos lineamientos para la reducción del trabajo informal en la provincia.

1 Al momento de la realización de este informe no se cuenta con bases de datos más actualizadas.

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II. Recorrido conceptual

Durante el siglo XX, los problemas del mundo del trabajo en América Latina fueron abordados desde distintas tradiciones intelectuales y marcos teóricos. Una de las aproximaciones que demostró mayor fertilidad para la reflexión, interpelación y diseño de políticas ha sido la de la del sector informal. El concepto fue propuesto inicialmente por Keith Hardt a partir de una misión de la OIT en África, comienzos de la década del 70. En su primera versión, permitía incorporar en el análisis económico fenómenos que escapaban al arsenal conceptual y los instrumentos de medición con el que se pensaban las economías de los países centrales (Neffa, 2008).

El debate fue retomado rápidamente por los integrantes del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) que, desde una visión estructuralista del desarrollo, fuertemente influenciada por los trabajos de Prebisch y Pinto, elaboraron una de las interpretaciones sobre la informalidad que más se ha difundido en nuestra región2.

Para esta primera corriente latinoamericana, la informalidad es una respuesta “desde abajo” al desajuste entre la dinámica poblacional y el funcionamiento de la economía. Desde esta óptica, la heterogeneidad estructural, el funcionamiento de mercados oligopólicos y con difusión asimétrica del cambio científico y tecnológico, configuran un escenario de débil acumulación y trabas para la reinversión, que limitan la creación de empleo en el sector formal. Esta dinámica se enfrenta a una presión migratoria rural y un crecimiento demográfico no asimilable por el sector estructurado en el contexto latinoamericano (Tokman, 2002). La informalidad surge entonces con el fin primordial de crear empleo y saldar de algún modo esa brecha.

Lejos de ser concebidos como resabios de una economía tradicional o precapitalista, como se desprendía de los análisis realizados desde la teoría de la modernización, las unidades económicas informales constituían un resultante de la propia modernidad (Lazarte, 2000).

El concepto recortaba del universo económico, a las unidades con bajos niveles de productividad y baja capacidad de acumulación. Se las caracterizaba por su reducido tamaño, bajos requisitos de entrada (en términos de calificaciones, capital y organización), tecnología anticuada, y escasa diferenciación entre el mundo familiar y la empresa, con uso de trabajo intensivo, entre otras características. El sector informal urbano (SIU) así definido comprendía a ocupados en empresas pequeñas no modernas, los independientes (con exclusión de los profesionales universitarios), trabajadores por cuenta propia, patrones y empleados de pequeños establecimientos y los que desarrollan tareas (remuneradas) en el servicio doméstico. (PREALC, 1976).

Para los expertos de la PREALC, el fenómeno era estructural y específico a la realidad social periférica, y los lineamientos de políticas que se desprendían de dicha concepción apuntaban hacia un desarrollo industrial con cambio estructural, que permita la absorción de mano de obra por el sector formal. Pero el diagnóstico no ignoraba el papel 2 Un debate latinoamericano que anticipó la preocupación sobre estos fenómenos, es el de la marginalidad. Desde los pioneros trabajos de Germani y la DESAL, en el marco de la discusión de la aplicación de la teoría de la modernización a nuestras realidades, y la fértil conceptualización marxista de la marginalidad económica (Quijano, Duque y Pastrana, Nun, Marin y Murmis) se abordo, si se quiere también en clave dualista (Cortés, 2000), la emergencia de población apartada de los beneficios del desarrollo.

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compensador del sector informal para la estabilidad socio política en la región (Tokman, 2004)3.

Dicha tradición teórica recibió dos críticas principales, una de corte marxista y otra liberal4. Por un lado, Castells y Portes (1989) mostraron que los sectores formal e informal, lejos de reflejar compartimentos estancos, tenían vasos comunicantes, y por lo tanto la informalidad debía entenderse en el marco de cambios en el modo de producción capitalista orientados a revertir la caída en la tasa de ganancia. Así entendida la misma manifestaba procesos de desconcentración y descentralizan de la producción, tercerización y subcontratación de etapas del proceso productivo que en parte se reubicaban en el sector informal5. La desvinculación entre el capital y la seguridad social del trabajador era un indicador de este proceso, por lo que los empleos precarios pasaban a ser considerados parte de la informalidad, independientemente del tipo de empresa en el que se encontrara.

Entonces, dentro del SIU se incluye al igual que definición de PREALC/OIT a los trabajadores independientes y a sus familiares, pero también a los asalariados cuyos empleadores no respetan las regulaciones laborales, independientemente de la escala, nivel de productividad o capacidad de acumulación de la unidad productiva. De este modo su definición se distancia, de la definición sectorial y se amplía para abarcar todas las actividades económicas no alcanzadas por la regulación estatal. Esta vertiente dio lugar a una clasificación funcional de la informalidad en tres tipos diferenciados: de subsistencia, de explotación dependiente, y de crecimiento (Portes, 1999).

Cabe resaltar que aquí el marco analítico pasa de la condición laboral del individuo (o del puesto de trabajo) al modo de organización de la acumulación, y por tanto más que trabajadores informales lo que existe es economía informal, parte integral de la dinámica económica capitalista en el fin de siglo.

Desde un marco teórico opuesto, Hernando De Soto (1987) reinterpretó dichos fenómenos considerando como principal determinante para la informalidad el exceso de regulaciones del estado. Se combina entonces un impulso que al igual que en PREALC es “de abajo hacia arriba”, pero en este caso el entusiasmo emprendedor de los trabajadores se enfrenta a las regulaciones y restricciones del Estado que limitan su potencial creador y les impiden desarrollarse. La informalidad sería entonces la solución práctica a una suerte de encrucijada económica, de actores económicos compitiendo en un contexto mercantilista. Nuevamente se produce un cambio en el nivel de análisis: la informalidad no es un sector ni un conjunto de individuos sino una forma de producir, un refugio a la sombra del estado.

Luego de esta diagnóstico, la propuesta liberal va en la línea de una reducción de los requisitos y regulaciones estatales, y más recientemente, hacia el reconocimiento de los activos con que cuentan los pobres para favorecer su acceso al crédito.

Pero esta vertiente ha recibido abundante crítica. Se la ha calificado de ideológica y de carente de sustento empírico, al extraer conclusiones generales de estudios realizados a algunas pocas microempresas en el Perú (Salas, 2003). Además, se ha señalado la

3 Más recientemente, este autor apuesta por nuevas formas de garantizar la cohesión social ante la insuficiencia del sector informal y la creciente crisis del trabajo, y señala la necesidad de garantizar y universalizar la cobertura social con independencia de la inserción laboral (Tokman, 2007). 4 Para un panorama más amplio sobre el debate y las distintas posiciones ver Cortes (2000) 5 En la misma línea se ubican los trabajos de Piore y Sabel de 1984, quienes dan cuenta de la informatización de las actividades formales, aunque la tendencia de las grandes empresas a la subcontratación de microempresas formales se habría detenido a fines del siglo XX (Sánchez, Joo y Zappala, citados por Cimoli, 2006)

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insuficiencia de centrar la discusión en torno al capital de los microempresarios y las excesivas regulaciones, en tanto “la mera ausencia de normas no resuelve el problemas sustantivos, tales como el acceso del sector al crédito, capital, capacitación, tecnología y mercados, y la necesidad de su organización”. (Víctor Tokman, 2004; 212). Incluso Portes, considera errado el camino entendiendo que lejos de ser un obstáculo para el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, la regulación estatal es el soporte que explica su existencia y subsistencia a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en paradójica coincidencia con la postura neomarxista, la concepción neoliberal también operacionaliza el fenómeno como extralegalidad, pero en este caso debido al exceso de regulaciones estatales sobre los mercados. Ambos enfoques compartirían entonces 1) un origen en la observación empírica del fenómeno; 2) una unidad de análisis (la actividad o forma de actuar); 3) la condición extralegal; 4) límites borrosos con el mundo formal. (Cortes, 2000)

Una crítica común a los enfoques que identifican la informalidad con la omisión de regulaciones descansa en su arbitrariedad, en tanto un mero cambio de la legislación podría cambiar el estatus teórico del fenómeno, y “sin embargo las unidades anteriormente llamadas informales seguirían ahí (…) el criterio del cumplimiento de las leyes vigentes es un criterio totalmente arbitrario” (Salas, 2003; 67). En otra parte, llamamos la atención sobre esta paradoja considerando las regulaciones sobre los trabajadores de la recuperación informal de materiales reciclables en la Ciudad de Buenos Aires, también llamados carreros, cartoneros o cirujas (Gutiérrez Ageitos, 2007).

En el año 2002, en el marco de la 90º Conferencia Internacional del Trabajo la OIT toma nota del debate en torno a la informalidad y reconoce que el problema ha crecido rápidamente en todos los países, incluso los industrializados, y que no puede ser considerada un fenómeno temporal o marginal (OIT, 2002). Al mismo tiempo, señala el contexto de flexibilización de la producción y las relaciones laborales como resultado de un proceso de descentralización productiva, que extiende los rasgos de los empleos informales a sectores anteriormente considerados formales.

En efecto, a partir de principios de los años setenta el asalariamiento sufre un proceso de generalización y diferenciación, pasando del escenario de la conflictividad social, fundada en el proceso de movilidad social ascendente, al de la fragmentación de la estructura salarial. Castel pone la atención sobre el análisis de tres tendencias generales, cuyo desarrollo mina los fundamentos de la sociedad salarial: desestabilización de los estables, instalación en la precariedad y la reaparición de un perfil de población supernumerario. (Castel, 1998)

El nuevo catálogo de situaciones que son objeto de reflexión mediante la noción de informalidad incluye ahora a trabajadores precarios en empresas formales. Se distingue entonces entre empleo en el sector informal, basado en la unidad de producción, y empleo informal, más amplio y basado en el puesto de trabajo (Hussmanns, 2004).

A la vez, se plasma una descripción específica de la economía informal, consistente en el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas formales o no lo están en absoluto.

De este modo se incorpora al debate sobre la informalidad los problemas de desintegración de las formas de empleo típicas de la sociedad industrial moderna. La precariedad laboral, concepto que había irrumpido a fines de siglo para dar cuenta de este fenómeno, se ve incorporado de algún modo al mundo de los estudios sobre la informalidad al incluirse en las definiciones aceptadas una forma extrema de la

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precariedad (Neffa, 2008), la no registración formal del contrato de trabajo, característica que remite a la relación trabajador-empresa-estado. Vale señalar que la no registración implica la pérdida de beneficios sociales, acceso a jubilación, participación sindical, entre otras dimensiones que hacen a la precariedad6.

Desde entonces, ambos problemas son estudiados de manera conjunta en mayor medida (Neffa, 2008, Pok y Lorenzetti, 2007). Se reconoce que los fenómenos de inestabilidad y precariedad de las ocupaciones, la falta de cobertura social y los bajos ingresos han dejado de ser patrimonio del “sector informal” (Monza, 1999). Para Gallart (2007) lo principal es distinguir la racionalidad económica -subsistencia o de acumulación- y propone una taxonomía que incluye en su definición variables como el nivel de ingresos y el tamaño del establecimiento, aunque se señala la dificultad para su estudio ante la falta de datos. Para Pok y Lorenzetti (2004) una taxonomía debería incluir además la complejidad de la tarea, medida a través de la calificación de la ocupación.

De este modo, el debate sobre la informalidad se ve ampliado y enriquecido al incorporar fenómenos de la precarización del empleo. Sin embargo, al mismo tiempo, el análisis sobre la precariedad corre el riesgo de verse limitado y empobrecido, al considerar apenas una de las dimensiones que dan cuenta de las formas endebles de empleo. Incluso, para algunos autores la nueva terminología agrega imprecisión al ya heterogéneo mundo del sector informal7.

A pesar de En este informa vamos a aceptar el desafío de abordar conjuntamente ambos problemas. Nuestro abordaje implicará para ello analizar el solapamiento entre los fenómenos de la precariedad y el sector informal, pero sin perder de vista la especificidad de ambos conjuntos de problemas y la heterogeneidad existente dentro del mundo informal.

