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Síntesis InformativaC H A P I N G O

Síntesis 13 de Marzo 2012Encabezados

Pide CNDH castigar a culpables de montaje

Comunicación Social UACh-Virginia de los Santos Z.

En Los Cabos, El Chapo se le volvió a escurrir a la PF

“El 85” era jefe de “Los Mataze-tas”: Sedena

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En ambos casos, las autoridades ofre-cen 3.8% de aumento

Continúan en huelga la UACh y la Uni-versidad Agraria Antonio Narro

Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autóno-ma Chapingo y las autoridades de la in-stitución permanecen estancadasFoto Ja-vier Salinas C.

JAVIER SALINAS CESÁREO Y LEOP-OLDO RAMOSCorresponsalesPeriódico La JornadaMartes 13 de marzo de 2012, p. 31

Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autóno-ma Chapingo (STUACh), en huelga des-de el sábado pasado, y las autoridades universitarias siguen estancadas.

El STUACh llamó al rector Carlos Al-berto Villaseñor Perea para instalar una mesa de diálogo y destrabar el conflicto.Jorge Olvera Rivera, representante de la comisión negociadora del STUACh, se-

ñaló que la principal exigencia del sindi-cato es la homologación de salarios con los de la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM), compromiso que asumieron las autoridad en 2009 para aplicarlo en 2011.

Tenemos la impresión de que firman acuerdos sin la intención de cumplir-los, porque el año pasado levantamos la huelga con la promesa de echar a andar el proyecto de homologación y retabu-lación, que se aplicaría paulatinamente a lo largo de cinco años, pero ya terminó el primer año y nada sucedió, más que un proyecto que hizo la autoridad de manera unilateral y que por consideraciones de (la Secretaría de) Hacienda fue rechaza-do.

Destacó que los trabajadores de Chapin-go perciben menos que los de la UNAM; en el puesto más bajo la diferencia es de 500 pesos mensuales, y en el más alto es de 7 mil pesos.

El STUACh exige además 20 por ciento de aumento salarial y las autoridades of-recen 3.8 por ciento y 2.6 en prestaciones.Los sindicalizados demandan 40 mil pe-sos por recuperación salarial, monto cal-culado con base en el promedio de las prestaciones anuales. Las autoridades ofrecieron 30 mil pesos.

La huelga afecta a más de mil profesores y 8 mil estudiantes.

En Saltillo, Coahuila, trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) mantienen la huelga que iniciaron el 15 de febrero en reclamo de aumento salarial de 25 por ciento.

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ste lunes, el rector Eladio Cornejo Ovie-do aseguró que el ofrecimientodefinitivo a los paristas es de 3.8 por ciento, lo cual corresponde al tope autorizado por la Secretaría de Educación Pública.

En su emplazamiento están solicitando 25 por ciento; el tope es el 3.8 por ciento y es lo más que vamos a ofrecer. Hemos dado todas las facilidades para dialog-ar; sin embargo, ellos no están en una posición negociadora, señaló.

Los integrantes del Sindicato de Traba-jadores Académicos de la UAAAN tam-bién exigen que se pague un adeudo de 25 millones de pesos al fondo de pensio-nes que la universidad tiene desde hace cinco años.

El rector dijo que propuso a los incon-formes crear un fideicomiso para cubrir los adeudos de forma gradual cada año. Aseguró que ya hay acuerdos prelimin-ares con diputados federales y con la Sec-retaría de Educación Pública para crear el fondo.

Este martes al mediodía habrá una nueva reunión entre la rectoría y los represent-antes del sindicato de académicos.

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Dan clases en un sitio alterno

Chapingo continúa con el paro laboralLos trabajadores solicitan la revisión sa-larial y los maestros no están en huelga.

Comarca y EstadosTorreón .- Continúa el paro laboral del personal del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Autónoma de Chapingo, con sede en Ber-mejillo, entre sus demandas se encuentra la revisión salarial.

Buenaventura Reyes Chacón, catedrático y consejero de esta Institución, comenta que no están perdiendo días de clase los 275 alumnos que tienen en la matrícula en enseñanza universitaria y posgrado, ya que se encuentran tomando clases en el Colegio de Bachilleres, hasta en tanto el conflicto no concluya.

La Unidad Regional Universitaria de Zo-nas Áridas de la Universidad Autónoma Chapingo se encuentra ubicada en Ber-mejillo, Durango.

Se fundó en 1974 como Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio, desde 1984 desarrolla sus actividades en el área agro- ecológica apropiada a su ob-jeto de estudio.

Es este edificio el que en la actualidad se encuentra en paro laboral desde las prim-eras horas de este domingo.

Cerca de 68 trabajadores sindicalizados decidieron suspender clases, impedirle la entrada a los alumnos y catedráticos.

Este movimiento es principalmente por la revisión contractual de los que pertene-cen al Sindicato.

Sin embargo, comenta el docente que la acción no significa que los estudiantes dejen de asistir a las aulas, por ello es que desde el viernes, previendo un escenario de esta naturaleza, consiguieron un lugar alterno, ya que los académicos no se en-cuentran en huelga.