III. Estadísticas sobre la incidencia de la informalidad en la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo vamos presentar la evidencia empírica sobre la informalidad en la provincia de Buenos Aires. En la primera sección presentamos los resultados de dos estudios reciente sobre el fenómeno en la provincia de Buenos Aires, a fin de conocer los enfoques, materiales y las conclusiones alcanzadas. En la segunda, se explicita la metodología que se utilizará para realizar una aproximación empírica al fenómeno. Luego, en una tercera sección, analizamos la incidencia para los aglomerados de la provincia de buenos aires y los perfiles de distintas ramas de del empleo. Finalmente, se presenta la

6 La precariedad constituye un concepto desarrollado para abordar formas atípicas y endebles de empleo, que emergen en las últimas décadas del siglo XX, y se refiere a una característica propia de los puestos de trabajo -y no a un sector del aparato productivo- consistente en participación intermitente en la actividad laboral, contratos de tiempo parcial o eventual, ocupaciones en vías de desaparición o de carácter redundante, entre otras características. (Pok, 1992). Neffa (2008; 91) nos recuerda que “dados los cambios operados en la relación salarial desde mediados de los años ‘70, la noción tradicional de informalidad se mostró insuficiente para poder interpretarlos; por eso partiendo del análisis del sector formal se avanzó en la conceptualización de la precariedad laboral, impulsados por el trabajo seminal de Sylos Labini de 1974, sobre este problema en Sicilia” tomando como parámetro al empleo tradicional del modo de producción fordista. Los bajos ingresos también forman parte de esta caracterización. 7 Incluso, durante las discusiones de los expertos en estadísticas de la OIT se mencionaron los riesgos que entraña esta confusión, pero la nueva categoría se sostuvo, a ante la falta de consenso sobre un término alternativo como por ejemplo, “empleo no protegido”. (Hussmanns, 2004).

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situación en localidades con menos de 100 mil habitantes de la provincia de Buenos Aires

A. Antecedentes empírico-metodológicos de estimación.

Los trabajos sobre informalidad en nuestro país no han tenido uniformidad en el tratamiento del tema. Sin embargo, se destaca un rasgo común: en su mayoría estos trabajos abordan el problema a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

Si bien la literatura que analiza por una parte el trabajo no registrado y la que se enfoca en el sector informal es abundante8, el abordaje integral del sector informal y el empleo informal ha sido poco explorado para el caso de la provincia de Buenos Aires. Dos son los antecedentes más recientes en esta línea que cabe destacar.

El primero, del año 2005, consiste en un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en base a la implementación de un módulo sobre informalidad dentro del marco de la EPH, en el aglomerado del Gran Buenos Aires, que entre otras cosas permitió estimar la incidencia de la informalidad considerando las últimas recomendaciones de la OIT.

Este estudio (MTEYSS, 2007) se propuso presentar las características de la informalidad en los términos que la definió la 90º conferencia de la OIT, para lo cual, entre otras incorporaciones, se aplicaron preguntas que indagan sobre el encuadramiento legal de las unidades productivas y los trabajadores independientes. En los términos de la noción aplicada la informalidad se observa porque “desarrollan la actividad laboral al margen de las normas laborales, impositivas, contables y/o previsionales, lo cual deriva en una si-tuación de precariedad laboral.” (MTEYSS, 2007; 38).

Se distingue entre las unidades productivas formales, informales y los hogares, y los empleos con características formales e informales, los que pueden encontrarse en unas u otras unidades productivas9. Además, se consideró al conjunto de empleados públicos como integrantes del sector formal, mientras que a los beneficiarios de planes de empleo que realizan contraprestación laboral se los excluyó del conjunto de ocupados (ibid; 36).

La estimación realizada del empleo informal, incluyendo al empleo doméstico, asciende al 45% de los ocupados10. Por otra parte, el empleo en el sector informal afecta a 20% de los ocupados, sin considerar a los hogares (empleo doméstico) que representan un 8% adicional de puestos de trabajos fuera del sector formal.

8 Para un panorama sobre los distintos tipos de abordajes y enfoques ver MTEYSS, 2008; Neffa, 2008; Pok Y Lorenzeti; 2007; Salvia; 2007; Beccaria y Groisman, 2007; Gasparini, 2000; entre otros. 9 En el mismo fueron clasificadas como unidades productivas informales: los trabajadores independientes que nunca se anotaron en los registros administrativos correspondientes para la realización de su actividad económica; en el caso de los asalariados del sector privado, cuando declaran desarrollar sus actividades en unidades productivas que no emiten facturas y/o tickets, no llevan registros contables y no tienen ningún empleado registrado. (MTEYSS, 2008) 10 Incluye a 13,7% de ocupados informales en unidades formales, 19,9% en unidades informales, 7.9% en hogares y 3.6% sin especificar sector.

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GRAFICO 1 Trabajadores ocupados según formalidad del trabajo y de la empresa. Módulo de informalidad de la

EPH. GBA, IV trimestre de 2005

Ocupados informales en empresas del sector

informal; 19,9

Sin especificar; 6,4

Ocupados formales en empresas del sector

formal; 52,1

Ocupados informales en hogares; 7,9

Ocupados informales en empresas del sector

formal; 13,7

FUENTE: elaboración propia en base a MTEYSS, 2007, 41. Nota: Los datos sin especificar se componen de 3,6% de ocupados informales a los que no se pudo determinar el sector de pertenencia.

En un estudio reciente, Neffa (2008), analiza el problema de la informalidad y el trabajo no registrado en la provincia de Buenos Aires, utilizando los datos que la EPH produce habitualmente para los cuatro grandes aglomerados urbanos de la provincia. Los autores del estudio prefieren diferenciar el análisis del sector informal y de la precariedad, a la hora de realizar las estimaciones.

La definición del sector informal utilizada en ese informe es la propuesta por la 15º Conferencia internacional de Estadísticos del Trabajo (enero de 1993) e incluye a trabajadores por cuenta propia de calificación no profesional, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores asalariados pertenecientes a micro-empresas (unidades con 5 o menos ocupados), patrones de micro-empresas, excluyendo a los que tuvieran calificación profesional y a trabajadores del servicio doméstico en hogares (pero sólo a título de categoría residual).

Para el segundo semestre de 2005, estiman que el sector informal emplea al 42,9% de los ocupados del GBA11. Al extender el análisis al conjunto de los principales aglomerados urbanos de la provincia, la informalidad así definida crece hasta el 44,8% en igual período.

En otra parte analizamos las divergencias que producen ambos enfoques observando que aproximadamente un un tercio de los ocupados que se registran dentro del sector informal según la definición habitual, pertenecen al sector formal de acuerdo a la situación de legalidad de la unidad productiva captada por el módulo de informalidad de la EPH. En menor medida (7% de los ocupados en el SIU) se clasifica como informales a ocupados en unidades que cumplen las regulaciones (Gutiérrez A., 2007). Claramente, el enfoque habitual (aplicable con los datos del cuestionario habitual de la EPH) ilumina una realidad más amplia que la extralegalidad.

Como complemento al análisis del sector informal, el trabajo de Neffa describe dos dimensiones de la precariedad, la ausencia de registro y el empleo con tiempo de finalización12. Considerando nuevamente la situación del GBA en el cuarto trimestre de

11 El valor superior a la estimación del sector informal que realiza el MTEYSS (28% incluyendo al servicio doméstico). Esto indica que algunas unidades productivas de baja escala cumplen con al menos alguna regulación. Por ello, en la definición utilizada en el módulo de la informalidad de la EPH no se acepta la posibilidad de que exista empleo formal en unidades informales: al cumplir con la registración del trabajador dicha unidad se convierte en formal. 12 Entre los empleos atípicos puede incluirse el trabajo en negro, el trabajo clandestino o ilegal, aunque las modificaciones normativas para flexibilizar las relaciones laborales han “legalizado” formas de empleo que se alejan de

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2005, encuentran que al 40% de los asalariados (sin excluir el servicio doméstico) no se les realizaba descuentos jubilatorios, mientras que en el segundo caso, el empleo por un plazo definido, 10% de los asalariados se encontraban en situación de precariedad. Los datos sobre empleo precario a nivel municipal utilizados refieren a distintos años, aunque se destaca una amplia variabilidad en las estimaciones.

El esfuerzo por diferenciar los procesos de precarización laboral que recargan sobre el trabajador la incertidumbre de la dinámica económica, de las inserciones en unidades productivas de pequeña escala, propias del sector informal, nos parece un camino adecuado para comprender los desafíos que presenta el mercado de trabajo en el nuevo milenio. Sin embargo, resulta también de interés conocer el grado de solapamiento entre ambos fenómenos, tarea que emprenderemos en las siguientes secciones.

Si bien difieren en sus estimaciones, los especialistas del Ministerio de Trabajo de la Nación y el estudio realizado por Neffa (op cit) coinciden en señalar la informalidad laboral es uno de los problemas más serios que enfrentaron los trabajadores en los últimos tiempos, y manifiestan un largo proceso de deterioro que incluye la caída en los ingresos reales, concentración del ingreso y el crecimiento de la desocupación.

B. Metodología de estimación

Nuestro esfuerzo, se orientará a identificar el empleo generado dentro de la economía informal (empleo en el sector informal y empleo informal) mediante una clasificación cruzada de ambas dimensiones, que permita integrar el análisis (siguiendo la orientación de las últimas definiciones de la OIT sobre informalidad) y mantener al mismo tiempo la distinción entre distintas situaciones de vulnerabilidad que implican el empleo en distintos sectores y bajo distintas condiciones laborales.

El empleo en la economía informal será definido como el conjunto de ocupados en el sector privado informal o en el sector privado formal precario. Esta última condición, implica la ampliación del análisis de la informalización del empleo, desde la falta de registración hacia la idea más general de precariedad.

Partiendo de las nociones aceptadas por la literatura y las fuentes de información disponible, consideraremos dos dimensiones de la precariedad laboral entre trabajadores asalariados, la pérdida de beneficios sociales y la inestabilidad de la inserción laboral. Por oposición, el empleo estable o protegido, será aquel que es por tiempo determinado y protegido por la legislación laboral. (Lindenboim, Leandro Serino y Mariana L. González, 2000) Estas dimensiones dan cuenta de elementos centrales del régimen flexible de empleo que se puso en marcha en nuestro país durante la década del 90 con la promesa (incumplida) de favorecer la creación de puestos de trabajo y reducir el desempleo. Para la estimación con los datos disponibles se tomarán como proxy de las mismas la falta de aportes jubilatorios por parte del empleador y/o poseer un contrato de trabajo con tiempo de finalización pautado.

En el caso de los trabajadores independientes y los trabajadores familiares sin remuneración, la extensión del concepto de precariedad vinculado originalmente a la relación asalariada, implicaría construir indicadores que permitan aproximarse a las condiciones de previsibilidad / vulnerabilidad consideradas para el caso de los las típicas. Sin embargo, queda claro que “todos los trabajos y empleos no registrados o ilegales tienen por definición un carácter precario. (Neffa, 2008; 91)

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asalariados. Sin embargo, la información disponible en las bases de datos utilizadas nos impide realizar una estimación confiable sobre este aspecto.

Para la estimación estadística del sector informal, siguiendo las recomendaciones de la 15º Conferencia internacional de Estadísticos del Trabajo, se incluye un conjunto de condiciones que permiten identificar unidades informales partiendo de la información sobre los puestos de trabajo, en los términos de las características propuestas por la tradición estructuralista latinoamericana:

- patrones no profesionales cuya empresa tiene hasta 5 personas ocupadas - cuenta propia no profesionales - asalariados ocupados en establecimientos de hasta 5 trabajadores, - trabajadores familiares en establecimientos de hasta 5 trabajadores, - empleado/as doméstico/as.

Al conjunto de ocupados que no pertenecen a ninguno de estos grupos se los clasifica como formales, y en forma separada, se consigna al sector público. Esta metodología, arroja magnitudes similares a la aplicada por Neffa (2008).

Si bien esta categorización no agota las dimensiones que puede adoptar la informalidad13 nos permite una aproximación al fenómeno que puede ser aplicada tanto en el trabajo con la EPH continua en la serie 2003-2006, como con los datos de nivel municipal que provee la EIMTM de la provincia de Buenos Aires, permitiendo observar tanto las tendencias que se presentan en la provincia bajo el nuevo modelo de crecimiento con tipo de cambio competitivo, como la especificidad de la situación en grandes aglomerados urbanos y municipios de menor tamaño.

C. Ejercicio de medición de informalidad laboral urbana durante la fase de crecimiento 2003-2006.

En este capítulo vamos a presentar información desagregada para tres conjuntos poblacionales. En primer lugar, mostramos las tendencias para el conjunto de aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires relevados por la EPH: Gran La Plata, conurbano bonaerense, Bahía Blanca/Cerri y Mar del Plata-Batan. Estos datos se comparan con el resto de aglomerados urbanos del país relevados por la EPH, los que en adelante serán denominados “Resto del País”, para simplificar la exposición. Luego, se analiza a título exploratorio, la heterogeneidad presente entre los grandes aglomerados y las localidades de menor tamaño de la provincia, donde se aplica la Encuesta de indicadores del mercado de trabajo del Ministerio de Trabajo de la provincia.

En un primer apartado se muestra a modo de resumen las estimaciones sobre sector informal, precariedad y la economía informal, para los grandes aglomerados urbanos de Buenos Aires y el resto del País para los años 2003 y 2006. Luego se analiza con cierto detenimiento los componentes de la economía informal y sus tendencias.

13 Para una categorización más amplia, y que incluye tanto la dimensión sectorial como la calidad de los empleos ver Gallart (2007).

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C) Estimaciones para grandes aglomerados urbanos

En la provincia de Bs.As. la tasa de ocupación en el sector informal se ha incrementado (+2.1pp) entre los años 2003 y 2006 respecto a la población económicamente activa. En el resto del país el incremento ha sido menor. Este fenómeno se entiende en el contexto de una fuerte baja de la desocupación.

En relación a la población ocupada, el sector informal se reduce tanto en la provincia (-1.3pp) como en el resto del país (-2.4pp), y si se excluye del análisis al empleo público (que como veremos experimenta un retroceso durante el período) el sector informal retrocede aún más marcadamente en ambos agregados poblacionales.

Esta dinámica se vincula principalmente al fuerte incremento del empleo formal asalariado, mientras que el empleo independiente informal se mantiene casi idénticos niveles luego del “despegue” de la economía.

La precariedad muestra un leve retroceso entre los años 03 y 06, tanto en Buenos Aires como en el resto del país. Esta dinámica se vincula principalmente con la disminución del empleo público de asistencia, lo cual se advierte considerando la brecha. Este fenómeno es impulsado también por el incremento del trabajo registrado.

La economía informal delimitada por el entrecruzamiento de ambos fenómenos, precariedad y sector informal (el conjunto de puestos de trabajo en el sector informal y los puestos precarios del sector formal) muestra un incremento en el período respecto a la PEA14. Esto indica que la disminución del desempleo observada en el período ha significado, en parte, un trasladado de la problemática de la inclusión hacia el mundo del trabajo. Este fenómeno resultó más acentuado en Buenos Aires que en el resto del país.

Sin embargo, al interior de los ocupados, la economía informal retrocede relativamente como resultado del crecimiento aún mayor del sector formal. El fenómeno no alcanza, al empleo independiente que muestra niveles elevados de informalidad en ambos momentos.

Tabla 1. Sector informal, precariedad y economía informal. Buenos Aires y resto de grandes aglomerados urbanos del país. Años 2003 y 2006.

Buenos Aires Resto

2003 2006 2003 2006

Sector informal / PEA 39,4% 41,5% 39,3% 39,6% Sector informal / Ocupados 48,3% 47,0% 45,5% 43,1%

Sector informal / Privado 59,9% 54,4% 58,8% 53,9% Sector informal / Asalariados privado 44,6% 40,2% 45,4% 40,7%

Sector informal / Indep. Privado 90,5% 89,5% 81,7% 81,3%

Precariedad / PEA 32,7 32,0 31,1 29,7 Precariedad / ocupados 40,1% 36,3% 36,0% 32,4% Precariedad / Privado 37,9% 37,6% 36,4% 34,7%

14 Cabe aclarar que los datos semestrales provistos por la EPH continua permiten aplicar con éxito esta metodología de estimación en el 97% de los activos a lo largo del período estudiado. Entre los casos no clasificados, se encontraban principalmente asalariados que no declaran tamaño del establecimiento. Se debe tener en cuenta que el error de clasificación es superior (oscila entre 6% y 8%) en los servicios financieros, de transporte, comunicaciones e inmobiliarios.

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13

Precariedad / Asal Privado 56,7% 52,9% 57,4% 51,1%

Economía INF. / PEA 48,1% 51,9% 48,1% 49,1% Economía INF. / ocupados 59,1% 58,8% 55,7% 53,5% Economía INF. / Privado 73,2% 68,1% 72,0% 66,8%

Economía INF. / Asal Privado 64,5% 59,4% 66,2% 59,7%

FUENTE: Elaboración propia en base a EPH/INDEC. Nota: Los datos corresponden a los 2dos semestres de cada año. El conjunto de aglomerados de la provincia de Bs. As. Incluye: Partidos del gran Bs. As., Bahía Blanca/Cerri, Gran La Plata y Mar del Plata/Batán.

En síntesis, la dinámica de la informalidad en los grandes aglomerados urbanos de la provincia presenta algunas particularidades que la diferencian del resto del país:

1) La reducción de la desocupación y el empleo público de asistencia reconfiguran los problemas del mercado de trabajo incrementando la importancia relativa de los viejos problemas de informalidad: la economía informal en términos absolutos avanza durante los años de recuperación económica de forma más acentuada que en el resto del país.

2) En un contexto de disminución de la precariedad (dada su caía en el empleo público), la economía privada muestra un recorrido contrario, hacia el deterioro de la calidad de los empleos que se generan en su interior: el empleo precario tanto en el sector privado formal como en el sector informal, crece más que el no precario. En el resto del país, la precariedad disminuye tanto en el sector público como en el privado.

3) Los trabajadores independientes incrementan su participación en el mercado de trabajo en el contexto de expansión que atraviesa la economía a la salida de la convertibilidad y muestran hacia el final de la serie un freno en su crecimiento. El trabajo independiente en la provincia se distingue del resto del país por la mayor componente informal, aunque muestra similar tendencia a la baja que el resto del país.

4) Los puestos asalariados de la provincia, del mismo modo que en el resto del país, replican la estructura sectorial previa a la crisis: crecen tanto los puestos de la economía informal como protegidos formales, como contracara de la caída en el empleo público precario y de la desocupación. En este marco, la expansión del empleo formal parece obedecer más a la creación de nuevos puestos de trabajo, que un fenómeno de conversión de puestos informales a formales. El segmento asalariado informal de la provincia resulta más amplio y más resistente a la baja que en el resto del país. Además, la precariedad entre asalariados de la provincia disminuye sólo por la disminución del empleo público precario, mientras que en el resto del país también retrocede el precario privado.

5) El crecimiento del empleo en el sector formal constituye un rasgo especialmente marcado de la dinámica provincial: este crece un 20% a lo largo de la serie, más que en el resto del país, y la mayor parte de su incremento se explica por el subsector protegido (empleo formal) que se incrementa 27%. Sin embargo, el contexto de desaceleración del crecimiento luego de 2006 en el contexto de crisis económica mundial impide ser optimista respecto al sostenimiento de esta tendencia.

D. Incidencia de la informalidad en distintas ramas de actividad en la provincia

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14

Es un hecho aceptado en la literatura el que la incidencia de la informalidad presente diferencias considerando la ubicación de la empresa en el entramado económico. Esto también se observa al comparar el tipo de empleo entre distintas ramas de actividad en la provincia de Bs As.

Corresponde entonces comenzar por preguntarse cuáles son las particularidades de la estructura del empleo por rama de actividad en la provincia respecto al resto del país, antes de analizar la incidencia de la informalidad en cada rama.

Bs. As. presenta una estructura con particular dinamismo de la industria manufacturera, que es la que más contribuye al crecimiento del producto geográfico, crecimiento explicado en primer lugar por la fabricación de vehículos automotores, carrocerías y repuestos. La actividad secundaria alcanzó el 35% del PBG provincial en el año 2006, resultado que supera levemente al nivel nacional. El sector terciario contribuye con un 60%. Por último, al sector primario le corresponde un 5%, porcentaje levemente menor que el promedio nacional (7%). (Padín, 2009)

La provincia muestra una estructura productiva con mayor peso del empleo en la industria. Como contracara, resulta menor la incidencia del empleo en los servicios, con excepción del servicio doméstico. Asimismo, se confirma la heterogeneidad en las incidencias de la informalidad y sus componentes en cada una de las ramas.

Incluso, la incidencia de la informalidad en la industria bonaerense es menor al resto del país y a este hecho se suma el pronunciado incremento del empleo protegido en unidades privadas formales a lo largo de la serie.

Esta dinámica parece responder a la aplicación de políticas de promoción de regularización laboral y mejora de las condiciones de trabajo ensayadas desde 2003, que generaron entre otros fenómenos un retorno al sendero de crecimiento en el empleo privado registrado y la mejora de los ingresos de este segmento, en un contexto favorable a la sustitución de importaciones de la rama. Si bien no se ha explorado en este informe, otros estudios indican que este avance en el empleo estaría impulsado por el conjunto de empresas de menor tamaño dentro del sector formal. (Lavopa, 2008).

Esto se refuerza considerando que es el sector formal en su conjunto (precario y estable) que crece y llega a explicar dos tercios del empleo privado industrial (ver Tabla 7 anexo).

El diagnóstico indica que el particular vigor que muestra el incremento del empleo formal en la industria provincial y el menor crecimiento en la rama de servicios, genera tanto un aumento del peso del sector secundario dentro de este segmento del mercado de trabajo, como una diferenciación mayor de la situación provincial respecto al resto del país.

El panorama y las tendencias descriptas parecen apoyar la pertinencia de la segmentación de los mercados de trabajo como matriz de análisis de la estructura laboral bonaerense, que continúa reproduciendo ámbitos con divergentes niveles de formalidad de las unidades económicas y calidad en las inserciones laborales a lo largo de la serie.

E. La informalidad en pequeños municipios de la provincia de Buenos Aires

El Mercado de trabajo de la provincia de Buenos Aires presenta un panorama laboral heterogéneo considerando la existencia de diversas realidades socio-productivas. Por ello, la representatividad de la información generada para los grandes aglomerados urbanos respecto al resto de la provincia resulta limitada, e invita a ensayar formas de aproximarse a esta realidad que permitan ajustar el diseño de políticas.

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15

El gobierno provincial ha iniciado recientemente un esfuerzo por construir información específica de este tipo de población, promoviendo la institucionalización dentro del ministerio de un sistema estadístico de generación de información a nivel local, que permita diseñar políticas acordes a las necesidades de cada Municipio, Mediante la creación del área de Coordinación de Estudios y Análisis Laboral en el marco de la Dirección de Coordinación Técnica dependiente de la Subsecretaria de Empleo.

Es en este contexto que durante el 2008, se puso en marcha la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en Municipios de la Provincia de Buenos Aires (EIMTM), con el objetivo primordial de conocer la evolución de las principales tasas de participación económica de la población. La Encuesta se realiza mediante el esfuerzo conjunto de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios a través de la firma de un convenio15. Esta encuesta brinda la posibilidad de conocer inter-censos las características de los mercados locales de empleo en municipios de pequeño tamaño. Debe recordarse que el sistema estadístico nacional genera datos generales para todas las localidades sólo en ocasión de los operativos censales, cada 10 años.

Durante el 2008 se ha logrado implementar la encuesta en 20 Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Este año, se ha avanzado en la modificación del instrumento de relevamiento para profundizar aspectos y problemas del empleo, así como se ha iniciado vínculos con otras unidades estadísticas nacionales y provinciales para obtener estimaciones representativas del total de la provincia. Existe asimismo, el compromiso del gobierno de extender su aplicación a nuevos municipios.

Para el ejercicio de comparación que presentamos se utilizarán los datos de 16 municipios de menos de 100 mil habitantes, relevados durante el segundo semestre del año 2008.

Si bien la EIMTM ha sido aplicada en otros municipios, el recorte temporal nos permite facilitar la comparación con los datos semestrales de la EPH. Además, la restricción a municipios pequeños nos permite analizar la incidencia de la informalidad en un ámbito poco explorado para el caso de la provincia. Cabe señalar que la provincia cuenta con 101 municipios de menos de 100 mil habitantes según datos del CNP2001. Los 16 municipios donde se realizó la encuesta agrupaban al 17% de la población16 de la provincia viviendo en municipios de menos de 100 mil habitantes.