El sitio donde residen los estudiantes tam-poco está tomado, pues a la Universidad asisten jóvenes de diversos lugares de la República y por eso existe un sitio donde pueden dormir dentro de la Universidad.Cabe mencionar que también se tienen acceso a los proyectos de investigación, mismos que tienen guardias para que no se vean afectados.Sergio Enrique Guajardo

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Universidad de Chapingo, de nuevo en huelga

Agencia MVTEl Sindicato de Trabajadores Administra-tivos de la Universidad Autónoma Chap-ingo (STUACH), decidió en asamblea, con 973 votos a favor y 556 en contra, colocar las banderas rojinegras en los ac-cesos de la institución, para declararse en huelga en demanda de incremento sala-rial.

Por segunda ocasión en este año, la Uni-versidad Autónoma Chapingo está en huelga: los trabajadores administrativos piden el cumplimiento de la homolo-gación de salarios y un bono de recuper-ación salarial de previsión social por 40 mil pesos y aumento salarial.

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Por caída del crédito en 80% dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas anu-alesA dos décadas del cambio al artículo 27, 60% del ejido nacional está rentadoMigraron 2 millones de campesinos y se perdió la misma cantidad de empleos ru-rales

Al menos 2 millones de hectáreas agrí-colas fueron abandonadas, según Oxfam MéxicoFoto José Carlo GonzálezMATILDE PÉREZ U. Periódico La JornadaLunes 12 de marzo de 2012, p. 43

A casi dos décadas del cambio al artícu-lo 27 constitucional, el cual puso fin al reparto agrario y concedió a ejidatarios y comuneros la libertad de titular sus par-celas para ingresar al mercado de tierras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emigraron ante el bajo ingreso agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más productivos del país, están rentados.Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.

Con el argumento de que era menos cos-toso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandes agronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las im-portaciones.

Al inicio de la década de los 90, las im-portaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embar-go, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provi-enen del exterior.

Sin los elementos básicos para su desar-rollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas por-ciones en busca de superar su pobreza. Investigadores apuntan que los ingresos en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.

Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la ac-tualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 mil-lones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.

Otro fenómeno que preocupa a los propi-etarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en pro-medio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas

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para el campo; con la apertura de fronter-as a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja, la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios com-erciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.

A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económi-cas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.

Las reformas económicas orientadas ha-cia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acu-erdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajust-es dejaron como saldo que de los 3.5 mil-lones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estruc-tura de la Financiera Rural.

Renta de tierras, salida a las aungustias económicas

Ante el vacío financiero, varios empe-zaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas

agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mis-mo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70 por ciento de los mil 200 núcleos agrari-os están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y ag-roproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.Lo mismo sucede en Michoacán, Mo-relos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatariosrealizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria.

En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.

Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para op-erar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.

Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusi-eron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.

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En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos risibles. En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio.

Presiona la mancha urbanaTambién la mancha urbana presiona a ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hec-táreas de la propiedad social se han uti-lizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estu-dios de Investigación e Innovación Tec-nológica de la Valuación para América Latina.

En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fo-mento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un uso más efici-ente y productivo para la propiedad so-cial. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pe-sos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad.

No implica fomentar la privatización y venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al sub-aprovechamiento del campo, ha afirmado Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.

En octubre, en una reunión con inver-sionistas mineros en Canadá, Rocendo

González Patiño, procurador agrario, de-talló que 70 por ciento del territorio mex-icano es apto para desplegar actividades mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. La riqueza natural del país puede y debe ser apr-ovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inver-sión y participen de los beneficios que rindan los negocios.

El titular de la SRA propuso a los legisla-dores revisar el marco legal agrario para quitar las camisas de fuerza que atan las capacidades emprendedoras de los ejida-tarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los cambios le-gales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean consideradas como aval por las instituciones finan-cieras.

En los hechos, los ejidatarios están de-jando de ser dueños de las tierras.

(Con información de Martín Sánchez, Juan Carlos Flores, Andrés Timoteo, Mariana Chávez, Miriam Navarro, René Ramón, René Alberto López, Antonio Heras, Javier Chávez, Saúl Maldonado, Rubicela Morelos, Ernesto Martínez, Javier Valdez y Alfredo Valadez, corre-sponsales)

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México en síntesis Es un servicio informativo para los mexi-canos que radican en el extranjero

A DOS DÉCADAS DEL CAMBIO AL ARTÍCULO 27, 60% DEL EJIDO NA-CIONAL ESTÁ RENTADO A casi dos décadas del cambio al artículo 27 con-stitucional, el cual puso fin al reparto agrario y concedió a ejidatarios y co-muneros la “libertad” de titular sus parce-las para ingresar al mercado de tierras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emigraron ante el bajo ingreso agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más productivos del país, están rentados. Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 mil-lones de hectáreas cada año y se perdi-eron 2 millones de empleos rurales.http://www.jornada.unam.mx/2012/03/12/sociedad/043n1soc

A dos décadas del cambio al artículo 27, 60% del ejido nacional está rentado

MATILDE PÉREZ U. LA JORNADA. Foto José Carlo González...A casi dos décadas del cambio al artícu-lo 27 constitucional, el cual puso fin al reparto agrario y concedió a ejidatarios y comuneros la "libertad" de titular sus parcelas para ingresar al mercado de tier-ras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emi-graron ante el bajo ingreso agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más productivos del país, están rentados.Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.Con el argumento de que era menos cos-toso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandes agronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las im-portaciones.Al inicio de la década de los 90, las im-portaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embar-go, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provi-enen del exterior.Sin los elementos básicos para su desar-rollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas por-ciones en busca de superar su pobreza. Investigadores apuntan que los ingresos

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en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la ac-tualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 mil-lones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.Otro fenómeno que preocupa a los propi-etarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en pro-medio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas para el campo; con la apertura de fronter-as a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja, la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios com-erciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económi-cas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.