Antes de presentar los resultados de la comparación, debemos realizar algunas advertencias.

En primer lugar, la distancia temporal entre ambas fuentes limita la comparación a un ejercicio exploratorio. Las diferencias aparentes entre localidades podrían no ser más que un reflejo de la evolución del mercado de trabajo. Sin embargo, los datos disponibles de la EPH entre 2006 y 2009 permiten elaborara algunas hipótesis al respecto. En primer lugar, en tanto la disminución de la desocupación y el crecimiento (aunque menos pronunciado) del empleo continúa durante estos años, tanto en los grandes aglomerados de la provincia como en el resto del país, es posible suponer que las magnitudes observadas en la

15 En este marco, el Ministerio de Trabajo asume la planificación y el diseño metodológico de la encuesta, la capacitación de los agentes que participan en el operativo de campo, el control del mismo, la carga y el procesamiento de los datos resultantes del relevamiento. A su vez, el Municipio tiene a cargo la selección del personal de su jurisdicción para la realización del operativo que incluye un coordinador de campo, los encuestadores y la puesta en marcha de la organización del operativo de campo. 16 Unas 508.353 personas, de acuerdo a estimaciones de población para el año 2008, según la Serie de Análisis Estadístico, nro34, INDEC.

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16

economía informal respecto de la PEA puedan ser ahora algo superiores a las de 2006. En segundo término, las metodologías de selección de muestras y procedimientos de relevamiento difieren en ambos casos. Además, se debe advertir que la cobertura de la EIMTM no abarca a la totalidad de municipios de menos de 100 mil habitantes, ni constituye una muestra representativa de los mismos. Sin embargo, estos se encuentran relativamente dispersos por distintas regiones de la provincia y abarcan municipios con distintas realidades productivas. En el anexo se presenta un mapa de los municipios con información sobre parques industriales que da una idea de la dispersión geográfica y los distintos contextos socio-productivos en los que se realizó la EIMTM en el año 2008. Finalmente, se debe señalar que los instrumentos de relevamiento tienen preguntas comparables pero no idénticas, así como cambia la extensión de la encuesta y la información complementaria disponible para elaborar estimaciones sobre el sector informal, las que presentan mayor precisión relativa en la EPH17.

En la Tabla 2, se presentan algunos datos generales de los municipios analizados. Un primer aspecto que puede observarse es la relativa variabilidad en la participación en el proceso de trabajo en distintas localidades de la provincia. El resultado global para el conjunto de 16 municipios de la provincia muestra una tasa de actividad y una tasa de empleo superiores al promedio de grandes aglomerados urbanos del país, y también superior a los grandes aglomerados de la provincia, con excepción del Gran La Plata.

El desempleo muestra, en cambio, valores similares a los de otros agregados poblacionales. Este resultado permite hipotetizar un mayor desempleo relativo dado el período que media entre las dos mediciones, que se caracterizó por una continuidad (aunque “amesetada”) de la curva de descenso del desempleo.

Tabla 2. Municipios con menos de 100 mil habitantes donde se realizó la encuesta EIMTM durante el segundo semestre de 2008, y Grandes Aglomerados relevados por la EPH. Tasas de participación en el mercado de trabajo.

Mes Encuesta Tasa de

Actividad Tasa de Empleo

Tasa de Desempleo

Tasa de Subocupación

Arrecifes oct-08 45,7 41,6 8,9 10,7 Balcarce jun-08 45,4 40,7 10,5 12,1 Bragado dic-08 48,2 43,8 9,0 13,0

Chascomus oct-08 46,3 43,1 6,8 13,9 Gral Alvarado jul-08 47,1 42,1 10,7 10,2 Gral Belgrano sep-08 44,6 39,4 11,6 10,6

Guamini dic-08 50,8 46,9 7,6 6,1 La Costa oct-08 45,0 39,0 13,9 8,2

Las Flores oct-08 41,0 35,6 13,1 13,6 Lobería jun-08 45,9 42,5 7,6 13,1 Monte sep-08 46,8 43,4 7,3 9,6

Necochea ago-08 48,7 43,3 9,8 16,0 Pila sep-08 51,7 50,0 3,3 4,4

Pinamar ago-08 48,9 45,0 7,9 10,9 Coronel Pringles oct-08 42,3 38,2 9,7 7,7

San Cayetano ago-08 49,7 46,2 7,0 17,5 Total municipios (EIMTM) Jun-dic06 48,2 43,3 10,0 12,3

Conurbano (EPH ) Segundo semestre06 46,7 41,4 11,5 13,2

17 Para realizar la estimación del sector informal de acuerdo a la metodología propuesta más arriba, el mayor obstáculo fue la falta de clasificación de la población ocupada en términos del CNO-2001, por lo cual se debió reemplazar la calificación ocupacional por el nivel educativo. Ambas variables se encuentran fuertemente correlacionadas como lo muestran distintos trabajos. Al evaluar esta alternativa se estimaron los errores de inclusión y exclusión generados por el reemplazo en la base de la EPH, encontrándose para el segundo semestre de 2006, un 88% de coincidencia (profesionales-universitarios, no profesionales-no universitarios), un 4% de errores de exclusión (profesionales sin educación universitaria) y 8% de errores de inclusión (no profesionales universitarios). Ver tablas anexo.

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17

Bahia Blanca-cerri (EPH ) Segundo semestre06 45,6 40,9 10,3 6,6 Mar del Plata – Batán (EPH) Segundo semestre06 47,6 43,3 9,0 11,5

La plata (EPH) Segundo semestre06 49,3 43,8 11,0 10,0 FUENTE: Elaboración propia en base a EPH, EIMTM y Padín (20009)

La incidencia de la informalidad en pequeñas y medianas localidades relevadas por la EIMTM resultó significativamente superior a los valores que asume en grandes aglomerados. La diferencia en la incidencia de la economía informal respecto a la PEA es de casi 10 puntos porcentuales, la que se ve impulsada especialmente por la mayor incidencia de las inserciones en el sector informal, en tanto la precariedad muestra valores menos disímiles. Entre los grandes aglomerados se destaca la menor incidencia en el Gran La Plata, impulsada por una mayor presencia del empleo público.

Si se excluye al sector público del análisis, las diferencias en la incidencia de la informalidad entre los municipios y los grandes aglomerados se amplia, lo que indica que, en los primeros el sector público constituye un componente sustancial de la formalidad. Por esto mismo, el Gran La Plata muestra también niveles superiores a los otros grandes aglomerados.

Finalmente, los datos sugieren que entre los trabajadores independientes (patrones y cuenta propia) los niveles de informalidad serían menos disímiles. Por el contrario, los asalariados de pequeños municipios muestran una alta probabilidad de insertarse en la economía informal, y aún mayor, de hacerlo en el sector informal. Entre ellos la precariedad es superior pero similar a la observada en el Gran La Plata.

Para poner a prueba la relevancia de la extensión del empleo público para morigerar los alcances de la informalidad se realizó un ejercicio de regresión considerando como variables de control el tamaño poblacional del municipio, las tasas de empleo, desempleo, actividad y subocupación. El tamaño del municipio y la extensión del empleo público son las únicas variables que resultan significativas y se asocian negativamente al empleo en la economía informal18.

Tabla 3. Informalidad al interior de la Provincia de Buenos Aires 16 municipios

con <100 mil habitantes

Total Grandes aglomerados

de BS.AS.

Gran La Plata

Bahía Blanca /

Cerri

Partidos del GBA

Mar del Plata / Batan

EIMTM EPH EPH EPH EPH EPH

2008 2006 2006 2006 2006 2006

Sector informal / PEA 54.4% 41,5% 36,3% 45,6% 41,6% 44,00 Sector informal / Ocupados 60,6% 47,0% 40,9% 51,4% 47,3% 48,6%

Sector informal / Privado 74,2% 54,4% 61,1% 59,9% 53,7% 57,7% Sector informal / Asalariados privado 67,5% 40,2% 47,1% 46,3% 39,3% 46,8%

Sector informal / Indep. Privado 83,9% 89,5% 85,5% 86,1% 90,7% 79,6%

Precariedad / PEA 33,5% 32,0 29,4% 28,0% 32,5% 28,9% Precariedad / ocupados 37,3% 36,3% 33,2% 31,6% 36,9% 32,0% Precariedad / Privado 39,6% 37,6% 37,6% 32,3% 37,9% 34,8%

Precariedad / Asal Privado 60,9% 52,9% 58,8% 48,5% 52,8% 51,6%

Economía INF. / PEA 60,9% 51,9% 43,1% 53,2% 52,5% 52,9%

18 El empleo público arrojó un coeficiente (β Est.) de -0,66 y el tamaño poblacional -0,42, ambos significativos al 0.5. (ver anexo)

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18

Economía INF. / ocupados 67,9% 58,8% 48,6% 60,1% 59,6% 58,5% Economía INF. / Privado 82,0% 68,1% 72,6% 70,0% 67,7% 69,4%

Economía INF. / Asal Privado 79,4% 59,4% 65,0% 61,5% 58,8% 64,2%

FUENTE: Elaboración propia en base a EPH/INDEC. Nota: Los datos corresponden a los 2dos semestres de cada año. El conjunto de aglomerados de la provincia de Bs. As. Incluye: Partidos del gran Bs. As., Bahía Blanca/Cerri, Gran La Plata y Mar del Plata/Batán.

Si observamos la composición de la economía informal en los pequeños municipios emergen algunos rasgos particulares. En el conjunto de localidades analizadas, los asalariados y los trabajadores independientes ocupan un espacio similar en el mercado de trabajo informal. Pero si bien los trabajadores independientes abarcan una porción similar (38% en los municipios y 36% en los grandes aglomerados) al interior del segmento independiente de los pequeños municipios, los patrones tienen una participación mucho mayor a los trabajadores por cuenta propia.

Entre los asalariados de la economía informal ocurre un fenómeno similar: en conjunto dan cuenta de la mitad del trabajo en la economía informal del mismo modo que en los grandes aglomerados, pero a su interior, encontramos una mayor presencia de asalariados del SIU (tanto precarios como protegidos) frente a trabajadores precarios del sector formal.

Finalmente, la participación del empleo doméstico dentro de la economía informal resulta menor a los grandes aglomerados.

GRAFICO 2

4 12

33 26

20 8

6 13

21 29

1 3 15 9

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10%

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40%

50%

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70%

80%

90%

100%

Total Grandes Aglomeardos BS AS

16 Municipios

Componentes de la economía informal en Grandes aglomerados y municipios

Empleo doméstico

Trabajador familiar sin remuneración

Asalariado precario del SIU

Asalariado protegido del SIU

Asalariado precario del sector formal

Cuenta propia informal

patrón informal

FUENTE: Elaboración propia en base a EPH/INDEC. Los datos corresponden a los 2dos semestres de cada año. El conjunto de aglomerados de la provincia de Bs. As. Incluye: Partidos del gran Bs. As., Bahía Blanca/Cerri, Gran La Plata y Mar del Plata/Batán.

Pero la situación en los municipios de mediana y pequeña escala está lejos de ser homogénea. Los resultados desagregados para los 16 municipios muestran un mapa de la problemática que presenta particularidades.

La incidencia de la economía informal oscila ampliamente entre las localidades. La que presenta menor incidencia, Pila, es también la de menor tamaño del conjunto (cerca de 5

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19

mil habitantes) y presenta los menores registros de desocupación y los mayores niveles de empleo público respecto a la PEA. Su situación indica la necesidad de evaluar las particularidades del fenómeno en los municipios más pequeños.

La variabilidad es aún superior considerando la incidencia entre ocupados, y se mantiene tanto en su componente sectorial como en los niveles de precariedad. Nuevamente, los datos indican que la extensión de la economía informal parece estar inversamente relacionada con la extensión del empleo público. En estos casos, valdría la pena revisar si el mismo constituye una forma endeble de inserción (tal como este concepto fue introducido en el debate en nuestra región hacia fines de siglo XX) y responde a la figura de empleador de última instancia, o bien constituye una característica propia de las pequeñas poblaciones con administraciones autónomas.

La baja incidencia dentro de la economía informal del empleo precario en el sector formal, puede estar también vinculada a la adecuación en escala de las empresas a los mercados de menor tamaño. Este fenómeno, resulta un caso particular de la caracterización de la informalidad como sector de baja productividad y escasa capacidad de acumulación, en este caso, delimitado “naturalmente” por las dimensiones de los mercados antes que por dinámicas de desarrollo heterogéneo, patrones de difusión de la tecnología, acceso a crédito, etc.