Las reformas económicas orientadas ha-cia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acu-erdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajust-es dejaron como saldo que de los 3.5 mil-lones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estruc-tura de la Financiera Rural.Renta de tierras, salida a las aungustias económicasAnte el vacío financiero, varios empe-zaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mis-mo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70 por ciento de los mil 200 núcleos agrari-os están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y ag-roproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.Lo mismo sucede en Michoacán, Mo-relos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatarios "realizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria".En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para op-

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erar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusi-eron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos "risibles". En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio.Presiona la mancha urbanaTambién la mancha urbana presiona a ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hec-táreas de la propiedad social se han uti-lizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estu-dios de Investigación e Innovación Tec-nológica de la Valuación para América Latina.En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fo-mento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un "uso más efici-ente y productivo" para la propiedad so-cial. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pe-sos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad."No implica fomentar la privatización y

venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al sub-aprovechamiento del campo", ha afirma-do Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.En octubre, en una reunión con inver-sionistas mineros en Canadá, Rocendo González Patiño, procurador agrario, de-talló que 70 por ciento del territorio mex-icano es apto para desplegar actividades mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. "La riqueza natural del país puede y debe ser apr-ovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inver-sión y participen de los beneficios que rindan los negocios."El titular de la SRA propuso a los leg-isladores revisar el marco legal agrario para "quitar las camisas de fuerza" que atan las capacidades emprendedoras de los ejidatarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los cambios legales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean con-sideradas como aval por las instituciones financieras.En los hechos, los ejidatarios están de-jando de ser dueños de las tierras.El agro en números● 92 por ciento de los 31 mil 517 ejidos del país se encuentran regularizados● De 1993 a 2006, con el programa de Certificación de derechos ejidales y titu-lación de solares (Procede) fueron certi-ficados 28 mil 757 núcleos agrarios● De 2007 a 2011, con el Fondo de apoyo

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para núcleos agrarios sin regularizar (Fanar) se entregaron documentos que acreditan como dueños a los ejidatarios de 391 núcleos agrarios● El mayor número de núcleos pendien-tes de regularizar se localizan en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla y el estado de México, según la SRA● Hasta 2012 se han entregado 10 mil-lones de documentos agrarios a 4.6 mil-lones de familias campesinas● De 103 millones de hectá-reas de propiedad social se han privatizado 2.5 millones de hectáreas● En diversos foros, los propietarios han exigido que en el valor de sus tierras se consideren los atributos económicos, cul-turales, ambientales y sociales(Con información de Martín Sánchez, Juan Carlos Flores, Andrés Timoteo, Mariana Chávez, Miriam Navarro, René Ramón, René Alberto López, Antonio Heras, Javier Chávez, Saúl Maldonado, Rubicela Morelos, Ernesto Martínez, Javier Valdez y Alfredo Valadez, corre-sponsales).

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FUSIÓN COMUNICACIÓN GLOBALA dos décadas del cambio al artículo 27, 60% del ejido nacional está rentadoFEATURED, NEGOCIOS — BY MO-JEDA ON MARZO 12, 2012 AT 2:06 PMA casi dos décadas del cambio al artícu-lo 27 constitucional, el cual puso fin al reparto agrario y concedió a ejidatarios y comuneros la “libertad” de titular

sus parcelas para ingresar al mercado de tierras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emi-graron ante el bajo ingreso agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más productivos del país, están rentados.

Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.

Con el argumento de que era menos cos-toso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores

de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandes agronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las im-portaciones.

Al inicio de la década de los 90, las im-portaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embar-go, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provi-enen del exterior.

Sin los elementos básicos para su desar-rollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas por-ciones en busca de superar su pobreza. Investigadores apuntan que los ingresos en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.

Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la ac-tualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 mil-lones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.

Otro fenómeno que preocupa a los propi-etarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en pro-medio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas para el campo; con la apertura de fronter-as a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja,

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la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios com-erciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.

A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económi-cas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.

Las reformas económicas orientadas ha-cia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acu-erdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajust-es dejaron como saldo que de los 3.5 mil-lones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estruc-tura de la Financiera Rural.

Renta de tierras, salida a las aungustias económicas

Ante el vacío financiero, varios empe-zaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mis-mo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70

por ciento de los mil 200 núcleos agrari-os están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y ag-roproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.Lo mismo sucede en Michoacán, Mo-relos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatarios “realizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria”.

En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.

Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para op-erar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.

Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusi-eron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.

En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos

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“risibles”. En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio.

Presiona la mancha urbanaTambién la mancha urbana presiona a ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hec-táreas de la propiedad social se han uti-lizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estu-dios de Investigación e Innovación Tec-nológica de la Valuación para América Latina.

En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fo-mento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un “uso más efici-ente y productivo” para la propiedad so-cial. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pe-sos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad.

“No implica fomentar la privatización y venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al subaprovechamiento del campo”, ha afirmado Abelardo Escobar Prieto, titu-lar de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.

En octubre, en una reunión con inver-sionistas mineros en Canadá, Rocendo González Patiño, procurador agrario, de-talló que 70 por ciento del territorio mex-icano es apto para desplegar actividades

mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. “La rique-za natural del país puede y debe ser apr-ovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inver-sión y participen de los beneficios que rindan los negocios”.

El titular de la SRA propuso a los leg-isladores revisar el marco legal agrario para “quitar las camisas de fuerza” que atan las capacidades emprendedoras de los ejidatarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los cambios legales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean con-sideradas como aval por las instituciones financieras.

En los hechos, los ejidatarios están de-jando de ser dueños de las tierras.

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A dos décadas del cambio al artículo 27, 60% del ejido nacional está rentadoSubmitted by webcardenista on Tue, 03/13/2012 - 02:50La lucha por la tierra continúa debemos salvar al ejido.

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A casi dos décadas del cambio al artícu-lo 27 constitucional, el cual puso fin al reparto agrario y concedió a ejidatarios y comuneros la "libertad" de titular sus parcelas para ingresar al mercado de tier-ras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emi-graron ante el bajo ingreso agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más productivos del país, están rentados.

Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.Con el argumento de que era menos cos-toso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandes agronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las im-portaciones.

Al inicio de la década de los 90, las im-portaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embar-go, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provi-enen del exterior.

Sin los elementos básicos para su desar-rollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas por-ciones en busca de superar su pobreza. Investigadores apuntan que los ingresos en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.

Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la ac-tualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 mil-lones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.

Otro fenómeno que preocupa a los propi-etarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en pro-medio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas para el campo; con la apertura de fronter-as a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja, la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios

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perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios com-erciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.

A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económi-cas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.

Las reformas económicas orientadas ha-cia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acu-erdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajust-es dejaron como saldo que de los 3.5 mil-lones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estruc-tura de la Financiera Rural.

Renta de tierras, salida a las aungustias económicasAnte el vacío financiero, varios empe-zaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mis-mo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70 por ciento de los mil 200 núcleos agrari-os están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y ag-roproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.

Lo mismo sucede en Michoacán, Mo-relos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatarios "realizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria".

En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.

Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para op-erar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.

Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusi-eron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.

En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos "risibles". En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio.

Presiona la mancha urbanaTambién la mancha urbana presiona a

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ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hec-táreas de la propiedad social se han uti-lizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estu-dios de Investigación e Innovación Tec-nológica de la Valuación para América Latina.

En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fo-mento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un "uso más efici-ente y productivo" para la propiedad so-cial. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pe-sos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad.

"No implica fomentar la privatización y venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al sub-aprovechamiento del campo", ha afirma-do Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.

En octubre, en una reunión con inver-sionistas mineros en Canadá, Rocendo González Patiño, procurador agrario, de-talló que 70 por ciento del territorio mex-icano es apto para desplegar actividades mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. "La riqueza natural del país puede y debe ser apr-

ovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inver-sión y participen de los beneficios que rindan los negocios."

El titular de la SRA propuso a los leg-isladores revisar el marco legal agrario para "quitar las camisas de fuerza" que atan las capacidades emprendedoras de los ejidatarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los cambios legales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean con-sideradas como aval por las instituciones financieras.

En los hechos, los ejidatarios están de-jando de ser dueños de las tierras.

El agro en números● 92 por ciento de los 31 mil 517 ejidos del país se encuentran regularizados● De 1993 a 2006, con el programa de Certificación de derechos ejidales y titu-lación de solares (Procede) fueron certi-ficados 28 mil 757 núcleos agrarios● De 2007 a 2011, con el Fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar (Fanar) se entregaron documentos que acreditan como dueños a los ejidatarios de 391 núcleos agrarios● El mayor número de núcleos pendien-tes de regularizar se localizan en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla y el estado de México, según la SRA● Hasta 2012 se han entregado 10 mil-lones de documentos agrarios a 4.6 mil-lones de familias campesinas● De 103 millones de hectá-reas de propiedad social se han privatizado 2.5 millones de hectáreas

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● En diversos foros, los propietarios han exigido que en el valor de sus tierras se consideren los atributos económicos, cul-turales, ambientales y sociales

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A dos décadas del cambio al artí¬culo 27, 60% del ejido nacional está rentado

A dos décadas del cambio al artículo 27, 60% del ejido nacional está rentado

Fecha: Mon, 12 Mar 2012 08:18:00 -0600Fuente: Vanguardia: Informacion con valor : Lo Ultimo (México > Hace in-stantes) Por caída del crédito en 80% dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas anu-ales. Migraron 2 millones de campesinos y se perdió la misma cantidad de empleos rurales

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CULTURA | 12/03/2012 - 10:42 AM - TIEMPO DE LECTURA: ENTRE 3 Y 6 MINUTOSContribuyó Jesús Silva Herzog al desar-rollo del México del S. XX

Notimex / ProvinciaMéxico, DF.- Considerado una figura dentro de la historia mexicana del siglo pasado, el economista, diplomático y funcionario público Jesús Silva Herzog también fue un destacado catedrático e investigador que dejó su huella en cerca de 30 libros, más de 200 artículos y un sin número de conferencias.