GRAFICO 3

17

17

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14

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4

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arrecifes

Balcarce

Bragado

Chascomus

Gral. Alvarado

Gral.Belgrano

Guamini

La Costa

Las Flores

Lobería

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Pringles

San Cayetano

Total

Clasificación de activios según informalidad. 16 Municipios de la provincia de Buenos Aires. Segundo semestre de 2008

Protegido en el sector privado formal

Precario en el sector privado formal

Protegido en el sector privado informal

Precario en el sector privado informal

Protegido en el sector público

Precario en el sector público

Desempleo

FUENTE: Elaboración propia en base a EIMTM. Base: población urbana de 10 años y más económicamente activa.

La desagregación de la estructura ocupacional privada al interior de la provincia muestra una realidad dispar, que polariza aquellos aglomerados con más de 500 mil habitantes (los partidos del Gran Buenos Aires, La Plata y Mar del plata), frente a los de mediana (Bahía Blanca) y pequeña escala, los 16 municipios de menos de 100 mil habitantes relevados por la EIMTM. (ver Tabla 4 )

La principal diferencia, radica en la extensión de la industria manufacturera en los aglomerados más grandes. En los municipios, este perfil se compensa por el empleo generado por actividades primarias (7.9%) y los servicios, (con excepción del doméstico), que explican 4 de cada 10 empleos. Esta incidencia de los servicios es sin embargo mayor en el Gran La Plata, dado el peso de las funciones administrativas de capital provincial.

El bajo peso de la industria en la estructura ocupacional de las localidades menores permite suponer que el proceso de crecimiento del empleo formal impulsado por dicha

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20

rama durante los últimos años no se haya extendido del mismo modo que en los grandes aglomerados de la provincia. Los datos sobre incidencia de la informalidad por rama (ver Tabla 5), indican que la misma es similar en esta rama respecto a los grandes aglomerados, lo cual permite apoyar la hipótesis sobre la relación entre la incidencia de la el poco empleo en la industria y la extensión del empleo en la economía informal.

Sin embargo, también parece contribuir al fenómeno la alta incidencia que asume la economía informal en los servicios respecto a los grandes aglomerados. En el comercio y la construcción, también se registran guarismos mayores aunque las diferencias no se equiparan con la observada en los servicios.

Tabla 4. Distribución de ocupados por rama. 16

municipios con <100

mil habitantes

Total Grandes

aglomerados de BS.AS.

Gran La

Plata

Bahía Blanca / Cerri

Partidos del

GBA

Mar del

Plata / Batan

2008 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 Industria 6,3 17,2 7,5% 9,6% 18,5% 15,0%

Actividades primarias 7,9 0,5 1,4% 1,6% ,4% ,5% Construcción 11,9 9,5 6,9% 10,7% 9,5% 9,1%

Comercio 24,7 24,4 20,4% 27,8% 25,1% 25,8% Servicio doméstico 6,3 8,8 7,4% 8,1% 8,9% 6,5%

Otros Servicios* 42,9 39,1 55,8% 41,9% 36,9% 42,1% Otras ramas y no especificadas 0,0 0,5 ,3% ,6% 1,0% ,3%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 FUENTE: Elaboración propia en base a EPH/INDEC y EIMTM. Nota: Los datos corresponden a los 2dos semestres de cada año. El conjunto de aglomerados de la provincia de Bs. As. Incluye: Partidos del gran Bs. As., Bahía Blanca/Cerri, Gran La Plata y Mar del Plata/Batán. Base: población ocupada. *Enseñanza, transporte, comunicaciones, salud, servicios sociales, financieros, inmobiliarios, comunitarios y personales, excluyendo servicio doméstico.

Tabla 5. Incidencia de la economía informal en el empleo privado según rama. 16 localidades con menos de 100 mil habitantes y grandes aglomerados de la provincia de Buenos Aires.

16 municipios con <100

mil habitantes

Total Grandes

aglomerados de BS.AS.

Gran La

Plata

Bahía Blanca / Cerri

Partidos del

GBA

Mar del

Plata /

Batan AÑO 2008 2006 2006 2006 2006 2006

Otros Servicios* 76,0 52,3 59,6 53,3 51,4 56,6 Industria 54,5 52,7 54,2 64,9 51,7 66,8 Comercio 88,1 76,9 83,7 74,6 77,0 69,3

Construcción 91,0 86,4 79,8 82,5 86,6 90,3 FUENTE: Elaboración propia en base a EPH/INDEC y EIMTM. Nota: Los datos corresponden a los 2dos semestres de cada año. El conjunto de aglomerados de la provincia de Bs. As. Incluye: Partidos del gran Bs. As., Bahía Blanca/Cerri, Gran La Plata y Mar del Plata/Batán. Base: población ocupada. *Enseñanza, transporte, comunicaciones, salud, servicios sociales, financieros, inmobiliarios, comunitarios y personales, excluyendo servicio doméstico.

En síntesis, la política de generación de información sobre los mercados locales de trabajo parece acertada en tanto los municipios de mediana y baja escala muestran situaciones particulares en su estructura productiva, y en el rol del empleo público respecto al mercado. Estos parecen los factores más relevantes (considerando la información disponible) para explicar la mayor incidencia de la economía informal en los 16 municipios analizados, considerando que la misma tiene un carácter marcadamente sectorial, y los niveles de precariedad, no difieren en igual medida respecto a los grandes aglomerados.

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IV. Las políticas laborales hacia la informalidad en la provincia de Buenos Aires

La política laboral provincial hacia la informalidad no puede entenderse fuera del nuevo marco nacional que reconfigura los rasgos del régimen social de acumulación luego de la salida de la convertibilidad y la llegada al poder del presidente Kirchner.

El énfasis en el trabajo decente distingue a las políticas laborales implementadas desde el año 2003 en adelante. De acuerdo al mismo, los gobiernos deben intentar “eliminar los aspectos negativos de la informalidad al tiempo que se vela porque las oportunidades de subsistencia y capacidad empresarial no se destruyan y se fomenta la protección e incorporación de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal en la formal” (art.13. OIT, 2002)

Novick, Mazorra y Schleser (2008) consideran que en 1976 se impulsa un nuevo régimen social de acumulación, aunque el mismo recién logra consolidarse a partir de la crisis hiperinflacionaria de fines de los 80. Un rasgo central de este nuevo régimen neoliberal sería la reestructuración de la economía hacia nuevas formas de concentración del capital, la inestabilidad y flexibilización laboral, el endeudamiento masivo, la redistribución regresiva del ingreso, la pérdida de poder del Estado, entre otros.

Para estos autores, las políticas puestas en marcha a nivel nacional para enfrentar la informalidad exceden el ámbito laboral y alcanzan lo micro y macroeconómico. El conjunto de estrategias para aumentar la certidumbre sobre la evolución de mediano plazo de la economía, y un conjunto de políticas activas que recuperan el rol directriz del Estado en el mercado de trabajo, son destacadas por su impacto sobre las distintas causas que dan cuenta del crecimiento de la informalidad en las últimas décadas.

En un trabajo reciente, Palomino (2007) sostiene, en la misma línea, la hipótesis de la “instalación de un nuevo régimen de empleo con protección social, diferenciado del previo régimen de precarización laboral”, que podría dar cuenta del crecimiento del empleo registrado durante el período. Los datos que hemos podido analizar en la sección anterior indican que el mismo permite, al menos, la continuidad del grueso de las posiciones informales heredadas del régimen anterior.

La tesis del cambio de régimen se sustancia en la consolidación de un conjunto de “complementariedades institucionales entre distintos componentes de las relaciones laborales”. La recuperación del rol arbitral y de control del Estado sobre el registro laboral, la reinstalación normativa del control jurídico sobre la subcontratación, las políticas públicas del salario mínimo y la negociación colectiva y, finalmente, los cambios de comportamiento de las organizaciones sindicales, los trabajadores y otros actores sociales son elementos que se complementan para configurar un nuevo marco de acción para los agentes económicos y sociales. Estos marcos se sustentan en compromisos políticos entre grupos sociales, y suponen la coherencia entre las instituciones y el contexto socioeconómico dado. Palomino se detiene en los siguientes factores para dar cuenta de la emergencia del nuevo régimen de empleo:

• La revitalización del rol de arbitraje del estado, mediante la promoción de políticas de salario mínimo y negociación colectiva. En este marco se entiende la convergencia creciente entre los salarios conformados de convenio y los salarios

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pagados. Esta dinámica iría en el sentido de romper con la individuación prevaleciente en los 90 de la relación salarial. (Palomino, 2007)

• El cambio en las políticas de inspección del trabajo mediante la creación del Programa Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) en el marco de la ley 25877 de ordenamiento laboral sancionada en marzo de ese año. Este instrumento resulta relevante no sólo en términos de eficacia práctica sino sobre todo simbólica, ya que indica claramente la orientación estatal favorable al control del registro laboral y la penalización. Durante los primeros cuatro años de funcionamiento se inspeccionaron alrededor de 400 mil empresas, alcanzando a más de un millón de trabajadores en todo el país.

• Cambios en la jurisprudencia en materia de subcontratación, indemnización por despidos, fraude tributario, reforma a la ley de quiebras.

• La redefinición de las estrategias de los actores sociales, principalmente los sindicatos, que intervienen en la escena laboral reemplazando el protagonismo que los movimientos sociales habían adquirido durante la crisis. El aumento de los conflictos responde principalmente a reclamos salariales aunque no estuvieron ausentes los reclamos por condiciones de informalización del trabajo19.

En un trabajo reciente, Neffa y Panigo (2009) consideran que la salida de la convertibilidad y las políticas aplicadas por los gobiernos que suceden a la transición con eje en el empleo y la producción, configuran un nuevo modelo de desarrollo en la Argentina, donde el trabajo vuelve a ser el mecanismo de inclusión social central. Asimismo señalan un conjunto de políticas salariales que contribuyen a fijar el piso salarial también para el empleo informal, además de formar parte de impulsar la demanda agregada, mejorando la ecuación económica de las empresas orientadas al mercado interno. Asimismo, cambios en las normativas laborales y programas implementados en materia inspectiva conforman un nuevo marco con impactos sobre la informalidad.

El conjunto de políticas nacionales impulsadas bajo este nuevo régimen con repercusión directa sobre la informalidad laboral puede ser organizado en función de los determinantes o causales que son mencionados para explicar el crecimiento de la informalidad. El siguiente listado no es exhaustivo pero recoge aquellas consideradas más importantes por la literatura.

Tabla 6. Determinantes y políticas aplicadas a nivel nacional Determinantes de la informalidad laboral

Acciones, políticas y programas implementados desde el año 2003

Baja productividad / rentabilidad de las unidades económicas

. Patrón de crecimiento económico / modelo económico con eje en la creación de empleo . Monotributo social . Programas de crédito para MIPYMES y apoyo a emprendedores

Informalidad como una alternativa laboral tolerada

. Campañas de sensibilización sobre ventajas de cumplir la normativa

. Instalación de la problemática de la informalidad en el debate

. Régimen especial para servicio doméstico

. Ley 26428 y Jurisprudencia en materia de indemnización por despido, fraude tributario, ley de quiebras, entre otras.

Incertidumbre sobre la economía . Mayor certidumbre por el crecimiento económico sostenido durante los últimos cinco años

Restricciones económicas en empresas formales para afrontar los costos de la registración laboral

. Reducción de contribuciones patronales para el nuevo empleo contratado en PYMES (Ley No 25.877) por el lapso de 12 meses (en reemplazo de las reducciones generalizadas y por tiempo indeterminado de la anterior ley)

Tercerización de los procesos productivos de las empresas formales

. Política de inspección hacia subcontratadas

. Vigencia de práctica del principio de solidaridad entre empresa principal y subcontratada

19 Palomino (20007) refiere a la Base de Conflictos Laborales del MTESS para este particular.

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. Plan de Responsabilidad Social Empresaria Individuación del vínculo laboral y pérdida de peso de la negociación colectiva

. Las políticas señaladas, además del aumento del salario mínimo y el enfoque centrado en trabajo decente, han dado impulso a los actores sindicales para retomar el camino de las negociaciones colectivas.