Recordado a 27 años de su deceso, ocur-rido el 13 de marzo de 1985, Silva Her-zog nació el 14 de noviembre de 1892, y realizó sus primeros estudios en el Semi-nario de San Luis Potosí.

Estallada la Revolución Mexicana (1910), se fue a Nueva York y continuó sus estudios en la Pain Up Town Busi-ness School. En 1914, regresó a San Luis Potosí y colaboró con los periódicos El Demócrata y Redención.

Participó como corresponsal en la Con-vención de Aguascalientes en 1914 acompañando al General Eulalio Gutiér-rez Ortiz. Fue prisionero durante la Rev-olución Mexicana cuando triunfaron los constitucionalistas y salió libre cuatro meses después.

En 1917 fue fundador de la revista Pro-teo y se trasladó a la Ciudad de México. Continuó sus estudios en la Escuela Na-

cional de Altos Estudios, graduándose en Economía, en 1922.

En 1928 fundó la Revista Mexicana de Economía y el Instituto Mexicano de In-vestigaciones Económicas. Presidió el comité del tema petrolero que condujo a la nacionalización del petróleo en Méxi-co durante el mandato del General Láza-ro Cárdenas (1938).

También fue uno de los principales teóri-cos del desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones.

Organizó junto con otros intelectuales mexicanos y latinoamericanos, cen-tros de estudio e investigación donde se abordaban problemas de México en sus aspectos económicos y sociales, sin dejar de lado los de América Latina.

En 1928 fue nombrado embajador de México en la Unión de Repúblicas So-cialistas, lo cual le permitió un acerca-miento al socialismo para poder anali-zarlo.

A partir de ahí se convertiría en uno de los especialistas mexicanos más impor-tantes de la problemática del primer país socialista en el mundo. Fue uno de los primeros en difundir en México el pensa-miento de Carlos Marx y Federico En-gels, entre otros.

En 1932, Silva Herzog fue designado por el ministro Narciso Bassols, oficial may-or de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de Samuel Ramos.

Más tarde fue nombrado Subsecretario de la misma dependencia, donde pudo co-

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laborar para sentar las bases en la confor-mación de aspectos educativos como la realización de estudios y proyectos para la dotación de desayunos escolares a los niños más necesitados de escuelas públi-cas, con el fin de mejorar su rendimiento académico y físico.

De 1945 a 1962 fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Es-tadística de 1944 a 1946 y miembro de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica de 1935 a 1962.

Ingresó como miembro numerario a la Academia Mexicana de la Lengua el 17 de octubre de 1956. En 1962 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, y en 1983 se le otorgó la Medal-la “Belisario Domínguez” del Senado de la República.

Fue un prestigiado catedrático de la Uni-versidad Autónoma Chapingo, Escuela Normal Primaria para profesores, Es-cuela Nacional de Maestros, Escuela Na-cional de Economía, impartiendo clases de inglés, economía política, historia económica y sociología y un importante investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Escribió y publicó alrededor de 30 libros, más de 200 artículos y dictó una gran cantidad de conferencias.

Por orden del Presidente Miguel de la Madrid, su cuerpo fue trasladado a la Rotonda de las Personas Ilustres el 14 de noviembre de 1988.

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A dos décadas del cambio al artículo 27, 60% del ejido nacional está rentado votos Ciudad de México. A casi dos décadas del cambio al artículo 27 constitucional, el cual puso fin al reparto agrario y con-cedió a ejidatarios y comuneros la "liber-tad" de titular sus parcelas para ingresar al mercado de tierras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emigraron ante el bajo ingre-so agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más produc-tivos del país, están rentados.

Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.

Con el argumento de que era menos cos-toso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandesagronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las impor-taciones.

Al inicio de la década de los 90, las im-portaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embar-go, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provi-enen del exterior.

Sin los elementos básicos para su desar-rollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas por-ciones en busca de superar su pobreza.

Investigadores apuntan que los ingresos en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.

Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la ac-tualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 mil-lones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.

Otro fenómeno que preocupa a los propi-etarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en pro-medio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas para el campo; con la apertura de fronter-as a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja, la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios com-erciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.

A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económi-

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cas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.

Las reformas económicas orientadas ha-cia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acu-erdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajust-es dejaron como saldo que de los 3.5 mil-lones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estruc-tura de la Financiera Rural. Renta de tierras, salida a las aungustias económicas

Ante el vacío financiero, varios empe-zaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mis-mo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70 por ciento de los mil 200 núcleos agrari-os están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y ag-roproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.

Lo mismo sucede en Michoacán, Mo-relos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatarios "realizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria".

En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron

sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.

Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para op-erar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.

Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusi-eron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.

En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos "risibles". En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio. Presiona la mancha urbana

También la mancha urbana presiona a ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hec-táreas de la propiedad social se han uti-lizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estu-dios de Investigación e Innovación Tec-nológica de la Valuación para América Latina.

En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fo-

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mento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un "uso más efici-ente y productivo" para la propiedad so-cial. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pe-sos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad.

"No implica fomentar la privatización y venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al sub-aprovechamiento del campo", ha afirma-do Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.

En octubre, en una reunión con inver-sionistas mineros en Canadá, Rocendo González Patiño, procurador agrario, de-talló que 70 por ciento del territorio mex-icano es apto para desplegar actividades mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. "La riqueza natural del país puede y debe ser apr-ovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inver-sión y participen de los beneficios que rindan los negocios".

El titular de la SRA propuso a los leg-isladores revisar el marco legal agrario para "quitar las camisas de fuerza" que atan las capacidades emprendedoras de los ejidatarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los

cambios legales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean con-sideradas como aval por las instituciones financieras.

En los hechos, los ejidatarios están de-jando de ser dueños de las tierras.

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Pide CNDH castigar a culpables de montaje

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, planteó investigar y sancionar a quienes incurrieron en vio-laciones al debido proceso de Florence Cassez para prevenir que se repitan casos con esas características.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plas-cencia Villanueva aseguró que quienes incurrieron en violación al debido pro-ceso de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, deben de ser in-vestigados y sancionados.

De igual manera, el ombudsman nacional ofreció “todo el apoyo institucional” de la CNDH a Ezequiel Elizalde, quien fue plagiado por la banda de Los Zodiaco, a la cual se vincula a la francesa Florence Cassez.

Plascencia Villanueva dijo estar de acu-erdo en que el proceso penal en contra de Cassez sí pudo resultar afectado por irregularidades.

Luego de una reunión privada con Elizal-de, quien presentó una queja ante la CNDH, y con la candidata por el PAN al gobierno de la ciudad de México, Isabel Miranda de Wallace, Plascencia subrayó: “Todas estas fallas que se dieron aquí y los desvíos legales tienen que ser inves-tigados y sancionados de manera clara, como lo establece la propia ley".

“Si ese procedimiento indebido, tal y como lo está señalando el ministro Arturo Zaldívar, se dio, tiene que acompañarse con el deslinde de responsabilidades cor-respondientes, como la mejor manera para prevenir y evitar que se repitan ca-sos de esas características”, señaló.

En conferencia de prensa, se preguntó a Plascencia si consideraba que la violación al debido proceso en el caso de Florence Cassez pudo afectar o dañar la sentencia, y al respecto respondió: “Sí, sin duda af-ecta”.

Se le insistió en que si estaba de acuerdo en que la violación al proceso en el caso de la francesa puede hacerla ver como una delincuente.

“Podría hacerla ver o podría dejarla en libertad también, lo mismo”, contestó el ombudsman nacional.

Insistió en que la CNDH no tiene facul-tades para intervenir en asuntos de carácter jurisdiccional, como en el caso de Cassez en la Corte, pero sí las tiene para brindar-le apoyo a Ezequiel Elizalde como víc-tima, con el objetivo de que pueda tener la certeza de que los procedimientos que se lleven a cabo ante cualquier autoridad administrativa se desahoguen siempre en los términos de la ley.

Plascencia rechazó que esté participando en un acto político ni avala candidatura alguna, en alusión a la reunión con Mi-randa de Wallace.

A su vez, ésta aseguró que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien

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ha propuesto dejar en libertad a Cassez, “está extralimitando su esfera jurídica”.

Dijo que la Corte únicamente debería de “conocer de los artículos constitucionales y nunca meterse en la legalidad, y mucho menos convertirse en juez de primera in-stancia”.

Sostuvo: “Nos parece muy raro el trascen-dido que se hizo de este comunicado. Esto es inusitado, el hecho de que se transmita esto en la página de la Suprema Corte, ese proyecto de la supuesta liberación de Florence Cassez. Con esto, él (el minis-tro Zaldívar) está haciendo exactamente lo mismo de lo cual él adolece dentro del proceso. El hecho de que se sugestionó a toda la población con un video, él está haciendo exactamente lo mismo. Está sugestionando a toda la población, está causando un polémica innecesaria”.

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En Los Cabos, El Chapo se le volvió a escurrir a la PF

Pendiente de fin de sexenioJoaquín El Chapo Guzmán estuvo a pun-to de ser capturado en Los CabosCalderón pretende atraparlo antes de abandonar el poderAutoridades lo ubicaron en una mansión costera hace tres semanas

Periódico La JornadaMartes 13 de marzo de 2012, p. 2Al igual que el fallecido Osama bin Lad-en, el hombre a quien Estados Unidos considera el jefe más poderoso del narco-tráfico al parecer se ha estado ocultando a plena vista.

La Policía federal estuvo cerca de cap-turar a Joaquín El Chapo Guzmán en una mansión costera de Los Cabos hace tres semanas, un día después de que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reunió con decenas de cancilleres en la misma ciudad turística.