Complejidad en los trámites administrativos para la registración

. Programa de simplificación registral

. Régimen de registración especial para servicio doméstico Desmantelamiento de la inspección laboral

. Inspección del trabajo como política de estado: PNRT

Fuente: Adaptado de Novick (2008).

Las políticas señaladas permiten comprender la dinámica que adoptó la creación de puestos de trabajo protegidos en el sector formal de la economía, y también, en menor medida, la reducción de la precariedad en los puestos del sector informal, lo que contribuyó a aumentar el peso relativo de la economía formal y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, se presentan mayores interrogantes sobre su capacidad para interpretar la persistencia de otras formas de informalidad heredadas de un régimen de precarización del empleo en el marco de un modelo de desarrollo con eje en la valorización financiera. Como se vio en la primer sección, la tasa de ocupación en la economía informal entendida como el conjunto de puestos de trabajo asalariados ubicados en unidades productivas de pequeña escala, trabajadores independientes no profesionalizados, empleado doméstico, y puestos precarizados en empresas formales, también crece en términos absolutos (si bien menos que los formales) entre los años 2003 y 2004, y luego se estabiliza.

Pero más allá del impacto que las políticas nacionales puedan tener sobre la informalidad en la provincia de Buenos Aires20, debemos hacer referencia a la dinámica propia que adquieren las acciones del gobierno provincial y, en especial, como estas se articulan con las anteriores.

Para ello vamos a basarnos en la información pública sobre las políticas laborales del gobierno provincial, así como en algunos trabajos recientes que reseñan sus particularidades y en la visión de los funcionarios provinciales responsables21.

El ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires diseñó un conjunto de políticas destinadas a reducir la informalidad, que, al igual que las políticas nacionales, reconocen el enfoque de trabajo decente como eje articulador.

En el año 2008, se puso en marcha el Plan de Promoción, Preservación y regularización del empleo de la provincia de Buenos Aires (PREBA). Según se desprende del decreto 3379/08 del Poder Ejecutivo Provincial los objetivos específicos del programa son:

a) Favorecer la inserción de los grupos más vulnerables de la población económicamente activa.

b) Acompañar y sostener la generación de nuevos puestos de trabajo en aquellos sectores económicos y regiones geográficas consideradas estratégicas por el Gobierno Provincial.

c) Aumentar las condiciones de empleabilidad de las personas incentivando la capacitación en la empresa.

20 Durante el año 2009 el Ministerio de Trabajo de la nación realizó cerca de 27000 inspecciones a establecimientos en la provincia de Buenos Aires, un 36% del total de inspecciones realizadas en el país. El grueso de las mismas (65%) se realizó en la rama del comercio, 5% en la construcción y un porcentaje similar en la industria. (VER anexo). 21 Se entrevistó a las siguientes autoridades del gobierno provincial: Ing. Jorge Calzoni. (Desarrollo Social); Dr. Omar Comeli (Director Provincial de Delegaciones e Inspección, Ministerio de Trabajo); Dr. Eduardo Irigoite, (Director Provincial de Promoción del Empleo, Subsecretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo); Dr. María Ángeles Raquel Pérez Raquel Pérez (Director Agencia Provincial de Empleo, Ministerio de Trabajo); Lic. Erica Farcic. (Directora de Coordinación Técnica).

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d) Preservar los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que prestan su labor en sectores privados y áreas geográficas que se encuentren en situación de crisis.

e) Estimular el trabajo decente a través de la regularización del empleo no registrado.

El plan se encuadra dentro de las políticas activas de empleo implementadas por el gobierno en sintonía con el nuevo rol del estado en materia de política laboral. Una característica distintiva del programa, es el requisito del encuadramiento en un contrato laboral típico, entre el trabajador y la empresa, desde un primer momento, y un compromiso de mantener la relación laboral por un plazo mínimo igual al plazo de duración del beneficio otorgado. Este diseño rompe con la línea de políticas que introducían figuras de excepción para favorecer la inserción del trabajador, e prevé un conjunto de sanciones para las empresas que incurran en incumplimientos una vez finalizada la.

El plan se estructura en base a 4 programas: Programa de Inclusión Laboral (INCLUIR), Programa de Preservación de puestos de trabajo para situaciones de crisis (PRESERVAR), Programa de regularización del empleo no registrado (REGISTRAR), y Programa de asistencia a la promoción industrial (GENERAR). En todos los casos, los beneficiarios reciben un subsidio de $600, como suma fija mensual no remunerativa destinada a completar la remuneración básica de convenio correspondiente.

Mientras que el GENERAR, REGISTRAR y PRESERVAR son nuevas iniciativas, el INCLUIR resulta de una reconversión de los programas BONUS y Segunda oportunidad que fueron creados como respuesta a la crisis del año 2001. Dichos programas buscaban la capacitación e inserción de jóvenes (BONUS) y mayores (Segunda Oportunidad) ofreciendo una beca durante 6 meses, que era complementada por una suma mensual no remunerativa por parte de la empresa. Además, la empresa se comprometía a contratar al 80% de los beneficiarios formados al finalizar la beca. Este programa estuvo vigente hasta el año 2008 en la provincia.

La racionalidad detrás de este tipo de programa indica que las competencias que el trabajador adquiere durante su práctica le permitirán luego encontrarse en mejores condiciones para ingresar a un puesto de trabajo formal. Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas con este tipo de programas mostró que sirvieron más a la reducción del costo laboral y flexibilización de la relación salarial mediante el uso continuo de distintos trabajadores “becados”. En este sentido, mientras podrían favorecer la inserción de desocupados, el efecto sobre la informalidad podría ser contradictorio.

El INCLUIR cambia la figura de la práctica laboral, por una subvención directa al salario, en el marco de contratos de trabajo típicos (por tiempo indeterminado/de temporada) evitando la generación de relaciones cuasi-laborales. Según la opinión de los responsables, el Estado estaba de otro modo contribuyendo a generar empleos de baja calidad.

En tanto es requisito para ingresar que las empresas sean legalmente constituidas (inscriptas en AFIP, ARBA, y habilitadas legalmente por la autoridad correspondiente a su actividad) su implementación es un incentivo para la registración de empresas que de este modo pueden lograr un impulso inicial para consolidarse en su actividad; pero también, como se orienta a trabajadores desocupados entre 16 y 66 años, que no perciban un beneficio de otro programa provincial o nacional, promueve la contratación de nueva mano de obra en empresas existentes, siempre en carácter de relación asalariada subvencionada.

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Así, este programa contribuye a impulsar tanto la formalización de emprendimientos, como trayectorias de reinserción ocupacional de desocupados en puestos formales, aunque también podría llegar a ser utilizado para el registro de relaciones laborales preexistentes precarias. En las entrevistas realizadas se destaca como ejemplo del impacto del programa, la creación de 200 puestos nuevos de trabajo en industria para mujeres en el municipio de Brandsen, todos contratos por tiempo indeterminado.

Por otra parte, la provincia tiene un rol particular en la actividad de inspección en su carácter de policía del trabajo. El ministerio, a través de la dirección de delegaciones e inspección, realiza operativos de inspección que incumben tanto el control del registro de los trabajadores como de las condiciones y medioambiente de trabajo. Esta actividad conforma la contracara de las políticas de seducción para la formalización en el marco del REGISTRAR y es complementaria a las acciones de control que realiza la nación. Además, la misma se coordina con otras agencias provinciales (Desarrollo Social, Producción, Trabajo, ARBA) y con fuerzas de seguridad, para favorecer sinergias en los controles.

La actual gestión ha descentralizado la gestión inspectiva. Los expedientes pasan a ponerse en marcha desde las mismas delegaciones y se mantiene una coordinación técnico – política desde la Dirección provincial, para favorecer la resolución de los conflictos sin dilatar los procedimientos de inspección y manteniendo una unidad de criterio.

En la línea de las políticas de promoción, debemos incluir las acciones de la Agencia Provincial de Empleo en el marco de la Ley de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (“Alas”, Ley nº13.136), que apunta a la formalización de emprendedores y asociaciones informales, mediante la exención de pago de ingresos brutos durante un año, renovable mediante control sobre la elegibilidad del proyecto, el registro gratuito en ARBA, incentivos emanados del Fondo de la Economía Social y créditos de la Banca Social. Esto les brinda la posibilidad de emitir facturas y participar por lo tanto de circuitos formales de la economía. Los mismos deben estar inscriptos para ello como monotributistas sociales. En el marco de esta ley se han creado centros de iniciativas y se han registrado a cerca de 3000 emprendedores.

Esta iniciativa para micro-emprendedores se complementa con componentes que intentan mejorar la ecuación económica y las posibilidades de ampliación de los emprendimientos: capacitación (costos, legislación, colocación de productos), acceso a créditos especiales, acceso a tarifa de interés social en servicios públicos.

La Ley “Alas” surge en el contexto de la crisis de 2001/2002, para apoyar al cuentapropismo que se había constituido en única alternativa de subsistencia para muchos trabajadores.

La articulación de la gestión entre los distintos niveles de gobierno para la implementación de las políticas no resulta simple. El gobierno nacional, cuenta con unidades territoriales y llegada directa a los municipios. Los propios municipios, en especial los de mayor tamaño, disponen iniciativas propias. Tanto en las políticas de seducción como las de policía confluyen además actores diversos del mundo privado y social.

La vinculación entre distintos actores gubernamentales y no gubernamentales constituye un espacio complejo, tensionado por disputas entre actores sociales y políticos. El acceso a los beneficios y la generación de ámbitos de excepción son solo algunas de las instancias donde la dinámica política puede obstaculizar la coordinación de esfuerzos y

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reducir el impacto de las políticas. Asimismo, se reducen las posibilidades de generar sinergias y se corre el riesgo de producir efectos contradictorios.

Una mejor coordinación de políticas se logra cuando se cumplen algunas premisas básicas: existe voluntad política y coincidencia en los objetivos estratégicos, se cuenta con estructuras y mecanismos de coordinación adecuados, instituciones legítimas, una cultura de cooperación, capacidad y liderazgo de coordinación, participación de actores y sistemas de información, monitoreo y evaluación adecuados. (Mazzola y Gojzman, 2009)

Varios de estos mandatos parecen cumplirse en el caso de las políticas laborales de la provincia. No obstante se requiere todavía recorre un largo camino para consolidar una cultura de cooperación e incentivos para la misma: de lo contrario, cuando la interacción entre niveles de gobierno no puede aislarse de la competencia entre distintas fuerzas políticas se corre el riesgo de ver en la coordinación una forma de lucha antes que de cooperación. Este factor, parece estar atenuado al producirse una coincidencia en la orientación política de los funcionarios nacionales y provinciales, aunque la persistencia de la lógica puede aflorar nuevamente con un cambio de autoridades en alguno de los dos ámbitos.

La instancia de coordinación de más alto nivel con el gobierno nacional y otras provincias es el Consejo Federal del Trabajo. Pero otras instancias de intercambio se establecen a partir de la necesidad de la provincia de mejorar la gestión y el impacto de sus políticas.

A pesar de esta complejidad, los funcionarios entrevistados en el gobierno provincial no registran conflictos significativos en la articulación con otros organismos. Las numerosas acciones de coordinación que realizan cotidianamente es evidencia de la magnitud de la tarea22.

La dinámica de coordinación entre distintos niveles de gobierno se observa, por ejemplo, a instancias del diseño del PREBA. La sanción de la ley 26476, implicó para el gobierno provincial la necesidad de adecuar el diseño de sus políticas para hacerlo compatible con las condonaciones contempladas en dicha ley. Asimismo, esta ley levantó una propuesta realizada por la provincia en el Consejo Federal del Trabajo.

Otro caso de coordinación interjurisdiccional se observa en la implementación de la EIMTM. De acuerdo al relato de los responsables, para su diseño se han realizado diversos contactos con el área de estudios laborales del Ministerio de la Nación, y responde asimismo en sus principales indicadores, al instrumento desarrollado por el INDEC.

Ya se ha mencionado la articulación entre PRESERVAR y REPRO, para extender el apoyo a empresas que hayan sido beneficiarios del mismo. Este tipo de complementariedades permiten aumentar el impacto de las políticas: en el marco del PREBA la provincia ofrece la moratoria de las deudas, el subsidio al salario, y la Nación ofrece descuentos del 50% durante el primer año y el 25% del segundo año en el marco de la ley de blanqueo.

La actividad inspectiva, de vital importancia para la reducción del empleo precario en empresas formales, se lleva a cabo en un contexto amplio de coordinación horizontal, con distintas agencias del gobierno provincial. Las acciones ordinarias se realizan en coordinación con las delegaciones del ministerio. También se coordina con la

22 Durante el año 2009 se firmaron más de 600 convenios de “paz social” , se realizaron reuniones de difusión de los programas con más de 700 Organizaciones, se realizaron casi 100 convenios con ONGS, numerosas reuniones de coordinación horizontal con otros ministerios, se capacitaron referentes de empleo de los municipios, entre otras. (fuente: tablero de gestión del ministerio de trabajo)

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Superintendencia de Riesgos del trabajo, que solicita al gobierno provincial la realización de inspecciones en empresas “testigo”. Además, participan habitualmente las organizaciones sindicales, que son el origen más frecuente de las denuncias. Por ejemplo, se encuentra en elaboración un plan de trabajo con la Superintendencia y el sindicato de la UOCRA para controlar las condiciones de higiene y seguridad en esta rama. El trabajo “a demanda” en materia inspectiva, motiva que puedan intervenir alternativamente la nación o la provincia de acuerdo al origen que haya tenido la denuncia. Durante el año 2008 el gobierno de la provincia realizó cerca de 70.000 inspecciones en todo el territorio provincial23. Por su parte, el gobierno nacional ha realizado en la provincia de buenos aires, un 36% del total de inspecciones que realizó ese año.

Además, se realizan operativos especiales24, junto a otras áreas de gobierno. En algunos casos, según el relato de los funcionarios responsables, también han participado periodistas. Existen convenios firmados con municipios y agencias nacionales que se utilizan en el marco de operativos específicos. Existe sin embargo espacio para profundizar la coordinación de las actividades inspectivas en materia de regularización del trabajo, considerando las amplitud de las acciones que desarrolla el Programa nacional de Regularización del trabajo y el ministerio al respecto, para evitar la superposición de inspecciones y generar sinergias que mejoren la cobertura.

Las acciones que se enmarcan en la Ley Alas también generan un conjunto de articulaciones: con las delegaciones (capacitación, inscripción), con los municipios (difusión y control de los proyectos), con entidades de crédito, (por ejemplo el Banco Provincia), con el gobierno nacional (Ministerio de Trabajo, convenios con la red federal de empleo, y Ministerio de Desarrollo Social) con quienes comparten agendas de trabajo y materiales de difusión, entre otros. Pero no se establecen vínculos de coordinación con otros programas que apuntan a la misma población con objetivos similares de la nación. Por el contrario, sí se articulan con algunos programas del ministerio de trabajo, como el “Más y Mejor Trabajo”, donde se intercambia información sobre la población beneficiaria.

Diseños de programa no coordinados pueden tener un efecto perverso sobre la informalidad. Un caso de este tipo se produce como consecuencia del diseño de gestión de altas y bajas de algunos programas sociales. Como explica un funcionario, el programa Jefas/Jefes tiene un sistema de “baja temporal del programa”, que permite realizar una actividad laboral formal y volver a recibir el beneficio si la misma no prospera. Si bien esta opción no es conocida por todos los beneficiarios, permite evitar la reticencia del beneficiario a ser registrado en un empleo por temor a ser excluido del programa. Pero, el programa Barrios Bonaerenses, carece directamente de la posibilidad de realizar una baja temporaria. Existe aquí espacio para mejorar las articulaciones a nivel intra-provincial y con el gobierno nacional para generar sinergias que permitan apoyar la formalización25.

Asimismo, la provincia tiene un rol de coordinación con actores no gubernamentales a partir de su inscripción territorial. La misma es institucionalizada a través de convenios marcos. Se han firmado convenios con todas las federaciones empresarias de la provincia. El ministerio tiene más de 40 delegaciones a lo largo de la provincia, las que tienen a su vez un vínculo cotidiano con los actores locales. Sin embargo, las

23 Informe de gestión 2008 Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos aires http://www.trabajo.gba.gov.ar/informe_gestion.doc 24 En el informe de gestión de 2008 se mencionan entre otros los operativos “verano”, transporte, talleres clandestinos, cosecha de cebolla, hornos de ladrillo, granjas avícolas, etc. 25 Para un revisión del devenir del programa Barrios Bonaerenses se puede consultar Juliánez Islas, Ortíz, Pohl y Zabala, 2009.

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delegaciones no alcanzan a cubrir todo el territorio. Los convenios con las cámaras las habilitan para recibir solicitudes para entrar a los programas, ampliando la cobertura de las políticas y la llegada a más municipios. Otra herramienta de articulación son las Agencias de Desarrollo Regional (público-privada) donde participan empresarios, autoridades provinciales, municipales, sindicatos, entre otros. Asimismo, se relacionan con algunos de los Consorcios de Municipios existentes en la provincia.

En síntesis, a pesar de la complejidad de la articulación y los desafíos que plantea, no se observa que este sea un obstáculo a la implementación de las políticas hacia la informalidad. Las políticas laborales hacia la economía informal en la provincia se encuentran alineadas con el llamado nuevo régimen del empleo que se instala a partir del año 2003. Esta sincronización relativa a nivel de las políticas estratégicas entre la nación y la provincia, facilita la gestión integrada territorialmente26 de las políticas laborales y permite el desarrollo de múltiples mecanismos no institucionalizados de coordinación que se agregan a las instancias formales ya existentes entre los ministerios de trabajo de ambas jurisdicciones, y las entidades sub-provinciales. Sin embargo, existe espacio para una mayor articulación con otras áreas de gobierno, en especial con programas de Desarrollo Social así como para la coordinación de mecanismos de inspección articulados con los programas nacionales de regularización. Ámbitos institucionalizados entre estas entidades podrían permitir generar sinergias entre programas y coordinar desde el mismo diseño las políticas para evitar incentivos opuestos, redundancia o competencia entre organismos públicos. El acuerdo alcanzado entre el PREBA y el REPRO puede iluminar el camino a seguir en este esfuerzo.

Desde la provincia se han diseñado y empezado a desarrollar un conjunto de políticas activas hacia la informalidad que propenden al blanqueo de los trabajadores y la promoción de los emprendimientos de subsistencia. La generación de modalidades promovidas, simplificación de mecanismos de acceso al registro, el impulso de un sistema dual para la economía de subsistencia, que alcanza a los trabajadores independientes en la economía de subsistencia, pero también las políticas de fiscalización que se ejecutan en un marco consuetudinario de tolerancia con garantía de derechos laborales básicos e interacción con múltiples actores, conforman un menú considerable que se complementa con el ofrecido por el gobierno nacional.

V. Consideraciones finales

Desde la salida del régimen de convertibilidad, la reducción de la desocupación y el empleo público de asistencia reconfiguran los problemas del mercado de trabajo incrementando la importancia relativa de los viejos problemas de informalidad. A su vez, la elevada incidencia de la economía informal persiste y la extensión de los problemas de precariedad del empleo privado sigue siendo preocupante. Estos problemas son particularmente acuciantes en la provincia de Buenos Aires, a pesar del notable crecimiento observado en el segmento formal de la economía, impulsado por un nuevo modelo de desarrollo centrado en la expansión del empleo industrial. Este mismo movimiento suscita una relativa desindustrialización de la informalidad, cuyos puestos de

26 Este concepto es tomado de Nogueira por Mazzola y Gojzman (2009)

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trabajo tienden a quedar más relegados a sectores de baja productividad, en las ramas de la construcción, los servicios y el comercio.

Pero sería difícil sostener que las dinámicas observadas son impermeables a los cambios en el rol del estado observados durante el período. La incidencia de la informalidad en la industria bonaerense es menor al resto del país y a este hecho se suma el pronunciado incremento del empleo protegido en unidades privadas formales a lo largo de la serie. Esta dinámica no puede escindirse de la aplicación de políticas de promoción de las condiciones de trabajo ensayadas desde 2003, que generaron entre otros fenómenos un retorno al sendero de crecimiento del empleo privado registrado, y la mejora de los ingresos de los asalariados, en un contexto, claro está, favorable a la sustitución de importaciones de la rama industria.

Las políticas laborales nacionales y provinciales que forman parte del nuevo régimen social de acumulación han adoptado explícitamente el marco conceptual del empleo decente. Esta alineación estratégica es resulta un elemento facilitador de la coordinación y promotor de sinergias, aunque todavía la misma esté lejos de alcanzar niveles óptimos.

Un elemento destacado de la política provincial es la eliminación de las figuras atípicas de empleo en los programas de promoción, que en otro tiempo han facilitado ciertamente las trayectorias desde el desempleo hacia el empleo, pero a costa de incentivos perversos hacia una mayor fragmentación del colectivo de trabajadores. Este “retorno” a la modalidad de contrato por tiempo indeterminado recoge los aprendizajes y desencantos de la experiencia con políticas de promoción basadas en figuras contractuales cuasi-laborales y otorga certidumbre al trabajador. Asimismo, ataca uno de los componentes “modernos” del extendido mundo de la informalidad, la precariedad laboral. Lejos de los diagnósticos que auguran una sociedad post-salarial, la orientación de las políticas adoptan un carácter restitutivo para formalizar alcanzando a más ciudadanos con los derechos consagrados antes que regulando excepciones que incluyan en una legalidad despojada de las conquistas alcanzadas por la clase obrera después de décadas de lucha.

Sin embargo, las iniciativas de regularización parecen haber sido más efectivas en contener el avance de la informalidad antes que en reducir su volumen absoluto. En esto colabora la persistencia de una matriz productiva heterogénea que se reproduce en el contexto de un crecimiento económico impulsado por un rebote luego de la crisis de la salida de la convertibilidad, y determina fuertemente el funcionamiento segmentado del mercado de trabajo.

Los datos analizados indican que el desafío sigue siendo enorme: casi la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra incluida de un modo u otro en la economía informal. La reducción sistemática de la desocupación observada durante el período de crecimiento vuelve cada vez más relevante preguntarse por las formas de inserción que asume el empleo.

El mapa de la informalidad en la provincia muestra que la mitad de los ocupados informales son obreros o empleados, en tanto el resto se compone básicamente de trabajadores independientes y empleo doméstico.

Las políticas del ministerio de trabajo de la provincia concentran la mayoría de sus esfuerzos en el segmento asalariado. La información aportada por la EIMTM en pequeñas localidades indica que en dicho contexto es central el empleo en microempresas. Al respecto resulta recomendable el diseño de estrategias específicas, que permitan abordar las dificultades de dichas empresas para ingresar a la formalidad incrementando su productividad y escala.

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Dentro del mundo independiente, las pequeñas localidades también se distinguen por la mayor presencia relativa de los patrones informales, aunque estos son sólo un tercio de los independientes precarios. Las acciones enmarcadas en la Ley Alas pueden ofrecer para este grupo una herramienta de expansión que impulse el acceso a mercados formales. Para ello parece necesario además profundizar las estrategias de acceso a crédito, y extender la oferta de capacitación y asistencia técnica hacia estrategias de mercadeo, relaciones horizontales, asociatividad. También, resultaría oportuno favorecer su inclusión en instituciones intermedias que pueden representar sus intereses frente a otros actores. El trabajo en el sentido de constitución de cadenas de valor con el sector dinámico de la economía requeriría a su vez la participación conjunta con empresas de mayor tamaño, las que no están necesariamente en las mismas localidades.

La dinámica de utilización de la fuerza de trabajo resulta heterogénea, lo que debería atenderse también al diseñar las políticas laborales. Se observó, por ejemplo, altas tasas de subutilización de la fuerza de trabajo en algunas localidades que ponen de manifiesto la necesidad de articulación entre las políticas activas con las pasivas, para la sustitución de ingresos de los trabajadores desocupados, la capacitación y la intermediación laboral. Las mismas juegan un rol central en la estabilización de la demanda y el sostenimiento del capital humano de los trabajadores.