José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de investigación especializada en delin-cuencia organizada, confirmó el domingo que estuvieron a punto de capturarlo a fi-nales de febrero. Guzmán es uno de los principales fugitivos del mundo desde que escapó de la cárcel supuestamente en un camión de lavandería, en 2001. Sabe-mos que estuvo ahí, dijo Salinas a Ap.

El incidente refuerza la creciente impre-sión de que las autoridades están cer-rando el cerco sobre Guzmán y que el gobierno del presidente Felipe Calderón

está empeñado en atraparlo antes de que concluya su sexenio, en diciembre.

Calderón no puede ser relegido y su Par-tido Acción Nacional está en desventaja en la intención de voto rumbo a las elec-ciones presidenciales del primero de ju-lio. Muchos mexicanos se dicen cansa-dos de la ofensiva de su gobierno contra el hampa, que ha dejado más de 47 mil muertos durante el gobierno de Calderón, y a Guzmán, más fuerte que nunca. El ar-resto del Chapopodría ser un espaldarazo para el partido gobernante.

Dos hombres y dos mujeres que esta-ban en la casa donde se cree que estuvo Guzmán fueron detenidos y están a dis-posición de la unidad que combate la delincuencia organizada, dijo Salinas. No reveló los nombres, pero dijo que por lo menos uno de los hombres había sido piloto de Guzmán. La policía federal también halló armas en la casa, agregó el subprocurador, pero no dio más detalles.

La incursión fue conducida por las auto-ridades mexicanas. Salinas no dijo si el Departamento Estadunidense Antidro-gas (DEA) tuvo alguna participación. La DEA remitió toda consulta periodística al gobierno mexicano.

Desde su fuga de la prisión, Guzmán, de 54 años, se ha catapultado como el nar-cotraficante más poderoso del mundo, según el Departamento del Tesoro de Es-tados Unidos.

El gobierno de Calderón dice que no in-cluye a los 15 líderes de cárteles en su lista de los más buscados, pero el cártel-de Sinaloa, de Guzmán, controla el nar-

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cotráfico casi en la mitad del país. Gran parte del resto está en manos delcártel de Los Zetas.

Las autoridades policiales estadunidens-es afirman que ningún otrocártel tiene las redes internacionales de distribución de cocaína con que cuenta el de Sinaloa, que también está introduciendo metanfetami-nas en México y Centroamérica. Guzmán aparece anualmente en la lista de Forbes entre los multimillonarios del mundo y la revista también lo ha incluido en la lista de personas más poderosas del orbe.

Se ofrecen 7 millones de dólares de rec-ompensa por su captura en México y Es-tados Unidos, y equipos policiales de am-bos países están dedicados a capturarlo.

Algunas versiones señalan que Guzmán se oculta en la zona montañosa remota de su estado natal de Sinaloa. Otras dicen que se encuentra en diversos sitios, in-cluso en Argentina durante un tiempo. El presidente guatemalteco Otto Pérez Mo-lina dijo tener informes de que Guzmán estuvo recientemente en su país.

Un cable diplomático estadunidense di-fundido por Wikileaks atribuyó al sec-retario de Defensa mexicano, general Guillermo Galván Galván, haber dicho que Guzmán se desplaza frecuentemente entre 10 y 15 sitios para evitar ser arresta-do y que tiene un equipo de seguridad hasta de 300 hombres.

Salinas dijo desconocer si en esta ocasión Guzmán estaba en la casa sólo con otras cuatro personas y sin el esperado séquito de escoltas y equipo de vigilancia, el cual, según se informa, normalmente incluye

helicópteros. El funcionario no dio det-alles sobre la manera en que la operación fue realizada ni lo que los cuatro deteni-dos habrían dicho a las autoridades.

Es información clasificada, manifestóTambién surgen rumorfes con frecuencia de que la policía ha llegado a varias gua-ridas justo cuando Guzmán escapa por la puerta trasera. Las autoridades policiales y militares han informado que estuvi-eron cerca de atraparlo antes, incluso en una incursión en un remoto poblado de Sinaloa donde Guzmán contrajo matri-monio en 2007, apenas horas después de la boda.

Al igual que en otras ocasiones previas, su escape de último momento despierta sospechas de que hubiese sido alertado.

Salinas no dijo cuándo fue que la Policía Federal recibió información acerca de que Guzmán estaba en una de varias sub-divisiones exclusivas de mansiones mul-timillonarias entre la autopista que con-duce a Cabo San Lucas y la playa.

La redada duró varios días, desde el 21 de febrero, justo cuando la ciudad se llenaba de ministros de seguridad y cancilleres antes de una cumbre del G20 que se real-izará en junio también en Los Cabos.