Otro aspecto distintivo de la política de la cartera laboral de la provincia es la apuesta por la generación de información sobre los mercados locales de trabajo. La misma resulta un acierto en tanto se ha evidenciado que los municipios de mediana y baja escala muestran situaciones particulares en su estructura productiva, y en el rol que juega el empleo público respecto al mercado. En estos contextos se han detectado niveles altos de informalidad y a necesidad de desplegar políticas específicas dado el carácter marcadamente sectorial, esto es, su concentración en el segmento de microempresas y ramas específicas. Parece recomendable continuar con esta iniciativa direccionando los esfuerzos para lograr una muestra representativa de los municipios de pequeña escala y obtener resultados que sean desagregados para las distintas regiones económicas de la provincia. El equilibrio entre solvencia técnica, coordinación con unidades académicas e institutos de estadística, y el aprovechamiento de los recursos locales, debería marcar el camino.

Se ha sugerido que la integración de los trabajadores que revisten en la economía informal al proceso de modernización puede alcanzarse por distintas vías no excluyentes, pero un elemento central será pasar de un enfoque en las obligaciones a un enfoque en los derechos, generador de ciudadanía económica. (Tokman, 2001; OIT, 2002).

Las políticas hacia la informalidad pueden ser de tres naturalezas. De tolerancia, partiendo del supuesto de la transitoriedad del fenómeno que será superado por la dinámica propia del crecimiento y la modernización, que a través del esperado “goteo” irá derramando formalidad hacia el conjunto del entramado productivo. Un segundo tipo es la política represiva. Esta supone la persecución tanto con fines fiscales, como disciplinarios. Finalmente, la tercera vía supone el esfuerzo de “blanqueo” con medidas excepcionales especialmente diseñadas (ibid).

Como un péndulo, nuestra historia ha recorrido estos estadios y se ubica hoy en una situación mixta de blanqueo y tolerancia. La apuesta más fuerte del gobierno provincial, en línea con las políticas nacionales, es promover tránsitos desde la economía subterránea extendiendo integrando al colectivo de trabajadores con derechos plenos a los asalariados no registrados. Este enfoque resulta acertado y el esfuerzo debería apuntar hacia la optimización de los mecanismos de implementación. En un trabajo

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reciente, Neffa (2008) realiza un conjunto de recomendaciones en es sentido que parece atendible.

La propuesta va en la línea de superar las políticas de tolerancia ensayadas durante la década del 90. El cambio más significativo en este sentido es el requisito de constituir un contrato laboral, y el compromiso a mantenerlo cuando se acaba el subsidio estatal, para acceder a los subsidios al salario, incluso en el marco de la crisis económica mundial.

Reducir la heterogeneidad estructural, que se encuentra en la base de los problemas de segmentación del mercado de trabajo, requiere políticas que intervengan también sobre la promoción y difusión del progreso técnico y la productividad (Saravia et al, 2008). Sin ellas, las políticas laborales contra la informalidad pueden llevarnos a una nueva frustración.

La reducción de la informalidad convoca tanto un cambio en la cultura político-institucional de intervención del estado en la relación capital-trabajo, como esfuerzos por generar sinergias en el desarrollo entre sectores que se mueven a distintas velocidades. Incrementar la demanda de trabajo mediante reducciones impositivas, subvenciones o creación directa de empleo, mejorar los ajustes entre oferta y demanda, controlar la oferta de trabajo en los segmentos en edad escolar, integra un menú propicio para el desarrollo en contextos económicos integrados. Cuando los estratos de modernidad se desligan entre sí, el esfuerzo debe ser complementado con propuestas de índole económico productivo. Se requerirá algo más que un tipo de cambio competitivo para impulsar un desarrollo sostenido que permita paulatinamente absorber el heterogéneo espacio del empleo informal.

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VII. Anexo: tablas y gráficos

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Tabla 7. Composición del empleo privado, según rama. Buenos Aires y resto de grandes aglomerados urbanos del país. Años 2003 y 2006.

Buenos Aires Resto del país

(%)

año Empleo

protegido del sector

formal

Empleo precario

del sector formal

Empleo protegido del sector informal

Empleo precario

del sector

informal

Total Empleo

protegido del sector

formal

Empleo precario

del sector formal

Empleo protegido del sector informal

Empleo precario

del sector

informal

Total

2003 36,0 19,7 30,7 13,6 100 33,7 17,4 36,7 12,2 100 Industria manufacturera

2006 47,3 18,9 21,4 12,4 100 46,1 15,3 27,5 11,1 100 2003 6,2 8,0 53,8 32,1 100 11,9 12,7 46,1 29,3 100

Construcción 2006 13,6 14,0 44,1 28,2 100 16,3 19,4 37,7 26,7 100 2003 17,4 9,9 51,5 21,2 100 19,4 10,0 51,1 19,6 100 Comercio, reparaciones,

hoteles y restaurantes 2006 23,1 11,0 47,1 18,8 100 24,4 10,2 48,3 17,1 100

2003 44,5 18,6

26,1 10,8

100 42,1 16,9 28,8 12,1

100 Servicios*

2006 47,7 17,5 23,9 10,9 100 47,7 15,3 25,6 11,5 100 FUENTE: Elaboración propia en base a EPH/INDEC. Los datos corresponden a los 2dos semestres de cada año. Base: ocupados en la economía informal. *Enseñanza, transporte, comunicaciones, salud, servicios sociales, financieros, inmobiliarios, comunitarios y personales, excluyendo servicio doméstico. Los datos de actividades primarias no se presentan dados los tamaños muestrales.

FUENTES: Elaboración propia en base a INDEC/Informes de prensa. EPH Continua serie trimestral. Nota: Durante el tercer trimestre de 2007, los Aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por causas de orden administrativo.

Municipios relevados en el año 2008

Fuente: Ministerio de Producción -Gobierno de la provincia de Buenos Aires y EIMTM

Tabla 8. Ejercicio de regresión: localidades de la provincia de buenos aires

Modelo (a) Suma de cuadrados gl Media

cuadrática F Sig. 1 Regresión ,055 6 ,009 3,071 ,043(a) Residual ,039 13 ,003 Total ,094 19

Variables predictoras: (Constante), Público.OCUP, población, Subocupación, Desempleo, Actividad, Empleo . b Variable dependiente: EcoiNF.ocup

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes estandarizados

Modelo B Error típ. Beta t Sig.

(Constante) -,034 ,606 -,056 ,956 Actividad -,099 ,071 -3,736 -1,400 ,185

1

Empleo ,114 ,081 5,212 1,409 ,182

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Desempleo ,058 ,039 1,998 1,459 ,168 Subocupación ,007 ,004 ,336 1,594 ,135

población -1,39E-008 ,000 -,424 -2,162 ,049 Público.OCUP -,579 ,185 -,666 -3,126 ,008

Fuente: elaboración propia en base a EIMTM/EPH.

Tabla 9. Principales iniciativas del Ministerio de Trabajo provincial con impacto sobre la informalidad y resumen de sus características*

Denominación Principales Objetivos Destinatarios Beneficios

Inspección. Área de gobierno responsable: Dirección Provincial de Delegaciones e Inspección.

Organizar y dirigir la inspección y vigilancia del trabajo, el cumplimiento de las leyes, decretos, convenciones colectivas, resoluciones y reglamentaciones vigentes, instruyendo las actuaciones correspondientes.

Recibir y registrar las denuncias relativas al incumplimiento de normas y reglamentaciones laborales vigentes, realizando las investigaciones y actuaciones pertinentes.

Trabajadores en la provincia de Buenos Aires.

Combate el trabajo no registrado y las contravenciones a las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, higiene y seguridad.

Promueve el tránsito de empleos informales a empleos formales.

LEY 13136, de promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS). Área de gobierno responsable: Agencia provincial de Empleo

Proteger y promover la producción y comercialización de bienes y servicios de asociaciones informales que tiene como fin lograr la auto-subsistencia de sus integrantes, promoviendo su regularización, la capacitación de los emprendedores, el desarrollo endógeno local, dotar de capital de trabajo inicial y apoyo, la ampliación de las instituciones de Banca Social, la transferencia de tecnología apropiada y el apoyo técnico en cada municipio.

Asociaciones informales dedicadas a la producción, comercialización, intermediación de productos y/o servicios, que reúnan simultáneamente las siguientes características: hasta diez (10) personas asociadas, incluyendo a los socios y su grupo familiar, y/o hasta dos socios no familiares y su grupo familiar incluidos en el total; activos fijos por valor inferior a 50 montos equivalentes a una canasta básica (excluidos los inmuebles destinados a vivienda); ingresos brutos anuales para cada uno de los miembros menores al ingreso correspondiente al equivalente de 30 canastas básicas totales. Se excluye a actividades que poseen como objetivo fundamental fines de lucro y acumulación de capital.

Exención del Impuesto a los Ingresos Brutos.

Incentivos emanados del Fondo de la Economía Social.

Créditos provenientes de la Banca Social

Inclusión de las Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) en los regímenes de Tarifas de Interés Social.

Promueve trayectorias laborales desde la desocupación hacia actividades del sector informal, y potencialmente, hacia el sector formal.

Programa De Inclusión Laboral. Área de gobierno responsable: Subsecretaría de Empleo (decreto 3379/08)

Favorecer la inclusión de desocupados, en empresas inscriptas y habilitadas legalmente por la autoridad correspondiente a su actividad.

Desocupados sin experiencia o capacitación previa en el puesto, edad 16 a 65 años.

Se excluye a quienes perciben prestaciones previsionales o seguro de desempleo, quienes participan en algún programa de empleo o capacitación de otra jurisdicción y los extranjeros sin residencia.

Empresas de distinto tamaño.

Inserción laboral bajo contrato.

A cada trabajador una suma fija mensual no remunerativa de hasta $600 destinada a completar la remuneración básica correspondiente por el plazo de hasta 12 meses.

Promueve trayectorias desde la desocupación al empleo protegido, bajo la modalidad de “contrato de trabajo por tiempo indeterminado” o de “contrato de trabajo por temporada” prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.

Programa de regularización del empleo no registrado. Área

Regularizar el empleo no registrado mediante la fiscalización de las condiciones de trabajo, una mejora en la

Asalariados no registrados en general.

Pequeñas y medianas empresas

Encuadramiento laboral bajo contrato y $600 fijo mensual no remunerativo.

Las empresas se benefician con reducción de

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de gobierno responsable: Subsecretaría de Empleo (decreto 3379/08)

eficiencia en la detección, lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización.

(hasta 80 empleados) legalmente constituidas y habilitadas legalmente por la autoridad correspondiente a su actividad.

multas y recargos adeudados, se subvenciona la mano de obra regularizada por 12 meses.

Favorece trayectorias de desde el empleo precario al protegido.

Programa de asistencia a la promoción industrial. Área de gobierno responsable: Subsecretaría de Empleo y Ministerio de la Producción. (decreto 3379/08)

Acompañar y sostener la generación de nuevos puestos de trabajo en aquellos sectores económicos y regiones geográficas consideradas estratégicas por el gobierno provincial.

Trabajadores insertos en empresas acogidas al régimen de Promoción Industrial (Ley N° 13656).

Inserción laboral con contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El programa aportará la cantidad mensual de hasta $ 600, por el plazo de hasta veinticuatro (24) meses. Que integrará el salario del beneficiario, en carácter de “suma no remunerativa”, y se destinará a completar la remuneración básica correspondiente.

Favorece la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos.

Programa de Preservación de puestos de trabajo para situaciones de crisis. Área de gobierno responsable: Subsecretaría de Empleo (decreto 3379/08)

Preservar los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que desarrollan sus tareas en áreas geográficas o en sectores económicos en situación de crisis.

Empresas de la Provincia de Buenos Aires que sean parte en el procedimiento preventivo de crisis establecido en la Ley 24.013 y sus decretos reglamentarios.

Cada beneficiario recibirá una suma fija mensual no remunerativa de hasta pesos seiscientos ($ 600), la que se destinará a completar la remuneración básica correspondiente en concepto de colaboración económica. Dicho beneficio será otorgado por una única vez a cada empresa adherida al programa y su duración se extenderá por un plazo de hasta 6 meses, (prorrogable hasta 18).

Promueve la permanencia en el empleo de trabajadores de empresas en crisis.

EIMTM. Área de gobierno responsable: Dirección de Coordinación Técnica

Generar información estadística sobre el empleo en municipios de la provincia de Buenos Aires.

Trabajadores urbanos de pequeñas y grandes localidades de la provincia.

Conocer las particularidades de mercados de trabajo locales sobre los que existe escasa información.

Favorece el diseño de políticas adecuadas a realidades municipales específicas.

* Se listan las principales características de los programas en base a información pública disponible, documentación facilitada por las autoridades y legislación vigente.

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