El funcionario tampoco dio a conocer la ubicación exacta de la casa donde se re-alizó el operativo, pero el comandante de policía municipal Alfonso Meza dijo que se ubica en el desarrollo Punta Ballena, con vista al Mar de Cortés. El inmueble aún está acordonado por la Procuraduría General de la República y por la Sub-procuraduría de Investigación Especial-

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izada en Delincuencia Organizada, dijo. Al gobierno de Calderón se le ha acusado de proteger a Guzmán mientras asestaba certeros golpes a sus rivales, como el desmantelamiento de loscárteles de los Arellano Félix y de los Beltrán Leyva y la captura de líderes delcártel del Golfo.Sin embargo, recientemente el gobierno de Calderón ha efectuadooperativos im-portantes contra el cártelde Sinaloa. En los pasados seis meses ha capturado a un importante fabricante de metanfetaminas para Guzmán, a un distribuidor de cocaí-na y al jefe de seguridad del capo, además de confiscar archivos de computadora y otros datos valiosos.

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"El 85" era jefe de "Los Matazetas": Sedena

2012-03-13 • IMPRESOLa institución castrense y la PGR señalar-on que Érick Valencia Salazar era sucesor de "Nacho Coronel", uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y controlaba la lle-gada de "coca" y efedrina procedente de Colombia y China.

El Ejército mexicano identificó a Érick Valencia Salazar, El 85, como líder de los grupos criminales denominados Mataze-tas y cártel de Jalisco Nueva Generación, que pertenecen al cártel de Sinaloa y se encargan de perpetrar ataques contra grupos rivales en Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz. En esta última en-tidad arrojaron 35 cuerpos de presuntos zetas, hecho ocurrido en septiembre de 2011 en Boca del Río.

Según labores de inteligencia, el lideraz-go de ambas organizaciones las asumió tras las detenciones de sus jefes, los her-manos Óscar y Juan Carlos Nava Va-lencia, El Lobo y El Tigre, y a raíz de la muerte del capo Nacho Coronel, en julio 2010.

Las células de Matazetas operan desde julio de 2009 y comenzaron a dejar testi-monio de sus acciones a través de videos que colocaron en blogs electrónicos y en Youtube, donde se observan interrogato-rios y asesinatos de presuntos zetas.En esa fecha la Procuraduría General de la República se declaró oficialmente a través de un mensaje de Ricardo Celso Nájera Herrera, su vocero entonces, en el

sentido de que nadie podía hacerse justi-cia por su propia mano, como pretendía hacerlo dicho grupo criminal.

Respecto de la posibilidad de que los Matazetas fuera un grupo paramilitar, pagado por particulares para perseguir a delincuentes, Nájera aclaró que el Estado mexicano tampoco podía avalar una ac-ción de ese tipo. Sólo se limitó a decir que los criminales pertenecían a una or-ganización de la delincuencia organiza-da, es decir, al cártel de Sinaloa.

La mayor matanza de supuestos zetas se cometió en septiembre de 2011, en Vera-cruz, tres días antes de que funcionarios federales y estatales se reunieran en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En esa ocasión fue abandonada una camioneta de redilas en el principal crucero vial del municipio Boca del Río con 35 cuerpos.

Dos meses antes el cártel de Jalisco Nue-va Generación anunció, a través de otro video en Youtube, su llegada a Veracruz con su grupo de Matazetas.

Operativo de capturaEn conferencia de prensa, el vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sed-ena), Ricardo Trevilla Trejo, anunció que el 9 de marzo las Fuerzas Especiales del Ejército ubicaron en una casa de seguri-dad de Zapopan, Jalisco, a Érick Valencia Salazar.

Entonces hubo un enfrentamiento que de-rivó en una serie de bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en el incendio de al menos 25 vehículos, en un intento de obstaculizar la acción del personal militar.

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Durante la incursión militar, El 85 resultó herido, ya que le explotó una granada de fragmentación que intentó lanzar contra los soldados, situación que le provocó le-siones en una mano.

El segundo al mando de ese grupo delic-tivo, Otoniel Mendoza u Otoniel Rubio Silva, Tony Montana, también detenido en el operativo del 9 de marzo, tuvo he-ridas por las esquirlas del artefacto ex-plosivo. En la acción también se detuvo a José Luis Salazar Gutiérrez Salazar, El Chelis.

Se sabe que Valencia Salazar tenía bajo su control el puerto de Manzanillo, Co-lima, donde coordinaba la recepción de cocaína y efedrina procedentes de Co-lombia y China.

El general señaló que después del de-ceso de Nacho Coronel la estructura de-lictiva del cártel de Sinaloa se fracturó en dos grupos: el primero, denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue encabezado inicialmente por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, con el apoyo de Valencia Salazar. El segundo, denominado La Resistencia, fue dirigido por Elpidio Mojarro Ramírez, El Pilo.

“Estos grupos iniciaron una pugna por el control de las actividades ilícitas en los estados de Jalisco y Colima, logrando el cártel de Jalisco Nueva Generación im-poner su hegemonía, situación ante la cual La Resistencia se alió a Los Zetas, quienes han pretendido incursionar en Jalisco, operando desde el sur del estado de Zacatecas.

“Valencia Salazar dejó de lado a Os-eguera Cervantes y asumió el liderazgo,

realizando acciones para evitar que cé-lulas de la alianza Resistencia-Zetas se asentaran en algunos municipios de Jalis-co; además, tomó el control del trasiego de drogas empleando parte de la ruta del Pacífico, principalmente el puerto de Manzanillo, donde coordinaba la recep-ción de cocaína y efedrina, procedentes de Colombia y China”, explicó el vocero.